Tras más de una década de masivas movilizaciones sociales desoídas una y otra vez por una política estrecha y restrictiva, el movimiento popular ha logrado desde las calles -y a contrapelo de la política constituida- abrir un proceso constituyente para comenzar a construir su propia historia. Se trata de una oportunidad de dejar atrás el pacto transicional que aseguró la continuidad del orden político, social y económico impuesto a sangre y fuego por el régimen dictatorial. Es la posibilidad de constituir un verdadero pacto social, abriendo la política a los sectores sociales hasta ahora excluidos de una democracia subordinada a los intereses empresariales.

Esta tarea requiere asumir de manera sustantiva los desafíos del proceso constituyente. Éste no se limita al reemplazo de una ley constitucional por otra, sino que requiere la configuración de una nueva Constitución en sentido material. De un nuevo orden político concreto, que deje atrás los “30 años” de continuidad con el proyecto dictatorial contra los que se alzó la sociedad.

Cuando la protesta popular levantó la bandera de una Nueva Constitución no sólo apuntó a la ilegitimidad de origen del texto constitucional del 80, sino que se alzó contra un modelo que con porfía ha resistido por décadas las demandas de ampliación de derechos de una ciudadanía cada vez más activa. Un modelo que se expresa en un orden económico neoliberal, una “democracia protegida” y un orden social restringido.

Estos elementos que conforman la constitución material de la dictadura y que han permanecido incólumes pese a sucesivas reformas a la ley constitucional -afirmando el gatopardismo constitucional-, no se encuentran exclusivamente en el texto constitucional. Se sostienen también en la legislación, en una interpretación constitucional originalista y, especialmente, en la hegemonía ideológica sobre la política post dictatorial. Paradigmático es el caso del principio de subsidiariedad, que determina la forma del estado chileno en el neoliberalismo avanzado. A pesar de no contar con un reconocimiento textual en la ley constitucional, este principio se ha constituido como límite a la demanda por derechos sociales universales y ha justificado la acumulación privada con subsidio estatal.

Por ello, contra las voces que claman por una constitución mínima, un proceso constituyente que apunte a resolver el conflicto social y político que ha desbordado a la política de la transición, no puede restringirse al ejercicio formal de limitar el poder, sino que debe dar agencia política a los sectores sociales que han estado excluidos de la construcción del estado. Se trata de dar cauce al proceso de constitución del nuevo pueblo que ha emergido en octubre. Un nuevo pueblo que no busca el cambio de una burocracia por otra, sino comenzar a tomar las riendas de su propia historia.

El desafío, entonces, es avanzar en las tareas del proceso constituyente, en la perspectiva de comenzar a abrir la superación del neoliberalismo. Soslayar este debate con la tesis de una constitución de mínimos, no equivale a un ajuste realista a las condiciones políticas, sino a una constricción a priori de la deliberación racional, de la legítima confrontación democrática de ideas y del procesamiento inclusivo de una heterogeneidad amplia de intereses sociales.

Esto exige incorporar una perspectiva de cambios que no puede eludir la oposición.

En Chile implica plantearse, por ejemplo, tal discusión como una oportunidad para superar las ataduras institucionales a un crecimiento basado en la renta de recursos naturales, que favorece una situación oligopólica de concentración aguda del patrimonio, los ingresos y las oportunidades. Un patrón de crecimiento que, además, avisa hace varios años que no retornará a las tasas de expansión excepcionales de los años noventa cuyas ventajas ya se esfumaron.

No sólo se trata de la economía, sino también de las instituciones que la dirigen y las orientaciones prevalecientes en ellas, convenientemente vedadas al escrutinio ciudadano -a través de instancias estatales no electivas como el Banco Central- y a la deliberación pública -al calificarse como debates de “expertos” que se presentan como carentes de intereses particulares-. Ello naturaliza enfoques ortodoxamente monetaristas como los únicos posibles, es decir, prolongan esta modalidad de crecimiento como la única forma de aspirar al progreso.

La autonomía de los Bancos Centrales ya comenzó a discutirse en Europa y en los propios Estados Unidos. La crisis económica anterior fue eminentemente financiera y puso en evidencia el descontrol de este sistema, involucrando caros salvatajes estatales. Esta vez, el sistema financiero tensionado desde afuera, por una crisis sanitaria, vuelve a ponerse a prueba. En este sentido, poner en discusión tal autonomía (que lo hace susceptible de captura por intereses empresariales) involucra la construcción de una regulación democrática no sólo de los Bancos Centrales, sino en general de los mercados financieros, incluidos controles más estrictos a los créditos.

Los cambios más exigidos apuntan a derechos y protección social, algo de lo que en la izquierda sabemos más, así como a libertades individuales que demandan una nueva relación entre Estado e individuo, una discusión que empieza a abordar especialmente el feminismo. Todo esto requiere pensar en la sustentabilidad material de tales avances sociales. De ahí la necesidad de plantearse el problema del crecimiento bajo un ideal de transformación productiva del actual patrón basado en un rentismo de exportación de recursos naturales, que ya resulta agotado tanto en términos económicos (estancamiento del crecimiento, caída de la productividad del trabajo) como sociales (desigualdad persistente) y, finalmente, de legitimidad política. O sea, una transformación productiva para replantear el problema del crecimiento.

No se puede volver a viejas ensoñaciones con un proteccionismo como vía de empujar un brote industrial, ante una internacionalización económica que no existía en el siglo XX, cuando aquellas políticas tuvieron lugar. Esto obliga a pensar una mayor capacidad de fomento e innovación estatal, a la vez que una mayor participación de la sociedad civil, a través de cooperativas y otras formas comunitarias que obligan a ampliar las formas de propiedad. Todo ello, en la dirección de una reinserción de la economía local en el concierto mundial. En definitiva, se trata de transformaciones capaces de inaugurar una salida real al neoliberalismo.

El dilema del carácter de la oposición, de cuál es la unidad posible, remite, tal como lo hace el propio desafío del proceso constituyente, a empalmar los horizontes de cambio que estallaron tan vívidamente en octubre, con el hecho cada vez más difícil de esconder, de que la crisis sanitaria acelera unos problemas que el neoliberalismo ya tenía. Renunciar a ello en nombre de un supuesto realismo, más bien debilita la democracia, porque legitima la constricción -y no la amplitud- de la discusión constituyente. Una amplitud que, por cierto, no pone en duda el respeto a los resultados que de tal proceso emanen. Por el contrario, una restricción del debate a priori, sí puede poner en riesgo la legitimidad de los resultados y, con ello, a su desconocimiento por parte del malestar popular.

Como todo proceso histórico, no está exento de riesgos. Se trata de una disputa abierta que sólo puede resolverse favorablemente con un decidido protagonismo popular. En este camino, los sectores reaccionarios no sólo estarán tras la bandera del “rechazo”, sino también entrarán a la disputa por el carácter de la convención constitucional, apostando a despojar el proceso de su potencial transformador. Con ello, no sólo se desaprovecharía una oportunidad de cambios, sino que se defraudaría a una sociedad que ha pujado por entrar a formar parte de lo público, ya no sólo como individuo que acredita puntos frente a un formulario, sino como sujeto político.

Por Carlos Ruiz y Javiera Toro

Publica The Clinic