La situación de pandemia en Chile, el escenario que abrió la revuelta de octubre y otras expresiones de estallidos que se viven en diferentes lugares del mundo, como EEUU, pone en cuestión al menos, el rol de los estados para producir cohesión social (igualdad, justicia).

En Chile hay una contraposición histórica, un conflicto político irresuelto sobre el rol del Estado previo a la dictadura, entre la primacía del orden público, como condición de posibilidad para el desarrollo económico, versus la primacía democrática de las garantías constitucionales y de bienestar. Lo cierto es que aún con la profunda transformación de la sociedad, actualmente se espera que el Estado cumpla ambas tareas, con mayor razón cuando afrontar la pandemia requiere de políticas centralizadas. Sin embargo, el propio abordaje de la crisis ha evidenciado su imposibilidad para cumplir ambas tareas.

Si miramos retrospectivamente, el impacto de la ampliación de los mercados a nivel global no sólo ha transformado la noción de soberanía que recaía sobre los estados-nación, por una lex mercatoria global supra estatal. Sino que, ha producido una nueva estatalidad de forma similar, pero vaciada de la sustancia institucional, que en un contexto social también diferente, producía algún nivel de cohesión social por su capacidad capilar para conectarse a través de sus instituciones y partidos con la ciudadanía. La crisis de confianza en las instituciones, como las policías, las iglesias y la propia política son bien conocidas.

La imposibilidad del Estado para cumpliir con las expectativas que recaen sobre él en tiempos de crisis se debe en términos generales a su progresiva des democratización, dejó de ser un espacio democrático para una gran cantidad de actores. Por un lado, deja de ser garante de la seguridad ciudadana ante los conflictos sociales, dirigiendo su acción a reducirles, ya sea a través de policializar, y/o judicializar dichos enfrentamientos, muchas veces bajo el argumento delictual. El espejismo de que mientras más autoritario es el gobierno, más Estado habría. Por el otro lado, juega a la pantomima de poder redistribuir sin afectar los principios de distribución económica. Que la respuesta estatal priorice entregar cajas de alimentos en vez de fondos directos a las familias es parte de dicha lógica de buscar redistribuir sin primero distribuir. En definitiva administrar los problemas en vez de resolverles. Si estos no son resueltos, se mantiene el recurso discursivo de que algo se está haciendo por ellos. Pensemos en qué pasaría si se buscase erradicar la pobreza en vez de administrarle o en códigos del mercado, qué pasaría si cambiaran radicalmente las necesidades que hoy sustentan las lógicas de consumo.

En el ámbito discursivo que envuelve esta forma de Estado en la gestión gubernamental, se busca apelar a la confianza de la ciudadanía. Se hacen llamados a retomar la confianza en contexto de crisis Covid-19, justamente en las anti-instituciones de la fisonomía estatal: en los bancos, en el mercado, en el sistema económico. Pero dada la crisis de cohesión social que relatamos, la apelación a la confianza queda en un mero llamado. Lo mismo sucede ante los relatos sobre “acuerdos nacionales”, cuando en códigos de recuperar o construir confianza de lo que se trataría sería de tomar medidas que resuelvan los problemas.

Como reverso, hay organizaciones que despiertan mayor confianza ciudadana, como el Colegio Médico, pero que se les obstruye jugar un rol más protagonista en la pandemia. Cuando lo público es brutalmente disminuido en aras de las privatizaciones, menos espacio hay para que las organizaciones de la sociedad civil participen de las decisiones políticas, aún cuando la propuesta constitucional de la dictadura les reinvindicaba. De ahí que el colegio médico proponga sin mayor espacio para agenciarse en las resoluciones por ejemplo, o que las respuestas comunitarias queden sólo como expresiones espontáneas de solidaridad y no como redes articulables con los recursos estatales, a lo sumo con las municipales.

Estos son dilemas abiertos, como abierto está el debate sobre el Estado tras estos tiempos de crisis. Aventurando algunos abordajes sobre la discusión, más allá de los abordajes liberales y neoliberales, hay contribuciones que surgen frente a la pregunta por el rol y la fisonomía del Estado en este contexto abierto. Por ejemplo, desde los debates feministas se plantea la necesidad de un Estado que cuide, remarcando la necesidad de ampliar lo público, a la vez que se evite que su ampliación sea privatizada, como un abordaje estatal institucionalizado de los cuidados versus el actual abordaje privatizado.

Otra aproximación es la idea de Estado Social, que va más allá de la noción proteccionista del Estado de Bienestar. Uno que busca refundar la relación entre Estado, comunidad, individuos y mercado, devolviendo el rasgo político del Estado, pero interpretado bajo los cambios sociales que ya se produjeron. No hay vuelta posible al siglo XX. Las organizaciones espontáneas para realizar cordones sanitarios en ausencia de la acción estatal-policial pueden prefigurar prácticas ciudadanas que hoy se reducen a un voto cada cierto tiempo, o redes comunales-comunitarias que sean verdaderos brazos para la acción estatal.

Sobre el Estado descansan múltiples demandas y expectativas propias de sus transformaciones históricas. Sus límites actuales son también la posibilidad para replantearse cómo nos reorganizamos, aún más dentro del proceso constituyente. Por de pronto y ante la crisis que afecta nuestras vidas, un Estado sin capacidad para intervenir sólo puede devenir en mayor coacción, en un círculo vicioso que sin legitimidad, sólo producirá más malestar. Debe abrirse a su reconstrucción legítima, en base a los dilemas actuales de la sociedad chilena, siendo su democratización un camino.

Camila Miranda Medina, Directora Ejecutiva Fundación NODO XXI

Publicada en La Tercera

Revisa en https://www.latercera.com/autor/camila-miranda/