Cada semana el debate público se ordena en torno a cifras de distintas agencias encuestadoras. En su diversidad comparten al menos dos cosas. Primero, metodologías dudosas, marcos muestrales poco fiables, y tasas de respuesta ínfimas. Segundo, hoy operan bajo incertidumbre: el carácter obligatorio del voto el próximo 4/9 y la muy probable e indeterminable subida de participación electoral, dificulta en extremo pronosticar cuál será el universo efectivo de votantes. Pese a ello, estas agencias proyectan hace meses la imagen de que el #Apruebo perderá. Antes que contribuir al desaliento, la incerteza anotada debe empujar a un decidido despliegue estratégico de la campaña del #Apruebo. Las tres semanas que restan son cruciales.
La reforma aprobada durante esta semana por el parlamento, que baja a 4/7 el quórum necesario para reformar la Constitución vigente podría permitir transformaciones hasta ahora bloqueadas por la estructura y requisitos del sistema político. Pero ¿qué significa esta modificación institucional a tres semanas del 4/9? No sólo supone un «plan B» del gobierno (que dio suma urgencia al proyecto) en caso de que pierda el #Apruebo. Más bien parece el manotazo de ahogado de figuras políticas en crisis: desde las profundidades de la evaluación ciudadana, sectores de la Democracia Cristiana que impulsaron la iniciativa buscan reinventar su propio protagonismo desde el parlamento, antes que empujar decididamente el #Apruebo.
Un notable efecto del clima de opinión pública mencionado fue instalar la idea del #Apruebo con “apellidos”. Incluso antes que la Convención terminara su trabajo y en base a posiciones políticas minoritarias, las agencias encuestadoras contribuyeron a difundir la idea de aprobar para mejorar, reformar, etc. Intentando superar tal fragmentación (esfuerzo necesario y valorable), esta semana los partidos políticos por el #Apruebo han acordado ajustes a la propuesta de Nueva Constitución y una agenda legislativa en caso de que su opción triunfe el 4/9. En aspectos como Propiedad, Vivienda y Justicia la propuesta ofrece certezas a dudas legítimas de las y los votantes, lo que será útil para la campaña. Pero son preocupantes las señales sobre Derechos Sociales. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene comprometer la mantención del sistema de pensiones «en los mismos términos que en la actualidad»? Resulta peligroso que las posibilidades de encuentro entre las coaliciones de gobierno se basen en un principio conservador que va a contrapelo del momento constituyente. Construir un camino de estabilidad para el país supone comprometer transformaciones en áreas sentidas por las y los chilenos: no olvidemos que la Nueva Constitución asegura esa posibilidad.
Las semanas seguirán marcadas por la urgencia de la campaña, pero es preciso mirar con más perspectiva el escenario. La búsqueda de acuerdos pre y post plebiscito son valorables, pero deben considerar al menos tres ingredientes para no echar más leña a la crisis de legitimidad política. Primero, recordar que el mandato popular originario de todo este proceso es llegar a una Nueva Constitución. Segundo, respetar en cualquier ciclo de reformas las vigas maestras de la propuesta emanada del poder constituyente democráticamente elegido (dignidad, democratización, plurinacionalidad, derechos sociales, democracia paritaria e igualdad de género, un vínculo más armónico entre desarrollo y medioambiente). Tercero, este proceso de cambios se abrió gracias a la sociedad movilizada y organizada: los partidos deben recordar que su protagonismo en este ciclo ha sido acotado. Para concretar los anhelos de dignidad y cambios de las mayorías de Chile será preciso seguir proyectando a la arena política a las organizaciones colectivas todavía exógenas al sistema de partidos.
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Felipe Ruiz se desempeña como investigador y docente en la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad de Chile, es Magíster en Cs. Sociales y Sociólogo de la misma casa de estudios. Su área de especialización es la economía política y sociología del desarrollo, atendiendo al vínculo entre modelos de crecimiento, actores empresariales y políticas públicas en economías en desarrollo.
