Columna de Opinión, Camila Miranda, directora ejecutiva Fundación Nodo XXI

Publica: La Tercera

Iniciamos octubre con un ambiente de indignación y protesta, no sólo porque se cumple un año de la revuelta social como hito fundante del proceso constituyente, a dos semanas del plebiscito, sino que también, porque tras siete meses de pandemia las razones del estallido se siguen acentuando. En el contexto de crisis sanitaria se radicalizan las desigualdades sociales y amplifican los estragos de la ausencia de derechos sociales elementales para la vida como sucede en el debate de la vuelta a clases y los cuidados, a la vez que la crisis de legitimidad política e institucional se profundiza, instalándose un halo de impunidades para las élites y sus aparatos.

La violencia policial, la amenaza a jueces, fiscales, testigos y la decisión del gobierno de diluir tales hechos como un problema político central para la legitimidad de un Estado de Derecho, junto al “perdonazo” a Ponce Lerou y la violencia de género que no se detiene, decoran un complejo marco para la democracia.

Y desde luego, reducir este escenario a un dilema discursivo de paz o violencia como respuesta a cada acontecimiento, sólo esconde bajo la alfombra, una que ya se quedó corta, malestares que no dejarán de estallar. De ahí que ante el plebiscito, sean ilusos los llamados a no movilizarse, tanto por la pretensión de que sea un llamado correspondido, como por la pretensión de que todos estos hechos al carecer de respuestas políticas categóricas por justicia no tengan impactos, cuando acrecientan la indignación social.

La receta de imponer “orden” por la fuerza (violencia institucional) con una institucionalidad que no tiene legitimidad, le sube la temperatura al horno. A sabiendas, las autoridades profundizan el problema asociando la protesta a pura violencia, mientras enaltecen la paz como inmovilismo social. Entonces lo que “nubla” la antesala del plebiscito no es la fuerza social que es la única razón de su existencia, sino que la deliberada opción política del gobierno por dificultar las posibilidades democráticas. La paz social nunca es el resultado de una imposición, se cimenta en dignidad y es una tarea aún pendiente.

Asociar paz con inmovilismo social es propio del ciclo transicional, de una práctica política que solo fue posible dejando fuera de las decisiones a la mayoría de la sociedad y que se incomoda cada vez que la sociedad es activa y expresiva, que cuestiona los pactos de impunidad y se organiza solidariamente en ausencia del Estado.

Justamente por esto el proceso constitucional es más un ejercicio que un texto y todo intento por “domesticar” la expresión social que disiente con blindados, prolongará la tensión. No, no necesitamos que el gobierno se “ponga los pantalones”, esa tela ya no da más. La participación será un voto, pero también movilización.