A cuatro años de la revuelta social, más allá de las simplificaciones, conversar sobre las causas y mirar sus impactos sociales y políticos es un ejercicio que permite situar, sin atajos, las tareas del presente. Es así que nos preguntamos por la vigencia de las...
Publicado en: El Mostrador
Los alcaldes y alcaldesas una vez más se adelantaron al despliegue de La Moneda ante una crisis de grandes dimensiones. En el estallido social de octubre no solo fueron de los pocos actores institucionales que lograron mantenerse a flote, sino que además marcaron el timing político e interpretaron a la calle, convocando a una consulta ciudadana por una Nueva Constitución que dio paso al proceso constituyente. Ahora, en medio de la gran crisis sanitaria desatada por el COVID-19 y ante las tardías respuestas del Gobierno, nuevamente han tenido un rol protagónico, siendo la punta de lanza al tomar medidas estratégicas para evitar el contagio, lo que ha validado como nunca el papel que juegan.
Poner fin a las clases presenciales en los colegios, cerrar malls, pubs, gimnasios, parques y hasta pedir el aplazamiento de pagos de créditos e insumos básicos, son algunas de las iniciativas que han levantado de forma transversal los alcaldes y alcaldesas de la AMUCH. En la centroderecha, los jefes comunales Germán Codina (Puente Alto), Evelyn Matthei (Providencia), Joaquín Lavín (Las Condes) y Rodolfo Carter (La Florida) se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para La Moneda, aunque “con distintos niveles”, precisaron desde Palacio.
Mientras, en la oposición el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, su par en Valparaíso, Jorge Sharp, y el de Huechuraba, Carlos Cuadrado, han tomado la iniciativa importando medicamentos y cerrando centros de aglomeración, como el Terminal Rodoviario de Valparaíso, lo que también ha causado algunos cuestionamientos en el Congreso, donde aún se debate la viabilidad de legislar de forma remota.
Todas, iniciativas que –según personeros del oficialismo– “le han doblado la mano al Gobierno”, como ocurrió el domingo cuando los alcaldes Rodrigo Delgado (UDI) y Codina (RN) convencieron al Presidente Sebastián Piñera de suspender las clases presenciales, pese a que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el comité asesor para la pandemia habían señalado que era un despropósito la medida. “Una y otra vez hemos actuado de manera seria”, sostuvo el alcalde de Puente Alto, quien además corrigió al propio Mandatario al aclarar que la medida corría tanto para escuelas públicas como privadas. En esa pasada, la apuesta de los líderes comunales tuvo el respaldo de los ministros de Educación, Raúl Figueroa, y del Interior, Gonzalo Blumel.
Otra idea que causó controversia en el seno de La Moneda fue la de cerrar los centros comerciales, luego que en diversos lugares del país trabajadores de tiendas y malls protestaran por no contar con elementos para el cuidado de la salud o por ser obligados a ir a trabajar en medio de la crisis.
Carter fue uno de los primeros en advertir que los centros comerciales debían cerrar “o nos veremos en la obligación de clausurarlos mañana”, mientras que en paralelo Matthei no esperó y dio por cerrado el mall Costanera Center, uno de los principales centros comerciales de la Región Metropolitana. La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y el ministro de Economía, Lucas Palacios, puntualizó que el cierre de establecimientos era potestad del Presidente de la República, línea que siguió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien aseguró tener miedo “a decisiones que terminen generando mayores dificultades».
Pero las advertencias gubernamentales no hicieron mella entre los alcaldes. Municipios de regiones se sumaron al cierre de centros comerciales, dejando fuera a farmacias y supermercados, y la alcaldesa Matthei fue quien salió a enfrentar al ministro Palacios: “Si yo tengo dos opiniones jurídicas, voy a tomar la opinión jurídica que me permita prevenir el tema de la salud. Después veremos en tribunales si las tenía o no”. Una respuesta que no habría caído bien en el Ministerio de Economía, desde donde aseguraron que los alcaldes “se han pasado de la raya”.
En regiones hay un “levantamiento territorial” propio, según señaló un jefe comunal del oficialismo. Municipios como el de Castro han tomado duras medidas ante lo que consideran la “inoperancia del Gobierno y las intendencias” para enfrentar la pandemia del COVID-19. Junto con los Concejos Municipales han cerrado centros comerciales y aislado a comunidades completas propensas al contagio del virus, es más, el alcalde de Chiloé, Juan Eduardo Vargas (UDI), le pidió al Gobierno que decretara una cortina sanitaria en toda la isla.
En Talca, su alcalde Juan Carlos Díaz (RN) decretó emergencia comunal por 14 días y en Temuco su par Miguel Becker (RN)también pidió cerrar el comercio, mientras que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (independiente), anunció a su vez emergencia comunal debido al coronavirus hasta el próximo 31 de marzo.
Desde regiones, alcaldes y alcaldesas destacaron que hay una “extrema preocupación por los adultos mayores” y que han solicitado tanto recursos como reuniones con las autoridades, especialmente con las intendencias, pero que “no hay respuesta”. Esperan que con el nombramiento de los generales de zona se pueda coordinar “mejor la ayuda” y piden “nuevos recursos” para financiar canastas familiares para las familias y adultos mayores que están en cuarentena. El principal miedo –agregaron– es que “la gente más pobre muera de hambre o sin insumos básicos”.
Desgobierno y legitimización
Para los especialistas en ciencia política, ha quedado claro que los alcaldes y las alcaldesas han sobresalido en momentos en que la correcta planificación y ejecución de políticas públicas es una urgencia vital. La directora de Nodo XXI, Camila Miranda, planteó que, ante un panorama de “desgobierno”, hay «una mayor sintonía de las alcaldesas y los alcaldes con la población, más allá del partido al que pertenecen. Conocen de forma directa los impactos de la desigualdad de recursos en la provisión de servicios públicos básicos y la crisis de los cuidados en la que nos encontramos, por tanto, son más conscientes del impacto en la población del retardo en tomar medidas de seguridad y prevención”.
Esto, según Miranda, explicaría que los municipios “junto a otras instituciones, como el Colegio Médico y universidades, hayan liderado iniciativas más oportunas y responsables para el resguardo de sus comunidades, muchas veces contrarias al gobierno central. Eso se aprecia por parte de la población y orienta un camino de reconstrucción posible de una política no disociada de la sociedad”.
En la misma línea, la politóloga Pamela Figueroa recalcó que el Gobierno “ha reaccionado lento”, pese a la experiencia internacional. Destacó que ante esta tardanza, los liderazgos “locales han tenido una mejor capacidad de respuesta, han tenido la capacidad de entender que ante situaciones complejas se requiere colaboración. Los alcaldes y las alcaldesas se coordinaron territorialmente para el 18 de octubre y lo están haciendo ante la propagación del coronavirus”.
Figueroa explicó que este liderazgo de los municipios ha dejado en evidencia que “se deben fortalecer las instituciones, entendidas como una forma de organizarnos que requiere lo colectivo, cada vez habrá menos incidencia de líderes individuales”. Además, destacó que las iniciativas de los alcaldes “no son disposiciones segregadas, sino que, a partir de lo que va surgiendo a nivel local, el Gobierno siente la tensión de responder a estas necesidades y lo hace avanzar a nuevas políticas públicas”.
El doctor en filosofía Cristóbal Bellolio señaló que la connotación que han alcanzado los alcaldes y las alcaldesas responde a la legitimidad que acumularon en medio del estallido de octubre, que “hay un déficit político del Gobierno” y que este “sigue siendo presa de una ineptitud política a pesar de que puede estar haciéndolo bien”. Es en ese contexto, agregó, que las medidas de municipios han alcanzado una mayor notoriedad.
Sin embargo, no todos aplauden el papel que han jugado los alcaldes. Desde la Fundación Jaime Guzmán, el abogado Emiliano García dijo que no “se puede desconocer que es comprensible que muchas de esas iniciativas están motivadas por ser un año electoral. Es por ello que muchas de sus medidas precisan de mayor coordinación con el gobierno central y mayor responsabilidad e incidencia –por estar más cerca de los problemas de la gente– en la generación de políticas públicas”.
Agregó que “las atribuciones de los alcaldes están claramente delimitadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El problema es que muchas veces ven las necesidades de la gente con más sentido de oportunidad político que responsabilidad social, lo que los lleva a transgredir los límites de sus posibilidades. Esta manera de actuar precipitada, creo yo, es uno de los principales problemas”.
El «compañero» Carter
La advertencia de Carter de clausurar los malls ha sido una de las frases que más revuelo ha causado en medio del bombardeo de cuñas en la crisis sanitaria, tanto así que desde el mundo empresarial le advirtieron que cuidara sus palabras. El alcalde de La Florida ha logrado acaparar varias cámaras y minutos en matinales durante la última semana, su estilo duro y sin pelos en la lengua generó aplausos, pero también preocupación en el mundo político, donde consideran que “no se ha pasado uno, sino que varios pueblos”.
Respecto a la entrega de vacunas contra la influenza por parte del Ministerio de Salud, el jefe comunal de La Florida afirmó que no tiene stock suficiente para poder entregar grandes dosis todos los días y que “no podemos estar recibiendo migajas día tras días mientras el Coronavirus se expande y nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando”.
Hasta tuvo un momento para referirse a los “defensores del capital”, frase que despertó aplausos y más de algún meme dentro del mundo de la izquierda, lo que ha llevado a que en redes sociales lo llamen “el compañero Carter”.
También ha llamado la atención sus críticas al mundo empresarial. Además de la advertencia de clausurar los centros comerciales, tras el anuncio de que el Banco Chile postergaría el pago de sus créditos sin interés para sus clientes, Carter –al igual que otros jefes comunales– emplazó al Banco Estado: “Qué pasa con el Banco del Pato? El de todos los chilenos? Atinen y sigan a @aluksicc #AhoraEsCuando #COVID2019chile”, sostuvo en su cuenta de Twitter.
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