Se ha planteado reiteradamente la existencia de un dilema entre crisis sanitaria y reactivación económica. Además, se le reviste de un inevitable sentido excluyente y, de ello se desprenderían -caricaturas políticas de por medio- direcciones opuestas desde las cuales ejercer el papel de oposición, a saber, el apoyo irrestricto al gobierno o la hostilidad permanente. Esto no es así y la imaginación que hoy urge movilizar, no tiene por qué sucumbir a tal reduccionismo. Se trata de divisar, en las actuales condiciones, una relación entre el carácter de la oposición, las tareas del proceso constituyente y la propia perspectiva de avanzar en la salida del neoliberalismo.

Lejos de un dilema excluyente entre vida y economía, tal como señala la CEPAL, la extensión de la pandemia apunta a los sectores más pobres, haciendo más incontrolable su desarrollo bajo la precariedad de las condiciones económicas y sociales de vida allí existentes, y las limitaciones de la acción estatal para llegar a esos sectores. Asumir en términos no contradictorios este dilema implica, por ello, concebir la reactivación económica en una dirección de mayor integración social y económica, fortaleciendo las capacidades de lucha por la vida en esos sectores y, en definitiva, en la mayoría de la sociedad, en lugar de apuntalar los patrones hoy vigentes de acumulación de la riqueza, consabidamente excluyentes.

Esto exige incorporar una perspectiva de cambios que no puede eludir la oposición. La democracia requiere de una oposición activa (lo que no equivale a porfiada obstrucción ni acomodo a la crítica y la denuncia pasiva) que obligue a la eficacia gubernamental, en especial sobre los sectores populares. Ahí la oposición tiene una responsabilidad. Gobierno y oposición son un binomio ineludible de toda democracia. Renunciar a ello en nombre de una socorrida “unidad nacional” más bien debilita a la democracia, redunda en una dirección autoritaria para las cuales las crisis de diversa índole suelen invocarse como justificación, muestras de ello abundan en la historia.

En Chile -a diferencia de otros países, como debates y planes que se abren paso en Alemania u Holanda- implica plantearse esta situación como una oportunidad para superar las ataduras económicas e institucionales a un crecimiento basado en la renta de recursos naturales, que favorece una situación oligopólica de concentración aguda del patrimonio, los ingresos y las oportunidades. Un patrón de crecimiento que, además, avisa hace varios años que no retornará a las tasas de expansión excepcionales de los años noventa cuyas ventajas ya se esfumaron.

En términos de las expectativas de cambio que asomaron con fuerza con anterioridad a la pandemia, esto significa también empalmar esos horizontes de transformación con la ineludible atención a las connotaciones vitales que adquiere la crisis sanitaria, volcando así las energías de la movilización y las redes de solidaridad tejidas en el estallido, a proteger la salud y las condiciones materiales de la población.

No sólo se trata de la economía, sino también de las instituciones que la dirigen y las orientaciones prevalecientes en ellas. Los enfoques ortodoxamente monetaristas o bien la carencia de brazos estatales para actuar en contextos como éstos han producido una dependencia de la banca privada para discriminar sobre la aplicación de fondos estatales de urgencia, lo que llama a reformas estructurales, pero también institucionales. La discusión debe correr en ambas dimensiones, priorizando las urgencias de la actual lucha por la vida. En especial, apalancar la capacidad de demanda en los grupos más vulnerables, implica saltar rigideces como la dependencia estatal de la banca privada, para universalizar el acceso a los planes de contingencia, superar un Estado amputado.

Chile detenta una informalidad laboral que bordea el 30% y un elevado endeudamiento, una mezcla que debilita la capacidad de las economías familiares más precarias para enfrentar la alerta sanitaria. Encarar la pandemia en Chile exige abordar las condiciones de trabajo y de endeudamiento. Grandes mayorías viven atadas a trabajos informales, sin contrato, previsión, cotizaciones en la seguridad social ni salarios estables, de ingresos diarios o por magros lapsos de tiempo. A su vez, gran parte de la población está endeudada. En 2019 el INE cifraba en casi 2 millones a los trabajadores por cuenta propia entre independientes, a honorarios e informales. El Banco de Chile estima que los giros de crédito trepan a casi un 80% del PIB, mientras el Banco Central advertía en 2019 que el endeudamiento escala a un 75% de los ingresos familiares en promedio. En suma, ni la realidad laboral ni el endeudamiento traen buenos augurios económicos para apuntalar el esfuerzo que suponen las medidas sanitarias de la lucha contra la pandemia.

El aislamiento social es una medida de lujo que no está al alcance de muchas economías familiares, cuya subsistencia depende de su exposición diaria en las calles. Ello alimenta la escalada social. La interrupción del trabajo significa empobrecimiento, a la vez que aumento de los riesgos sanitarios.

Si el impacto económico recae sobre aquellos cuyos ingresos son los más afectados con las medidas de distanciamiento social y la paralización de actividades económicas, el incumplimiento de obligaciones con el sistema financiero será inevitable. Esto exige flexibilizar con urgencia las políticas de bancos y entidades financieras sobre créditos de consumo, hipotecarios y comerciales a personas y micro y pequeñas empresas. La banca y las entidades del mercado financiero tienen que colaborar ante tales efectos de la pandemia, en especial, sobre la capacidad de las economías familiares más precarias para resistir este tiempo menos productivo. Varios gobiernos actúan sobre estas obligaciones financieras para morigerar los efectos económicos de la pandemia. Sin ir muy lejos, en Argentina congelan las cuotas de créditos hipotecarios y amplían plazos de los arriendos. Algo similar hacen en Alemania, Francia, El Salvador o Bolivia.

La OIT advierte que la crisis económica y laboral acarreada por la pandemia llevará el desempleo mundial a casi 25 millones de personas. No es sólo la cantidad de empleos (o sea, desempleo y subempleo), sino su calidad (léase salarios y acceso a protección social) y sus efectos en grupos más vulnerables. El impacto en América Latina caerá sobre pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes e informales. Para la CEPAL, la pobreza crecerá de 185,9 a 219,1 millones y la extrema pobreza de los 67,5 a los 90,7 millones. Ante este impacto social, muchos gobiernos suspenden el pago de consumos básicos e impuestos, prorrogan deudas hipotecarias y de préstamos a la mediana y pequeña empresa.

En Chile, en condiciones de sobreexposición al crédito, este tipo de medidas cobran mayor urgencia. Flexibilizar las políticas de entidades financieras y bancos sobre los dividendos de créditos hipotecarios, cuotas de créditos de consumo o deudas por tarjetas de crédito, demandas sobre morosidades, cobros de intereses o exigencias que no pueden cumplir personas y pequeñas y medianas empresas que acarrean problemas económicos desde antes de la pandemia, es un asunto tanto de economía como de vida. La pandemia suma una imprevista onerosidad para los deudores, en especial, para los que no tienen un empleo estable o están desempleados y tienen que seguir normas sanitarias de cuarentena sin que el Estado les proporcione protección y apoyo suficiente.

Flexibilizar las normas para el financiamiento de estudios de educación superior y los fondos de crédito universitario, suspender el pago de servicios básicos, como cuentas de agua potable, electricidad, gas, telefonía e internet, suprimir desalojos forzosos por atrasos en rentas de arriendo o deudas de personas y pequeñas y medianas empresas, más que alivio para las economías familiares más precarias, son la posibilidad de sobrevivir en esta situación de cuarentenas, toques de queda y cierre de servicios.

Sólo la entrega de ingresos de emergencia permitirá a las economías familiares más precarias cumplir con las exigencias sanitarias. El patrón de desigualdad chileno se caracterizaba hasta ahora principalmente por la concentración la riqueza, no por una pobreza que tendió a disminuir. Pero, ahora la distancia puede aumentar en ambas direcciones, pues la bancarización privada excluye a los sectores más pobres y a la vez eleva lucros en grupos más pudientes, involucrando un subsidio estatal a la ganancia propio de este régimen de capitalismo de servicio público. Con la pandemia pueden crecer tanto la desigualdad, como la pobreza y la concentración de la riqueza, fenómenos que no necesariamente ocurren a la vez, pero esta vez pueden hacerlo, según la forma en que se apliquen las políticas estatales de contingencia.

De ahí el imperativo del carácter activo de una oposición de izquierda capaz de retomar los horizontes de cambio que asomaron con el estallido, y que hoy deben resituarse -no abandonarse- en el contexto de lucha por la vida bajo la amenaza de esta pandemia. Tal conexión resulta clave para salir fortalecidos de esta crisis y no sucumbir al falso dilema entre colaboración y obstruccionismo, y de ese modo retomar una agenda de cambios que apunte a la aspiración de constitucionalizar la superación del neoliberalismo.

Entre las transformaciones institucionales se cuenta un cambio de la arquitectura financiera. La autonomía de los Bancos Centrales ya comenzó a discutirse en Europa y los propios Estados Unidos. La crisis económica anterior fue eminentemente financiera y puso a la vista el descontrol de este sistema, involucrando caros salvatajes estatales. Esta vez, el sistema financiero es tensionado desde afuera, por una crisis sanitaria; pero vuelve a ponerse a prueba. En este sentido, terminar con tal autonomía del escrutinio ciudadano (que lo hace susceptible de captura por intereses empresariales) involucra la construcción de una regulación democrática no solo de los Bancos Centrales, sino en general de los mercados financieros, incluidos controles más estrictos a los créditos.

Los cambios más exigidos apuntan a derechos y protección social, algo de lo que en la izquierda sabemos más, así como a libertades individuales que demandan una nueva relación entre Estado e individuo, una discusión que empieza a abordar especialmente el feminismo. Todo esto requiere pensar en la sustentabilidad material de tales avances sociales. De ahí la necesidad de plantearse el problema del crecimiento bajo un ideal de transformación productiva del actual patrón basado en un rentismo de exportación de recursos naturales, que ya resulta agotado tanto en términos económicos (estancamiento del crecimiento, caída de la productividad del trabajo) como sociales (desigualdad persistente) y, finalmente, de legitimidad política. O sea, una transformación productiva para replantear el problema del crecimiento.

No se puede volver a viejas ensoñaciones con un proteccionismo como vía de empujar un brote industrial, ante una internacionalización económica que no existía en el siglo XX, cuando aquellas políticas tuvieron lugar. Esto obliga a pensar una mayor capacidad de fomento e innovación estatal, a la vez que una mayor participación de la sociedad civil, a través de cooperativas y otras formas comunitarias que obligan a ampliar las formas de propiedad. Todo ello, en la dirección de una reinserción de la economía local en el concierto mundial. En definitiva, se trata de transformaciones capaces de inaugurar una salida real al neoliberalismo.

El dilema del carácter de la oposición, de cuál es la unidad posible remite, tal como lo hace el propio desafío del proceso constituyente, a empalmar los horizontes de cambio que estallaron tan vívidamente en octubre, con el hecho cada vez más difícil de esconder, que la crisis sanitaria acelera unos problemas que el neoliberalismo ya tenía. De ahí la premura por salir del falso dilema obstruccionismo-colaboración, y recuperar la perspectiva de cambios en estas condiciones, uniendo la lucha por la vida y el horizonte de superación del neoliberalismo.