La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y los gremios afiliados en Chile impulsaron el webinar “Trabajar en tiempos de pandemia: Trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en Chile”. La actividad se desarrolló el martes 11 de agosto, a las 15:00 horas, oportunidad en que se efectuó el lanzamiento del “Estudio sobre condiciones laborales del Sector Público-ISP”, realizado en conjunto con la Fundación Nodo XXI.

Este material es el resultado de la encuesta realizada durante el mes de junio pasado, sobre las condiciones laborales de los funcionarios del aparato estatal, en un contexto de pandemia por Covid-19.

Durante la exposición participaron Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP –organización mundial que nuclea a 24 millones de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos en el mundo-, María Fernanda Villegas, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet y directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), Yasna Provoste, senadora y José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

El estudio realizado por Giorgio Boccardo, sociólogo, director de la Fundación Nodo XXI junto a la investigadora Valentina Andrade y con la colaboración de Nicolás Ratto, dio cuenta de cuatro factores de riesgo que focalizó la encuesta entre ellos los costos materiales. “En buena medida han sido los propios trabajadores y trabajadoras los que han entregado insumos, herramientas materiales en esta pandemia”, expuso Boccardo quien considera en segundo lugar que los trabajadores, “han puesto en riesgo su salud, no solo la posibilidad de enfermarse de Covid -19, sino de enfermedades físicas y enfermedades mentales que como muestra este estudio van a aumentar”.

El sociólogo señaló que el tercer riesgo es “el costo de los cuidados”; explicando qué significa tener que hacerse cargo al mismo tiempo de sostener trabajo remunerado en el servicio público y el trabajo de cuidado en el hogar, con las desigualdades que se generan entre hombres y mujeres para dichos efectos. Además añadió que “los problemas de trato, es otro factor porque deben recibir el malestar de la ciudadanía por políticas más diseñadas, al configurarse en muchas ocasiones como la puerta de entrada a la atención en servicios públicos”.

En su intervención, Boccardo también enumeró entre los riesgos, el contagio efectivo del Covid-19 que han provocado decenas de muertes en el sector salud.

“Buena parte de los costos de la pandemia han sido cargados en los hombros de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, ya sea porque atienden en el servicio de salud, ya sea porque están entregando algún tipo de ayuda económica, ya sea porque están manteniendo algún servicio elemental funcionando, para que el agua llegue a nuestros hogares y para que nos retiren los residuos de nuestras casas”, lo que releva además una carga de trabajo adicional para este grupo de trabajadores, reconoció Boccardo.

El 36,4% de los trabajadores y trabajadoras se han desempeñado en modalidad Teletrabajo, el 35,2% en modalidad mixta (en el hogar y su lugar habitual), y el 28,5% de manera presencial.

Entre los costos materiales que ha debido involucrar el trabajador y trabajadora evidencia que 9 de cada 10 han desplegado sus propios equipos de telefonía, computación, conectividad  internet, donde 1 de cada 3 trabajadores tiene problemas de VPN con cierta regularidad. Mientras que, 1 de cada 2 no recibe apoyo de su empleador.

A eso se suma una serie de herramientas que los trabajadores y trabajadoras han debido implementar por ejemplo el uso de aplicaciones donde se reconoce que 1 de cada 2 trabajadores utiliza permanentemente Whatsapp para trabajar, pese a dictámenes de Contraloría que buscan lo contrario.

La encuesta abordó también, problemas de infraestructura, y reveló que los hogares no están dotados para realizar las labores de una oficina, allí se desprende que 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras se desempeña en espacios compartidos. Incluso el uso habitual de una silla (de mala o muy mala calidad) que para efectos de quien la usa, podría significar enfermedades a futuro, donde se desprende que 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras se desempeña en sillas de calidad regular o mala, según el sondeo.

Otras conclusiones del estudio apuntan a que un tercio de los trabajadores y trabajadoras labora los fines de semana o fuera de su horario habitual de jornada, aumentando horas en las madrugadas o en las noches.

A esto se suma que 6 de cada 10 nunca se desconecta durante una jornada de 12 horas continuas.

Mientras que, en promedio se distingue una conexión laboral a plataformas de 8,8 horas al día.

“Básicamente retornamos a la jornada laboral que teníamos en el siglo XIX, es decir jornadas de 12 de 14 y hasta 16 horas diarias, esto sin considerar los fines de semana”, detalló el sociólogo.

Otro de los hallazgos significativos tiene relación con el trabajo de cuidados, donde el 62,3% de las mujeres piensan siempre o casi siempre en exigencias domésticas y familiares durante el trabajo (sólo un 44% experimenta esto en hombres). Esto en coincidencia con el marco general de la composición de los cuidados, que revela que un 70,3% las mujeres son el principal responsable del hogar, mientras que los hombres lo son en un 21,9%. Por otro lado, se reportaron 1.174 de mujeres (25,2%) que experimentaron algún grado de violencia verbal y 132 de violencia física (2,8%).

Entre las ideas finales que plantea el investigador al momento de reseñar el estudio, destaca que cuando hay que defender a la sociedad son los servicios públicos los que responden, agrega que la pandemia deja en evidencia el enorme costo asumido por los y las trabajadoras, en esa línea añade el escaso reconocimiento y en muchos casos las ofensivas del gobierno por deslegitimarlos y anunciar leyes que precarizan.

Aborda además, la necesidad de mayor participación efectiva de las organizaciones sindicales, y la centralidad que tiene una política de género y de jóvenes fortalecer, dos grupos vulnerados durante la pandemia.

Finalmente, Boccardo planteó como desafío fortalecer los servicios públicos en términos de calidad y mayor participación de sindicatos y de la ciudadanía.

La encuesta (que tuvo un diseño no probabilístico) abordó 7001 respuestas válidas, en 285 comunas del país. Fue aplicado entre el 26 de mayo y 16 de junio.