LAS LUCHAS DE AYER Y HOY: LA CENTRALIDAD POLÍTICA DE LOS DERECHOS SOCIALES

Enrique Riobó. Historiador de la Universidad de Chile.

Resumen

En tanto la lucha por los derechos sociales adquiere una progresiva centralidad en la discusión política chilena, se hace necesario definir la importancia de tales conflictos, así como su relación con luchas nacionales históricas, como aquella por los derechos humanos violados en dictadura. Así, se ensayan dos respuestas. Por una parte, la que plantea que la relación entre ambas luchas está relacionada, pues la correlación de fuerzas que impide el cambio de los derechos sociales hoy, fue consolidada a partir de las violaciones a los derechos humanos de ayer: allí la situación de impunidad actúa como una suerte de freno para el avance en derechos sociales. Por otra, la que enfatiza en la relevancia del avance en la creación de derechos sociales, en la medida que supone la posibilidad de generar espacios de libertad y autonomía que permitan acrecentar las fuerzas políticas de cambio.

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1. Los derechos y el discurso político actual

En el momento político actual, la mayoría de las fuerzas políticas reivindica una cierta noción de derechos. Es por eso por lo que esta palabra llega a tener significados diversos según quien la enuncia.

Así, por ejemplo, en el caso de Piñera y de la derecha en general, es usual la crítica a los derechos sin deberes, proponiendo estos últimos como condiciones para el merecimiento de los primeros, así como para bloquear su universalidad¹. También, últimamente, y específicamente en torno a los derechos humanos, algunos grupos conservadores se han dedicado a torcer el concepto con el objetivo de propagandear para la liberación de los pocos violadores a los derechos humanos que hoy se encuentran recluidos en Punta Peuco².

En este tipo de actores también encontramos la defensa de una serie de derechos que se yerguen como barrera para el avance de otros derechos, en una dinámica usualmente refractaria y conservadora. Así, por ejemplo, el derecho a la defensa de la vida se opone al derecho social a un aborto seguro, el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por el Estado se opone al derecho de los funcionarios públicos a movilizarse o el derecho a la libertad de elegir y de consumir se opone al derecho a la educación pública. En este último caso, y a propósito de la educación inicial, en las últimas semanas se ha buscado falsear la idea de derecho, pues se anuncia una gratuidad y universalidad que parte del supuesto que todos quienes tienen dinero para pagar rechazarían la prestación entregada por el Estado³.

Por otro lado, el caso de la Concertación/Nueva Mayoría es un poco más complejo. Aunque el discurso y programa de Alejandro Guillier – así como buena parte de la retórica del gobierno actual – se encuentre atiborrado por la palabra derechos, en los últimos años no se ha avanzado en la construcción de derechos sociales efectivamente transformadores. Esto puede sintetizarse en dos grandes dimensiones. Primero en cambios o reformas cuyos “beneficiarios” critican o incluso protestan en su contra⁴, o que perpetúan y perfeccionan nichos de acumulación regulados; y segundo, a través de reformas y cambios que se anuncian, pero no se concretan. Por supuesto, en ambos casos la participación democrática de las partes involucradas o de organizaciones sociales afines tiende a ser bastante poca. Así encontramos, por ejemplo, la situación vivida a mediados de año en el SENAME con la votación parlamentaria que rechazó el informe que establecía algunas responsabilidades políticas por las numerosas muertes de niñas, niños y adolescentes que se encontraban teóricamente protegidos por el Estado y que definía algunos de los casos investigados como violaciones a los derechos humanos. Este hecho mostró que no existe una verdadera disposición a avanzar hacia una política integral de la niñez que tenga los derechos como foco central, cuestión que lleva varios lustros comprometida, pero que todavía no se lleva a cabo⁵, siendo severamente criticado incluso el proyecto de ley que reforma la institucionalidad de la niñez en el futuro⁶.

Asimismo, en el ámbito de la migración también se ha afirmado la necesidad de realizar una serie de cambios a la ley migratoria actual, cuestión que aún no llega a buen puerto a pesar de que en los dos últimos gobiernos se hayan presentado proyectos de ley, y en el previo de Michelle Bachelet haya sido una promesa no cumplida⁷. Ahora bien, más allá de la legalidad, en los últimos años ha existido un progresivo aumento del flujo migratorio, lo que ha hecho cada vez más urgentes los cambios en esta línea. En efecto, la vulneración a derechos de la población migrante ha sido variada en los últimos años, yendo desde el ámbito laboral⁸ hasta la negación de nacionalidad de recién nacidos, a lo que podemos agregar las noticias de la investigación Andrés Zaldívar por tráfico de migrantes, o la petición de familias sirias refugiadas en Chile de irse, a partir de ataques xenófobos. Sin embargo, el infame caso de Joane Florvil, quien murió en circunstancias confusas en reclusión penal, para luego ser sobreseída de forma póstuma⁹, es particularmente explícito sobre este problema.

Y si bien aún no está clara la participación de carabineros en el caso de Joanne Florvil, el accionar de la policía chilena durante los últimos años ha sido bastante criticado por no cumplir un estándar mínimo en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en torno a la criminalización de la protesta social o la existencia de territorios intervenidos policialmente a partir de conflictos no resueltos¹⁰. En todo caso, en el ámbito de la impunidad de la violencia policial han existido avances, como la reforma a la justicia militar¹¹ o la tipificación de la tortura¹².

Ahora bien, a pesar de los avances efectivos que pueden verse, estos quedan igualmente en entredicho. Por ejemplo, en el caso de la tipificación de la tortura; en primer lugar, por no poder aplicarse a los casos de violaciones a DDHH; en segundo lugar, porque la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue criticada fuertemente por organizaciones sociales, tanto por no ajustarse a los requerimientos para poder desarrollar de modo idóneo su labor, como por seguir enviando fuerza militar y de seguridad a entrenarse a la Escuela de las Américas¹³. Todo esto agudiza la criminalización de la protesta -que probablemente vea en la situación de La Araucanía el ejemplo más extremo de tal cuestión dentro del Chile contemporáneo-, implicando la vulneración de un derecho humano fundamental.

Por otro lado, en el ámbito de las reformas y políticas sociales llevadas a cabo por el gobierno actual, es posible identificar la resistencia de los actores involucrados a su implicación (incluso cuando les sube el sueldo, como en el caso de los profesores), como también la consolidación de los nichos de acumulación regulada por parte del Estado. Así, por ejemplo, en el caso de la educación superior, hace pocos días salió a la luz que la Universidad más beneficiada por la gratuidad es la Universidad Autónoma (cuyo rector es el ex ministro de justicia de Piñera, Teodoro Ribera), a lo que se le agrega la resistencia que en los últimos meses se ha tenido para eliminar el CAE, el que incluso ha sido defendido por Pilar Armanet, rectora de la Universidad de las Américas y militante del PPD, por haber propiciado fuertemente la movilidad social, cuestión harto debatible.

De modo similar, la principal defensa al CAE y a la gratuidad actual, dice relación con la garantía al acceso a la educación superior y, por ende, con el derecho a la misma. En ese sentido, la noción de derechos que sostiene esta reforma -y buena parte de las políticas sociales desarrolladas en los últimos años- dice relación con una suerte de utopía de la focalización universal o del mercado gratuito¹⁴. En tal medida, se trastoca la misma noción de derecho, al quedar definido por el acceso a una determinada prestación, independiente de quien la produzca y las ganancias que obtenga por ello. Ahí opera la lógica subsidiaria.

Sostenemos que lo anterior dice relación con al menos dos aspectos ideológicos. El primero tiene que ver con la concepción del derecho como una propiedad privada (como “tener” uno), y no como un proceso de construcción de un bienestar común, a partir del ejercicio activo y constructivo de los mismos. El segundo tiene que ver con la tensión entre una concepción universal de lo humano -y necesariamente abstracta, por lo mismo- y la realidad concreta de cada persona en específico -inevitablemente concreta-; cuestión que deviene más problemática en un contexto de individuación neoliberal radical como el vivido por nuestro país.

En ese sentido creemos que, en el proceso de emergencia política del Frente Amplio, resulta necesario comenzar a definir y discutir aquellos elementos que sustentarían una noción de derecho social que pueda ser una herramienta para los conflictos que se erijan – o que ya se encuentran en desarrollo – en torno a la posibilidad de ejercer determinados derechos. En esa línea, en lo que sigue buscaremos definir la importancia de tales conflictos, así como su relación con luchas nacionales históricas, especialmente la por los derechos humanos violados en dictadura. Para realizar esto, se buscará relevar algunas tensiones que, inevitablemente, deberemos abordar para fortalecer las posiciones de las fuerzas de cambio.

2. Relación derechos sociales con derechos humanos

La política de exterminio y persecución desarrollada por la dictadura tuvo una finalidad política en sí misma, la que lamentablemente fue bien exitosa: inició el proceso -profundizado durante los gobiernos postdictatoriales- de imposición de un modelo neoliberal/estatista que privatizó los servicios y derechos básicos y repartió las cuotas de acumulación a grandes grupos económicos a través de regulación estatal; así como desarticuló, reprimió o hizo oídos sordos a la sociedad organizada, apartándola de modo paulatino pero continuado de la política, pues esta esfera ya no era relevante para la resolución de las problemáticas sociales, que debían resolverse a partir del trabajo y esfuerzo individual que permitiese acceder a un mercado omniabarcador.

Lo anterior es fundamental para comprender el estado en que se encuentra la correlación de fuerzas en Chile hoy: en extremo desbalanceada, producto de varias décadas de acumulación que han resultado del proceso iniciado por el golpe de Estado, cimentada en las violaciones a los derechos humanos realizadas en dicho contexto, y consolidada por los gobiernos de la postdictadura, sobre todo mediante la desarticulación de los actores sociales organizados y su sistemática anulación o cooptación en la arena política.

Este proceso, por supuesto, fue generando un enriquecimiento gigantesco hacia determinados grupos de la población (usualmente el gran empresariado y su clientela) que, a veces de modo directo¹⁵ y otras veces de rebote, se vieron involucrados o beneficiados económicamente por la política de violaciones a los derechos humanos desarrollada por la dictadura. Por cierto, estas últimas siguen retumbando en las consecuencias sociales de las compras de empresas estatales a precios irrisorios; de la constitución de las instituciones privatizadoras de pensiones, salud, vivienda y educación; o de los nichos de acumulación garantizados por el Estado (donde la puerta giratoria entre sector público y sector privado es sintomática).

Derivado de lo anterior, creemos que existe una fuerte tensión que debemos abordar para que las transformaciones en el ámbito de los derechos sociales sean efectivamente transformadoras. Nos referimos a la dificultad de acercarse a la causa de los problemas en un contexto de continua y permanente urgencia, derivadas de las consecuencias del estado de la correlación de fuerzas contemporánea.

Así pues, los chilenos fuimos quedando sujetos a la “disciplina del mercado”, lo que se ha traducido en una “auto-explotación” que tiene como fin la reproducción mínima de la vida mediante un acceso fuertemente mercantilizado a la salud, educación, alimentación, vivienda o pensiones, y que en muchas ocasiones sólo puede lograrse con un endeudamiento que profundiza el rigor mercantil y dificulta de sobremanera un proceso de regeneración del tejido social necesario para modificar la actual correlación de fuerzas.

El problema central de esta situación, entonces, tiene que ver con que la inexistencia o pauperización de los derechos universales y públicos, genera que cualquier necesidad deba ser resuelta de modo privado y enmarcada en la “disciplina del mercado”. Esto, en el ámbito de los derechos, ha llevado a que, en general, para acceder a ellos sea necesario un endeudamiento incluso homicida¹⁶ que perpetúa la acumulación de los grupos antes mencionados y tiene efectos disciplinantes¹⁷, pues los problemas de salud, educación, vivienda o pensiones tienden a necesitar resolverse de modo urgente. En ese sentido, la necesidad de solución inmediata en un contexto como el chileno, construye una dificultad adicional a la hora de crear las condiciones cotidianas necesarias para avanzar en la construcción de actores sociales y políticos que permitan equilibrar la correlación de fuerzas existente en la actualidad.

En torno a esto último, entendemos que el retumbe de las violaciones a los derechos humanos en el contexto dictatorial sigue patente en el escenario contemporáneo. La impunidad que las rodea hoy ayuda a perpetuarlo, actuando como un freno para los cambios más profundos. Así, la falta de un avance efectivo hacia unas garantías de no repetición¹⁸ erosiona la capacidad de organización y movilización, tanto por el chantaje a partir del recuerdo de la dictadura cuando se proponen cambios más profundos, aunque sea explicitada su paulatinidad, como por la criminalización de la protesta social.

En la misma línea se encuentra la impunidad de quienes se enriquecieron y/o asumieron posiciones de poder derivadas de dichas violaciones a los DDHH -incluso participando directamente de ellas en algunos casos-, como también la dinámica cada vez más marchita del revestimiento moral a través de lucha contra la dictadura, al mismo tiempo que se logran beneficios a través de su legado. En esa dimensión, la reducción de los ex presos políticos a la condición de víctimas, relativizando su condición de luchadores sociales y la conflictividad social por la que fueron perseguidos, es también otra forma en que se bloquean el avance en derechos sociales a través de las políticas y la impunidad en el ámbito de los derechos humanos.

En última instancia, las violaciones a los derechos humanos en dictadura también llevaron al paroxismo una deshumanización que, de modo menos intenso y físicamente palpable, por cierto, genera consecuencias urgentes y no resueltas que brotan cuando hay muertes por listas de espera, suicidios por estafas universitarias, esclavitud moderna de población migrante, violencia colonial contra el pueblo mapuche o situaciones tan infames como las del SENAME.

3. La importancia de la lucha por los derechos sociales

Si asumimos como efectiva la dificultad de enfrentar directamente la raíz de los problemas, al mismo tiempo que resulta imperativo abordar las urgencias derivadas de ellos, se hace evidente la necesidad que las formas en que se vayan resolviendo tales emergencias nos vayan acercando a sus causas profundas. En ese sentido, una lógica de reformas no reformistas, es decir, de modificaciones que vayan abriendo caminos para luchas más radicales que busquen cambios más profundos y estructurales en el futuro¹⁹, puede ser una posible perspectiva de acción para el ciclo venidero.

Específicamente, en el contexto de los conflictos por los derechos sociales en el Chile actual, los cambios buscados no debiesen limitarse a hacer más llevable el acceso a derechos básicos para la reproducción de la vida, sino que deben implicar también intentos de modificación de la correlación de fuerzas actual. En esa línea, vemos que el afán por erradicar el negocio de los derechos sociales se ajusta a dichas necesidades, por tres razones centrales.

En primera instancia, la perspectiva de avanzar en reformas que aseguren derechos sociales públicos y universales en aspectos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda y las pensiones inevitablemente hace vislumbrar un aumento de espacios de mayor libertad y desarrollo individual, local y nacional. Esto, por supuesto, es un camino largo cuyo punto de partida es precisamente la impugnación de lo existente en esos planos, específicamente, del enriquecimiento de un grupo reducido a costa de la privatización de tales ámbitos de la vida, con todas las consecuencias que ello trae. En ese sentido, la lucha por modificar el sentido de las reformas que históricamente ha llevado a cabo el progresismo neoliberal resulta central, pues éstas deben avanzar en contra de la hegemonía del mercado sobre nuestras vidas, y ello no aparece con los cambios propiciados en los últimos años, donde lo público no se fortalece, sino que incluso ocurre lo contrario.

Ahora bien, para comenzar a abordar el aún más complejo problema del cómo se hace esto, es necesario sacar a relucir una significativa tensión, que se ve manifestada como un clivaje discursivo relevante en las disputas de la pequeña política chilena: el estatismo versus la libertad individual. En esta línea, creemos que es necesario superar algunas de las lógicas de una izquierda entrampada en los derroteros del siglo XX, que asume al Estado como una fórmula esencial para resolver los diversos problemas y desafíos que implican, en este caso, la constitución de derechos sociales. En específico, creemos que los procesos de construcción de los derechos sociales no tienen por qué estar referidos exclusivamente al Estado, cuestión especialmente inviable en el contexto chileno, donde se han vivido intensos procesos de individualización neoliberal y neoliberalización del Estado, que son difícilmente reversibles.

Ciertamente, lo anterior no implica una renuncia a la construcción colectiva, sino más bien la apertura a la reflexión sobre la forma en que se articula ésta con un respeto -e incluso potenciamiento- de la libertad individual, pero a través del colectivo y su organización racional. Entendemos que las luchas por la construcción de unos derechos sociales públicos y universales pueden ayudar a avanzar en ese sentido, propiciando una mayor democracia, así como abriendo los canales de conexión entre la sociedad y la política.

Esto pues dicha conflictividad tiende a implicar un ejercicio de racionalidad colectiva puesta en función de la comprensión de las razones por las cuales la misma posibilidad de ejercer un determinado derecho se ve lesionada, así como una búsqueda por resolver tal situación. Por ejemplo, la inexistencia del derecho de autodeterminación del pueblo mapuche es precisamente uno de los factores que ha propiciado un intenso proceso de reflexión colectiva que ha llevado a proponer diversas y posibles soluciones a dicho problema, aunque usualmente convergentes en la autonomía. En ese sentido, la lucha por la posibilidad de ejercer un derecho puede implicar -y creemos que, en un sentido emancipador, debe hacerlo- la búsqueda por desarrollar procesos de construcción de lo común, que vayan habilitando dicho ejercicio y acrecentando las posibilidades de profundizar tales afanes, a través de un ejercicio de diálogo democrático y autorreflexivo sobre las formas más idóneas para lograr tales propósitos. En otras palabras, es una necesidad avanzar desde la exigencia del consumidor a la preocupación activa por lo público del animal político.

Por eso apelamos a marcar una distancia fundamental con aquella comprensión de los derechos que los entiende algo que puede “poseerse”, es decir, una concepción privada y mercantil de los mismos, aunque ellos sean distribuidos en un mercado gratuito. El problema que aquí queremos enfatizar es que el nudo político del asunto estaría más bien en la forma en que se están produciendo tales derechos que, en el caso chileno, es a través de una subsidiariedad estatal que entrega nichos de acumulación regulados a los grandes poderes económicos. De tal forma, entendemos que la posibilidad de avanzar en la resolución de este modo de producción – que es una de las matrices de la correlación actual de fuerzas al dificultar la organización social y política emancipadora – se juega en las luchas por la reconstrucción de derechos sociales públicos y universales.

Finalmente, creemos que los avances en este sentido también pueden abrir puertas para revertir el desencanto con la política, puesto que, si es posible demostrar que los procesos de politización y organización colectiva pueden ir resolviendo algunos problemas concretos que, además, van permitiendo modificar las correlaciones de fuerza existentes y, por ende, habilitando cambios cada vez más profundos, es posible pensar que pueden reconstruirse los puentes entre la sociedad y la política. Esto, por supuesto, implicará que nuevos grupos sociales deberán incluirse en los procesos de construcción de lo público y lo común, cuestión en la que Chile y también las fuerzas de cambio, se encuentran en una profunda deuda.