En entrevista el lunes la investigadora de Pivotes Bárbara Manríquez afirma del CAE que “su implementación es algo que el país necesitaba”. Con algunas omisiones y datos ad hoc al argumento sugiere además que el alza del último tiempo de la morosidad de deudores del CAE se debe al estímulo que habría producido la promesa de condonación.
Estos juicios tienden a minimizar el lastre económico que el CAE ha significado para más de 1,1 millones de personas y las consecuencias que aún tiene para el gasto público y las economías familiares. Manríquez, ex jefa de asesores del MINEDUC durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, defiende las virtudes de los sistemas de créditos y margina la solución a los deudores del CAE a un asunto de casos focalizados.
En esta columna respondo algunos de los problemas que observo en la interpretación que la investigadora hace de este sistema.
Primero, el supuesto aumento de morosidad derivado de la promesa de condonación. El estudio de Pivotes, al que alude en la entrevista, pone foco en el aumento de la morosidad que coincidente con la elección y el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero omite una evaluación de la serie larga que propone (2017-2023). En la serie más larga el año 2020 representa un período particularmente excepcional. Con motivo de la crisis producida por la pandemia del COVID-19 la Comisión Ingresa habilitó un proceso extraordinario de reprogramación. Según su cuenta pública, cerca de 25 mil deudoras y deudores morosos regularizaron sus cuadros de pago a partir de este proceso. Ello implicó un incremento en el número de personas al día ese año, mientras que en los años posteriores lo que ocurre más bien es que el patrón de crecimiento de la morosidad retoma la tendencia previamente acumulada.
Además, el cálculo del grupo de deudores en mora que realiza la autora refleja valores superiores a los señalados por Comisión Ingresa, organismo encargado del registro. Para definir a una persona como “morosa”, ésta debe adeudar un número de cuotas igual o superior a tres. La más reciente cuenta pública de Ingresa daba cuenta de un 54,3% de morosidad al término del año 2022. Sin embargo, en el reporte de Pivotes las series temporales registradas reflejan valores superiores (57%). En el informe no se explicitan las decisiones metodológicas, pero puede desprenderse que en su cálculo están considerando como morosos deudores que no cumplen con el criterio oficial, error metodológico que no puede ser soslayado.
El objetivo del informe de Pivotes es establecer una relación de causalidad, directa y unidireccional, entre el incremento de la morosidad en el pago del CAE y el compromiso programático del actual Gobierno de avanzar hacia una política de condonación de las deudas educativas y la introducción de instrumentos que reemplace los actuales créditos, entre ellos el CAE. Sin embargo, si se considera en ese aumento la morosidad en una o dos cuotas se omite la multiplicidad de factores y fluctuaciones de corto plazo que llevan a las personas a dejar de pagar dichas cuotas. Del mismo modo, al recortar la mirada al periodo desde la elección del presidente Boric, lo que en la entrevista –y su estudio de base– se muestra como un aumento causado por la propuesta programática, mirado en la serie más larga, es más bien la recuperación de una pauta problemática que viene de antes: un alza sistemática de la morosidad total del sistema que requiere ser enfrentada.
Adicionalmente, en la entrevista se presentan argumentos en favor de sostener el sistema de créditos universitarios y limitar las soluciones a “casos justificados” de morosidad. Para ello se alude al “premio salarial bastante alto” de los egresados universitarios, la injusticia de un sistema de condonación universal y el asunto del costo alternativo de enfocarse en educación inicial o escolar. Cada uno de estos son argumentos usados habitualmente para actualizar los créditos como solución única a las necesidades de financiamiento de la educación superior.
Por un lado, si bien existe una discusión académica que permite afirmar el beneficio económico de los estudios superiores, en Chile existe un progresivo deterioro del premio salarial al que alude la entrevistada. Comparando los datos de las encuestas CASEN 2006 (primer año de operación del CAE) y 2022, en pesos de diciembre de 2022, la distancia entre los ingresos promedio de la ocupación principal entre quienes poseen educación superior completa y quienes nunca pasaron por la educación superior ha disminuido de $865.418 a $660.907. Si se observa a quienes poseen estudios incompletos, su distancia respecto a quienes nunca cursaron estudios superiores ha disminuido de $178.258 a $118.816. En dicho contexto, seguir justificando el endeudamiento como mecanismo es profundizar el error de base con que se funda el CAE, asumir estable los réditos económicos de los estudios superiores.
Luego, el juicio de injusticia de una idea de condonación universal lo aplica y extiende a cualquier fórmula de condonación o reparación a las y los deudores. Las autoridades han insistido en la necesidad de modernizar el financiamiento como eje de la propuesta, aparejada de una política de reparación justa de las consecuencias de los créditos, que considera tanto el comportamiento de pago como las condiciones complejas de morosidad. Existe una discusión pública abierta sobre las alternativas –desde Nodo XXI hemos participado de ella durante años– que reconoce en la condonación un asunto de justicia, que asociado a una nueva política de financiamiento de la educación superior puede ser sustentables en el tiempo y más eficiente que un sistema de de crédito que se ha demostrados muy costoso para el fisco y las familias. .
Por último, el paralelo que se hace con el gasto en educación Escolar e Inicial resulta inoportuno en contexto de la propuesta presupuestaria que inicia su trámite. Si se revisa la propuesta el foco de la gestión en educación está puesto precisamente en abordar los desafíos de reactivación y apoyo a los niveles básico e inicial. En ningún caso la solución a los problemas derivados del CAE se han contrapuesto a las necesidades en esos niveles.
En definitiva, una mirada de más largo plazo hace imprescindible reconocer que la morosidad posee una raíz estructural, fruto del mal diseño original del sistema de créditos y que este fue uno de los principales resultados no previstos del CAE. Usar series recortadas y ajustadas a favor de argumentos para sostener el endeudamiento por estudiar no ayuda a encontrar una solución. Es necesario abrir diálogo sobre la necesidad de modernizar el sistema de financiamiento de educación superior y de paso buscar alternativas de reparación a los perjuicios derivados de los mecanismos que permitieron expandir la educación superior en décadas pasadas. El financiamiento mediante créditos si bien abrió oportunidades de estudios para amplios sectores de la sociedad, ello no demuestra su justicia ni que la deuda sea la única vía posible para ampliar esas oportunidades. Con el tiempo se ha demostrado que no era la única alternativa y sus consecuencias costosas para el Estado y las familias. Aquello más que algo que “necesitaba el país” –como se plantea en la entrevista— fue un error, que requiere de solución.
Columna de Fabián Guajardo publica en el Desconcierto
