Gracia Barrios (1927-), Para Carmen Gloria, 1986. Colección del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

 
 
A 33 años de la muerte de los hermanos Vergara Toledo y de Paulina Aguirre, parte de los crímenes de lesa humanidad más cruentos de la dictadura que aún buscan justicia, el Equipo de Derechos de la Fundación Nodo XXI propone un balance de las políticas adoptadas en materia de derechos humanos durante el gobierno anterior, ello a trasluz de sus últimas y mediáticas gestiones -tan parafernálicas como infructuosas-, así como en el crecimiento de un «sentido común» contra los derechos humanos que emerge desde la derecha «popular» ante estas acciones en falso del progresismo. «Mientras los crímenes más atroces del pasado continúen impunes, se perpetúa una cultura de la impunidad que inevitablemente relativiza prácticas actuales como abuso de poder, torturas o criminalización del movimiento social«.
 
Agregamos el texto completo de esta columna a continuación:

 
 
Durante los últimos días del gobierno de la Nueva Mayoría se realizaron dos acciones en un intento por terminar la administración abordando parte de la tremenda deuda que tiene Chile en el ámbito de verdad, justicia y reparación. Ambas acciones han causado un gran revuelo a nivel nacional y la discusión al respecto se ha centrado exageradamente en los actos y desencuentros entre los distintos actores políticos intervinientes. Para sacar en limpio algo de estos eventos es necesario revisarlos al detalle y por sobre todo ponerlos en un contexto político más amplio para poder proyectar los escenarios que abren.
 
La primera de estas acciones, el cierre del penal Punta Peuco, no llegó siquiera a materializarse por razones que tienen que ver más con la falta de voluntad política que cualquier otra cosa y que veremos más adelante. La segunda es una denuncia genérica ingresada por la ex-subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes al Poder Judicial, por los más de 30.000 casos de tortura reconocidos por las comisiones Valech I y II. Esta acción, que en principio parece abrir un camino para lograr justicia y cuyo éxito nos parece deseable, tiene varios problemas que dejan incerteza sobre su seriedad y eficacia.
 
En primer lugar, la denuncia mencionada fue realizada en el último día de la administración y no consideró la voz de las y los sobrevivientes reunidos en las organizaciones de ex-prisioneras y ex-prisioneros políticos y familiares. Es más, la misma Lorena Fríes argumentó al medio “El País” de España que la acción fue realizada a último momento por supuestas “dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura”, incumpliendo de esta forma un principio básico de la justicia transicional: considerar a las víctimas en cada una de las acciones que tome el Estado, aun cuando éstas sean en su favor.
 
Es necesario mencionar que cualquier persona puede denunciar violaciones a los Derechos Humanos al Poder Judicial. Esta medida se encuentra como una posibilidad desde hace varios años y pudo haberse realizado desde los años 2004 y 2010, oportunidades en que el Estado, a través de las Comisiones de Verdad sobre prisión política y tortura (Valech I y II), reconoció la práctica sistemática de la tortura durante la Dictadura militar. Las condiciones para realizar una acción como esa, que implica abrir de manera responsable más de treinta mil investigaciones, aún no existen ni han sido propiciadas por los distintos gobiernos desde esas fechas. Es preocupante el considerar que actualmente no se cuenta con recursos y personal suficiente para investigar los más de treinta mil crímenes, y sancionar a los responsables con todos los resguardos necesarios para alcanzar verdadera justicia. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos que en primer lugar la Unidad del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su competencia, no presta asistencia legal y social a las víctimas de prisión política y tortura, es decir, el Estado no puede proveerlos de abogados querellantes; en segundo lugar, la base de datos digital que cruza toda la información disponible sigue bajo secreto de 50 años; y por último tampoco se avanzó en la creación de la necesaria Unidad del Protocolo de Estambul en el Servicio Médico Legal, es decir, carecemos de los recursos para practicar esta diligencia esencial en este tipo de casos.
 
Claramente, la oportunidad y la forma en que se intentaron materializar estas medidas, no parecen expresión de un auténtico interés por avanzar en la lucha contra la impunidad: antes del día sábado 10 de marzo, no existieron medidas concretas que hubiesen buscado acabar con las trabas burocráticas que rodean la investigación de miles de casos de torturas. Tampoco existió un acto político, de Estado, que asegurara el fin a los privilegios de los condenados recluidos en Punta Peuco. Lo que conocemos es el bochornoso ejercicio de atribuir responsabilidades políticas a una autoridad en particular, cuando el nombramiento y mantención en el cargo a Jaime Campos, habla de un gobierno que puso sus equilibrios e intereses políticos por encima de sus declarados principios y promesas en materia de Derechos Humanos. Esta promesa no se incumplió por falta de días ni por desacuerdos que no pudieran resolverse en un gobierno de cuatro años, sino claramente por la falta de voluntad política que se concretara con una medida de autoridad oportuna y efectiva.
 
Los sobrevivientes de prisión política y tortura han luchado por años por justicia efectiva más allá del reconocimiento, para ello han agotado las instancias nacionales en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por esta razón ingresaron, a comienzos de este mes de marzo, una denuncia contra el Estado de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento de las obligaciones internacionales en este ámbito.
 
Si bien la denuncia hecha por la ex-subsecretaria podría contribuir al esclarecimiento de la verdad, nos preocupa que una acción improvisada coloque en riesgo dicho objetivo. Sin contar con los recursos y personas necesarias para que todas las causas se lleven a término con una investigación acuciosa, se corre el serio peligro de que muchas de ellas no puedan investigarse con el rigor que merecen estos asuntos, ni con la rapidez que permita alcanzar justicia, antes que el tiempo cimente la impunidad.
 
En última instancia, la pregunta clave en este panorama sería saber en qué pie nos dejan estas acciones en la defensa actual de los Derechos Humanos. Por una parte, pensamos que especialmente el bochorno de Punta Peuco representa un retroceso respecto al deber del Estado de establecer garantías de no repetición irradiando con ello hacia otros ámbitos del Chile contemporáneo, pues se envía una señal preocupante a las fuerzas armadas y de orden, así como a la sociedad en general: mientras los crímenes más atroces del pasado continúen impunes, se perpetúa una cultura de la impunidad que inevitablemente relativiza prácticas actuales como abuso de poder, torturas o criminalización del movimiento social.
 
Asimismo, la actuación errática de la saliente administración tiene finalmente un efecto contraproducente: con Chile Vamos en el gobierno y con la ultra derecha ganando notoriedad pública, el fallido cierre de Punta Peuco y las incertezas sobre la búsqueda de justicia, evidenciaron la falta de contrapeso de la política de la transición a las diversas formas de apología al terrorismo de Estado, relativización o negacionismo.
Frente a un escenario como este, creemos necesario que las organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos profundicen un proceso de lucha que fortalezca y canalice políticamente la resistencia que ha permitido mantener este tema vigente, vinculandolo especialmente a los modos en que tales vulneraciones se expresan en el Chile de hoy. Creemos que, para comenzar este camino, un avance real en reparación, verdad y justicia resulta indispensable y urgente.
 
 
Investigadores del Equipo de Derechos, Fundación NODO XXI
Paz Becerra
Juan Maureira
Esteban Miranda
Haydee Oberreuter
Enrique Riobó