Carolina Olmedo. Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile. Encargada editorial de Fundación Nodo XXI.

Resumen

Se analiza los desafíos que presente la actual cuestión constitucional para las fuerzas de cambio a la luz de los recientes episodios en los que se ha visto involucrado el Tribunal Constitucional, relevando para estas la necesidad de no renunciar al carácter político de tal conflicto, a la vez que dando cuenta del rol de esta institución en la política transicional que, hasta ahora, parece perdurar también en la forma de actuar de la coalición frenteamplista.

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Tras el ascenso y caída durante las últimas semanas de la acusación constitucional presentada en conjunto por parlamentarias del Frente Amplio y la Nueva Mayoría contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, vinculada a la incorporación por parte este de un protocolo para la aplicación de la Ley de aborto en tres causales que permite a las clínicas privadas ser objetoras de conciencia, reaparece la pregunta acerca del protagonismo de los intersticios y amarres que nuestro actual orden constitucional ofrece como herramienta alternativa a los espacios establecidos para la deliberación dentro de un régimen democrático. En la trayectoria de este mismo proyecto de ley, la infructuosa convocatoria previa al Tribunal Constitucional (TC), a través de dos requerimientos presentados por los senadores de Chile Vamos como freno a su aprobación¹ -acción que permitió la inclusión posterior del “protocolo Santelices”-, resulta demostrativa, además, de cómo ciertas minorías parlamentarias cuentan con un sinnúmero de otros recursos constitucionales a través de los cuales imponer su parecer. La aprobación del proyecto de ley de manera simultánea a la anulación de la obligación por parte de clínicas privadas con subsidios estatales da cuenta, asimismo, de la forma conservadora del orden constitucional al que acuden estos alegatos, tendiente a mantener el status quo binominal establecido en 1980. Dicha situación de arbitraje intermedio se reitera también en casos vinculados a la fiscalización de oficinas estatales, tales como la reforma al Sernac, así como en la revisión/reversión de sanciones vinculadas a los casos de corrupción en organismos públicos.

Dicho contexto institucional, si bien ofrece la posibilidad de triunfo político para ciertas alianzas parlamentarias y golpes mediáticos para otras, se utiliza a costa de la deslegitimación acelerada de los espacios establecidos por la política transicional para llegar a acuerdos políticos, y, por tanto, del sistema democrático en su conjunto de cara a la ciudadanía. En este sentido, el papel del Frente Amplio, a menos de un año de su arribo colectivo al Congreso, así como su actual involucramiento pronto en este tipo de maniobras, abre sin duda la pregunta sobre la capacidad de sus parlamentarias y parlamentarios de sortear las herencias dictatoriales como bloque, articulando tras de sí una oposición política al gobierno de Sebastián Piñera “en sus propios términos”. Es decir, efectivamente anclada en los intereses de la sociedad movilizada y capaz de establecer acuerdos con otras fuerzas políticas en la constitución de una nueva oposición. A contrapelo de esta dificultosa misión, la posibilidad de su entrampe en las ataduras dadas por los estrechos y elitarios marcos de acción política ofrecidos por la política transicional, resultaría un gesto más bien de mímesis e integración subalterna a las diezmadas fuerzas nuevomayoristas. Condición que, sin duda, pone en riesgo a la coalición no sólo en su rol dentro del actual orden democrático, sino su posición reconocida y utilidad dentro de las luchas de los subalternos por los derechos sociales y el fin del Estado subsidiario.

En este sentido, y continuando con el ejemplo del caso Santelices, aunque exista pleno conocimiento respecto de la irregularidad del protocolo ministerial y sus motivaciones ideológicas –gracias al informe de Contraloría que devela su ilegalidad²–, ello no resulta suficiente a la hora de construir unidad política sustantiva entre quienes buscan constituirse como oposición. A la luz de sus resultados, mucho menos ha servido para esto último entre los sectores de la oposición convocados, en la medida que ha expresado en lo público la ausencia de espacios concretos de elaboración política conjunta y demorado su voluntad de conducción. Este punto ha sido expresado recientemente por ciertas voces del FA, que, junto con llamar a espacios propios de elaboración y acuerdo político, anunciaban también la urgencia de desplegar una forma diversa de intervención política, más allá del rol “denunciativo” del movimiento social³.

En este sentido, la elaboración de capacidades de conducción de una nueva oposición por parte del Frente Amplio implican no sólo abordar la “diferencia” respecto de la política de la transición en términos valóricos y temáticos –donde la lucha contra el orden neoliberal se traduce en una buena crítica hacia esa forma política, mas no necesariamente una nueva forma–, sino que extender su rol de manera efectiva a la política parlamentaria en beneficio de la sociedad movilizada, reconociendo con claridad los riesgos de mimetizarse tempranamente con la política de la transición. Como se ha destacado en escritos previos aparecidos en estas páginas, uno de estos riesgos es el orden constitucional heredado de la dictadura y fortalecido durante la transición democrática en su carácter “neoliberal en lo económico, restrictivo en lo político, restringido en lo social y conservador en lo moral”: una condición que no descansa en su texto original de 1980 (la Constitución), sino que en su conformación efectiva y perdurable por medio de éste de una hegemonía ideológica que se reproducirá incluso hasta nuestros días⁴.

1. El origen y los moldes

Pese al auge del debate sobre la cuestión constitucional en los años pasados, el abandono de una discusión pública sobre lo procedimental tras las últimas elecciones ha devenido también en el abandono de su abordaje desde su carácter político. Y si bien en lo reciente la crítica al orden constitucional ha reemergido en ciertos programas de debate público –como la propuesta de Fernando Atria en La Casa Común (PS)–, la dimensión comunicativa de ésta está orientada, más bien, a la generación de nuevos y amplios marcos de alianza política entre diferentes actorías sociales, sin apuntar a una articulación concertada en torno a ciertos ejes programáticos resistentes por parte de la izquierda y el progresismo dentro de la arena parlamentaria.

En este sentido, y como proponen dentro de su análisis los abogados Sebastián Aylwin y Diego Pardo, cabe destacar que el problema no es la Constitución en sí misma, sino el como ésta y sus posteriores modificaciones propician la reproducción de una forma política hegemónica de carácter elitario y antipopular. La vigencia de esta hegemonía es particularmente observable al separar en el caso chileno a la Constitución –condición material, por tanto concreta, de la unidad política y del orden político de un Estado– respecto de las leyes constitucionales, “un conjunto de disposiciones jurídicas que pretenden regular tanto la estructura estatal como las relaciones políticas con y entre los ciudadanos”⁵, que proyectan dicho orden político –y no procedimental– a la sociedad en su conjunto. De este modo, si bien el TC existe como fiscalizador de las leyes constitucionales como continuidad respecto del marco institucional previo (1970), es a partir de 1980 que adquiere la competencia para revisar leyes orgánicas, y desde 2005 un protagonismo inusitado al adquirir la facultad de determinar la inaplicabilidad de estas.

Desde este contexto, es comprensible que, de los recortes fiscales anunciados por Sebastián Piñera, el TC sea la entidad menos afectada en su funcionamiento, desplazando en dicho privilegio a carteras como Salud, Educación y Obras públicas⁶. El funcionamiento del TC sin duda resulta vital para la supervivencia, reproducción y disputa política de las coaliciones amoladas por el proceso de la transición, así como también suplanta en su acción fiscalizadora “a posteriori” –que desde el gobierno de Ricardo Lagos ocupa gran parte de su campo de pertinencia– la ausente unidad política que el Estado chileno requiere para sustentar la hegemonía elitaria consagrada en 1980. De este modo, y volviendo al ejemplo inicial propuesto, los frenos a la aplicabilidad del proyecto de Ley de aborto en tres causales encuentran su principal herramienta de resistencia a la demanda social en una modificación realizada durante un gobierno socialista: una paradójica realidad, asumiendo en ella la conservación voluntaria por parte de dichas actorías de los viejos amarres dictatoriales en beneficio de su supremacía política, comprometiendo aspectos vitales de la política parlamentaria contemporánea como es la promulgación de nuevas leyes.

Después de las elecciones del pasado diciembre, es evidente que las fuerzas sociales otrora agrupadas por la antigua Concertación convenientemente en torno a este orden constitucional –que aseguró su supremacía durante el régimen laguista y bacheletista– están hoy dispersas y fragmentadas, en medio de un proceso de descomposición sin rumbo de reorganización trazado, poniendo en tela de juicio, incluso, su propio beneficio en el uso de estas estrategias. En dicho “vacío de sentido”, es importante anunciar el riesgo de que el encuentro en el Parlamento de las distintas fuerzas de oposición termine nuevamente subordinado a las desgastadas formas de acción una Nueva Mayoría en crisis, poniendo a su zaga al progresismo y la izquierda en un proceso imposible de reoligarquización de la política. La falta de conducción política en el FA le hace una presa fácil de dichas reorganizaciones tan espurias como inefectivas, desconociendo a la crisis política actual como un fenómeno susceptible de acontecer también dentro de los límites de la nueva coalición.

2. Coda

El involucramiento del TC a petición de la derecha como freno a la Ley de aborto en tres causales, instalando dentro de éste una cuña conservadora, así como el desenlace de la acusación constitucional al ministro Santelices que buscó reorganizar una oposición utilizando como contexto las luchas actuales, otorga al movimiento social organizado dentro del Frente Amplio y más allá una perspectiva clara respecto de los amarres morales y económicos existentes en el actual orden constitucional. Del mismo modo, el primer fracaso del Frente Amplio a la hora de jugar dentro de “la política de los otros” sin una defensa y unidad política sustancial, hace evidente que es necesario abrir en él espacios de elaboración y deliberación política conjunta, autónoma y anclada en la actual movilización. De lo contrario, se arriesga la posibilidad de desaprovechar la crisis profunda por la que atraviesa actualmente la política transicional en la defensa de intereses oligárquicos, sin importar la posición en el espectro político de éstos. También, se deja escapar la posibilidad de construir una hegemonía política en sus propios términos, en medio de una crisis de legitimación de la política en la cual podría verse implicada a pesar de su novel condición.

Respecto de la cuestión constitucional en específico, cabe destacar que si bien algunos especialistas resaltaron recientemente en escritos la aportación de ciertas características del TC existentes previamente a la dictadura en la “cocina” o “taller” de la transición democrática⁷, es innegable que el orden constitucional heredado de la dictadura es restrictivo y conservador en términos políticos y sociales, siendo un lastre y elemento desmovilizador para las fuerzas de cambio resistentes a su impulso de un régimen económico neoliberal y de privatización de los derechos sociales. Así y todo, resulta necesario realizar una observación descarnada al campo político en que dichas formas de “fontanería” política tenían cabida y para las que fueron creadas –o conservadas de entre los sesgos del pasado–, contextualizadas en un escenario de desmovilización postdictatorial totalmente opuesto al que enfrentan actualmente las fuerzas de cambio a partir de 2011.

Es un riesgo igualmente para las y los parlamentarias y parlamentarios del FA integrarse a esta forma política en sus estándares ya conocidos: en la construcción de caudillismos políticos de carácter mediático y/o populista, que emergen en las distintas coaliciones durante el proceso de “rostrificación” espectacular que propicia el itinerario electoral de la política transicional. Desde la vereda del FA, abrazar dicha metodología como solución temporal e individuante a la crisis política generalizada resultaría en la pérdida de su proyecto histórico más pronunciado: el reclamo por la apertura de la política a las mayorías, exigiendo en las calles y el Parlamento una realización radical de la democracia a través de la consagración constitucional de derechos sociales garantizados y la participación vinculante de la ciudadanía en la política estatal. Es así como, en el abandono de la cuestión procedimental respecto del ansiado cambio constitucional, también se deja de lado un aspecto vital de la lucha por la transformación social: la necesidad de plantear los aspectos propuestos por la movilización social como un cambio profundo, sistémico⁸, respecto de un orden consagrado por la fuerza y fortalecido por la acción privatizadora del mercado respecto de la condición ciudadana.