El país y el mundo viven presiones económicas y sociales impensadas hace algún tiempo, en un contexto donde no parecen haberse desarrollado fórmulas exitosas para sortear ésta crisis con el menor daño posible a las personas. Hasta ahora las propuestas del gobierno en materia de ingresos son insuficientes y potencialmente dañinas, en tanto profundizan las desigualdades sociales en favor de quienes tienen un trabajo remunerado en modalidad de empleo, en detrimento de quienes trabajan de forma independiente, informal o sin remuneración.
Soluciones menores se han propuesto para quienes están indicados como vulnerables en los registros del Estado: bono de cincuenta mil pesos entregado una sola vez. En esta columna argumentamos que un Ingreso Básico de Emergencia es una solución adecuada y viable para atenuar las dificultades que vivirán los distintos sectores de la población, dificultades que además, están marcadas por la desigualdad.
El virus, en principio, no discrimina. El sistema de salud, las formas de trabajo, el género, el territorio donde se habita y las prioridades del gobierno sí lo hacen. Paralelo a los efectos nocivos sobre la salud que puede tener de forma directa el COVID-19, bien sabido es que la pandemia a la que se enfrenta el mundo en la actualidad tendrá efectos recesivos sobre la economía.
El shock social y económico que se avecina debe ser distribuido equitativamente, evitando que los más desaventajados paguen los mayores costos. Una forma bien documentada para hacer frente a este shock es el ingreso básico. Este ingreso consiste en transferencias directas, sin condiciones y periódicas del Estado a las personas.
Si bien el ingreso básico suele considerarse en su versión universal, de manera que se implemente con una periodicidad indefinida, también se puede considerar en su variante de emergencia donde se define un periodo temporal. Los potenciales efectos positivos de esta política que han sido documentados son muchos, provee una línea de flotación a las personas para subsistir, disminuye la desigualdad de ingresos entre las distintas formas de trabajo, así como entre hombres y mujeres, de forma que indirectamente contribuye a disminuir la violencia económica de género, se facilita la realización de proyectos de más largo aliento para las personas evitando la carga asociada a subsistir en la inmediatez, entre varios otros.
Además, con esta política no se requiere de mayor tiempo para diseñar sistemas complejos con los criterios para recibir estos recursos, así como se minimiza el sesgo de cobertura (cuando los recursos no le llegan a quienes los necesitan) y el sistema bancario nacional hace viable logísticamente realizar estas transferencias sin mediar dinero en efectivo. Solo con un ingreso básico de emergencia será seguro que todos quienes necesitan ayuda la reciban, así como contribuirá a la demanda dándole a los ciudadanos la posibilidad directa de contribuir a las empresas que consideren útiles o relevantes.
La actual pandemia por Covid-19 ha puesto en jaque el modelo económico de Chile. Hay una gigantesca incertidumbre respecto a la evolución futura de la pandemia y la solución de un Ingreso Básico Universal se hace cada vez más atractiva.
Muchos economistas han sido tradicionalmente reticentes a sistemas de ingreso básico por varias razones. La primera es que cuesta mucho dinero. La segunda es que al recibirla todo el mundo, se dispersan recursos, en vez de concentrarse en los que más lo necesitan. La tercera es que puede generar incentivos perversos: que la gente “prefiera” por el mismo precio dejar de trabajar o de buscar trabajo[1].
Sin embargo, nos encontramos en circunstancias absolutamente excepcionales. Miles de personas van a perder su empleo en Chile. Hay sectores que son particularmente vulnerables, como los independientes, el empleo doméstico o los trabajadores temporales.
Hasta ahora las propuestas del gobierno en materia de ingresos son insuficientes y potencialmente dañinas, en tanto profundizan las desigualdades sociales en favor de quienes tienen un trabajo remunerado en modalidad de empleo, en detrimento de quienes trabajan de forma independiente, informal o sin remuneración.
Primero: ¿Cuánto saldría un Ingreso Básico de Emergencia?
Hay 3 puntos a considerar: monto, población y duración.
El monto propuesto acá es mensualmente la línea de la pobreza por persona equivalente a $167.973.
La población a considerar es una propuesta universal que abarca a todos los mayores de 18 años en Chile (14,6 millones de personas).
La duración del Ingreso Básico de Emergencia es de 4 meses.
El total de un Ingreso Básico Universal de emergencia para 14,6 millones de personas por 4 meses sería de:
14.600.000 x 167.973 x 4 = 12 mil millones de dólares = 4% PIB[2]
Para poder financiar este IBE existen múltiples propuestas. Dentro de la conversación me gustaría rescatar distintas ideas que se han hecho en Chile estos últimos años[3]:
Este impuesto afectaría al total de la riqueza de estos individuos, incluyendo activos financieros y reales, que se encuentren en Chile o en el extranjero. Esto dejaría claramente a la clase media y a individuos propietarios de Pymes fuera del rango de este impuesto. Solo afectaría a los súper ricos y no tendría efecto alguno sobre el capital de las micro y pequeñas empresas que, en la medida que su acceso al mercado de capitales es restringido, dependen directamente del capital de sus dueños para su inversión. El Boston Consulting Group estima que hay alrededor de 4.000 hogares en Chile que poseen fortunas liquidas superiores a US$5 millones, esto es un 0,8% del número total de hogares en el país.
De acuerdo a estudios recientes, la riqueza total, incluyendo activos líquidos, financieros y reales, de los 31 grupos económicos más poderosos habría alcanzado en 2019 a US$490 mil millones.
Esto implicaría que la recaudación potencial de un impuesto patrimonial de 2% que afecte a las 4 mil familias más ricas puede llegar a US$12.000 millones anuales. Asumiendo que el 25% de esta fortuna esta manejada off shore y que se escapa totalmente del impuesto, todavía sería posible recaudar alrededor de US$9.000. Si a la elusión por off shore trusts le agregamos otras figuras legales elusivas la recaudación seria aún menor. Todo esto significa que de manera conservadora podríamos esperar una recaudación anual en el rango entre US$4.500 y US$6 mil millones por concepto de este impuesto, o sea por si solo recaudaría más del 80% de lo que recauda la reforma tributaria que ha implementado el presente gobierno.
Esto generaría un aumento de ingresos esperados del orden de los 6.000 millones de dólares lo que equivale a 2% del PIB.
Por otro lado, hoy existe una rebaja tributaria a los intereses de las deudas de las empresas, la que aplica al 100% de los intereses pagados. Las propuestas en esta área corresponden a:
Esto generaría un aumento de ingresos esperados del orden de los 1.000 millones de dólares (0,3% del PIB). Dada la complejidad de estimar el impacto de la segunda medida descrita, este monto sólo considera el impacto de la primera medida.
Esto generaría un aumento de ingresos esperados del orden de los U$ 1.000 millones de dólares (0,3% del PIB). En términos agregados, la propuesta descrita corresponde a una expansión del gasto e ingresos fiscales en torno a los 12.300 millones de dólares, un 4% del PIB, lo que nos acercará al promedio del tamaño del Estado en los países de la OCDE (34%).
Una política de ingreso básico de este tipo ofrece ventajas fundamentales: contribuye a reducir las dificultades económicas de las personas, a la vez que hace más equitativa la distribución de estas al no discriminar a quienes se encuentran más desaventajados. Se podría activar de forma casi automática, cubriría a todos los que lo necesitan y ahorraría miles de horas de trámites y burocracia. Ahora la inmediatez es esencial y un esquema como el propuesto aquí es suficientemente sencillo como para implementarse rápidamente. Por eso, un ingreso básico de emergencia debería considerarse muy seriamente frente a la crisis actual. Es hora de enfrentar la pandemia con soluciones reales, que pongan por delante el bienestar de las personas con un horizonte de justicia social.
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