Señor Director:
El sábado pasado Claudio Alvarado del IES se preguntó en este diario qué buscaban los “críticos de la subsidiariedad”, palabra que está en el centro del cambio constitucional. El problema es que en distintos lugares “subsidiariedad” significa distintas cosas. Así como “taco” aquí significa atochamiento de autos y en México es una tortilla, subsidiariedad significa algo distinto en Europa que en Chile (y quien no explique la diferencia está vendiendo gato por liebre).
En la Unión Europea se trata de un criterio de distribución de competencias entre diferentes niveles de poder político y no un criterio para priorizar a los privados sobre el Estado en la provisión de derechos sociales.
Allá se usa para responder preguntas como ¿qué órgano es mejor para hacerse cargo del sistema de trenes? ¿La Unión Europea, cada país, los municipios? Así, la subsidiariedad prioriza a quien tenga mejores condiciones para resolver el problema.
En Chile la subsidiariedad se entiende y funciona distinto. Establece que siempre será preferible que una actividad (los trenes, u otro) la hagan las empresas privadas y no el Estado. Supone que el Estado solo puede intervenir cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo.
Esto es lo que queremos cambiar, porque en la práctica la subsidiariedad en nuestro país se ha traducido en que no existe un Estado capaz de defendernos de los abusos y excesos de los privados, ni capaz de velar por que exista buena salud, educación y pensiones públicas. Esta es la subsidiariedad “neoliberal”.
Parafraseando a Alvarado, pero criticando su argumento: no habrá oposición entre subsidiariedad y Estado social, siempre y cuando los defensores del principio abandonen la idea de subsidiariedad “a la chilena” y se centren en la estructura lógica original que provee el principio.
Camila Miranda
Presidenta Fundación Nodo XXI y candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana
