LA IZQUIERDA Y EL BALANCE DEL GOBIERNO DE BACHELET: CONTRA EL MITO

Luis Thielemann

Historiador, licenciado y Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de Fundación Nodo XXI.

Resumen

A partir de lo que se ha planteado desde ciertas vocerías de la Nueva Mayoría, el futuro gobierno debiera, según quién sea electo, profundizar o defender lo que se ha denominado como “el legado de Bachelet”. Este escrito debate dicha hipótesis planteando que el gobierno que termina no solo no realizó las reformas que importantes sectores de la sociedad han demandado, sino que tampoco intentó realizarlas seriamente, pues, cuando las hizo, fue previa negociación con los empresarios y partidos de la derecha, alejándose de los actores sociales movilizados. De esta forma, se propone un rechazo a la tesis del “legado” y se defiende una política de izquierda que termine con la transición y el Estado subsidiario. Solo en estos términos es posible una genuina unidad y una potente proyección estratégica de las fuerzas de cambio en Chile.

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El eje de la política en Chile se ha mantenido, por décadas, extremadamente corrido a la derecha o, lo que es igual, la política se ha entendido como disputa y administración del poder. Esta ha estado radicalmente controlada por las clases propietarias, marcándose así sus intereses y sus límites. Hegemonía en la sociedad quiere decir la capacidad de imponer el interés de un colectivo, en este caso, las clases vencedoras de 1973 como interés universal. En los años noventa, la prensa nos hacía alegrarnos cada vez que Chile subía en los rankings globales de “competitividad”, esto no era otra cosa que la facilidad para el negocio privado sin molestias fiscales; mientras que en los años recientes se nos vende como desarrollo del país las ganancias que la burguesía del retail obtiene más allá de las fronteras del propio territorio.

Durante estos largos años de transición eterna, para cualquiera que miraba a Chile desde fuera, incluso para la mayoría de los chilenos, la izquierda del país eran los partidos progresistas de la Concertación, es decir, el PPD y el PS. La permanente alternativa comunista en las elecciones duraba hasta que en las segundas vueltas repetían la acción de 1988: terminar por apoyar, en la hora última, la iniciativa de la Concertación. Su inclusión en la coalición gobernante, desde 2013, solo terminó por cerrar ese círculo de apoyo (ya casi teatral).

La forma política, los contenidos y todo lo que pudiese significar y contener el concepto de “izquierda” fue definido por los partidos de la transición que tuvieron el monopolio de su uso y abuso. Incluso, la hegemonía de la Concertación iba más allá: podía definir qué era lo posible y lo imposible de cambiar, además, podía destinar subsidios con fondos públicos a la ganancia del capital, esto era para ellos en realidad una forma de progresismo. Así, era (y aún lo es) difícil impugnar dichas cuestiones, pues el orden de la transición estaba diseñado, legal y parlamentariamente, para expulsar de la política a dicha impugnación.

Puede que haya comenzado en 2008 con la famosa foto de “las manos levantadas”, cuando con la firma de la LGE se aplastó el plan de reivindicaciones estudiantiles de 2006. Tal vez se confirmó el 2011, cuando no solo los estudiantes y sus familias, sino enormes franjas militantes de una nueva izquierda larvada en luchas sociales desde los años noventa, pudieron enfrentarse directamente a la derecha sin necesidad de un gobierno socialista o de los partidos que habían pregonado por décadas su conocimiento de los misterios de la política posible. Lo que es seguro, es que se construyó con fuerza, abiertamente en los últimos cuatro años, un proyecto de izquierda que se desprendió de esa tutela concertacionista sobre qué podía ser y no ser la izquierda.

El domingo 19 de noviembre esa tutela se acabó, la hegemonía de la Concertación sobre qué era la izquierda terminó hecha pedazos ante los porcentajes de votos obtenidos por ésta y por el Frente Amplio. La exigua distancia (2%: 100 mil votos) entre ambas opciones dejaron algo claro: ni el PS, ni el PC, ni mucho menos el PPD pueden hoy establecer límites a una izquierda que ningunearon por mucho tiempo, y que hoy representa a uno de cada cinco votantes y a millones en sus demandas de reformas al Estado subsidiario. La izquierda del Frente Amplio alcanzó su mayoría de edad y puede mirar a la misma altura, no sin cierta arrogancia, a los partidos de la izquierda del siglo XX. Lo que queda en cuestión, ahora, es dónde reconoce su origen e historia esta nueva izquierda: si en las luchas sociales antisubsidiarias de la última década o en el relato de la transición que acepta el mito de “el legado de Bachelet”.

1. El legado: rechazar el mito

En esta nueva situación, un campo que parecía unificado en la oposición a Pinochet parece dividido entre aquellos partidos y referentes que se aferran a la posibilidad de mantener el mayor tiempo posible la política dentro de los límites de la transición, y aquellos que proponen un programa de reformas. Si bien en un momento el primer grupo tendió a ningunear al segundo, estos últimos se elevaron con una soberbia propia de la adolescencia hacia el final de la campaña (cuando el triunfo de Piñera parecía seguro) y, sobre todo después del 19 de noviembre, la relación parece haber cambiado. Los intelectuales del primer grupo se han apresurado -desde la creación del Frente Amplio en 2017, pero con argumentos formulados en la campaña presidencial de 2013- a plantear que, a pesar de las notorias diferencias programáticas, ambos grupos comparten el objetivo de reformas al neoliberalismo, y donde “el diablo mete la cola”, que los primeros avances e intentos en ese rumbo se habrían dado durante el gobierno de Bachelet que está terminando. De esa forma, se intenta, nuevamente, resolver la crisis de representación que se asoma sobre los partidos de la Nueva Mayoría, jugando con una hegemonía que ya no tienen. Esta deformación del pasado no sería un problema, salvo para los que practicamos el oficio de la historia, si no fuera porque establece un mito de origen que tiene capacidad normativa: la política de reformas desde la izquierda concertacionista tiene límites antisociales basados en la función subsidiaria de la transición. Así, el relato del legado es una sofisticada forma de gatopardismo, pero gatopardismo, al fin y al cabo.

¿En función de qué razones es posible cuestionar la tesis del legado de Bachelet? La verdad es que lo primero que se debe desmontar es el relato, rápidamente afianzado, de que había un programa original en 2013 y este se deformó durante el transcurso del gobierno, en específico, en los enfrentamientos con el ala derecha de la coalición, particularmente con la DC. Si bien se profundiza más abajo sobre lo último, antes que todo cabe destacar que Bachelet y la Nueva Mayoría fueron intencionadamente ambiguos en la campaña presidencial de fines de 2013. Ni siquiera en segunda vuelta se apresuraron a definir a qué se referían con gratuidad universitaria, en qué consistía la prometida reforma tributaria o cómo se llevaría a cabo una Asamblea Constituyente. Todo lo que durante la campaña se criticó a Piñera (y, en parte, a Guillier): su ambigüedad programática, su actitud de triunfador antes de las elecciones que le permitía silencios sobre temas incómodos y una campaña liviana, ya estuvo presente en los famosos “paso” de Michelle Bachelet en la campaña de 2013. En ese momento, cuando se la presionó por definiciones, estas fueron dirigidas a oscuros comités de expertos, a tecnócratas y otros sacerdotes de la doxa que rápidamente aplicaban a las reformas el pesado plomo de las sagradas escrituras neoliberales, para declarar su imposibilidad u obsolescencia.

Desde un comienzo, hubo una desnaturalización de la voluntad de reformas expresada en las luchas de los años anteriores a las presidenciales de 2013. Mientras se ofrecía gratuidad, no se discutía sobre educación pública; mientras se discutía sobre derecho a la salud, se disponían a seguir subsidiando el negocio de licitaciones y ventas de camas; mientras se demandaba cambio a la Constitución, el gobierno proponía mecanismos engorrosos y ningún contenido. Todo ello antes de marzo de 2014, cuando Bachelet asumió el Gobierno. Lo cierto es que cualquier balance de esta administración debe desembarazarse de la tesis de un programa original traicionado en la medida que se intentó aplicar.

Dicha tesis es un refrito de la interpretación de los gobiernos concertacionistas de los noventa sobre los que también se dijo que hubo un “programa olvidado”, el cual, a pesar de la iniciativa política, habría sido detenido por la derecha y las amenazas militares. Los fríos hechos recuerdan que, si hubo un intento de enfrentar a la derecha, este no pasó de los primeros días del gobierno de Aylwin. En marzo de 1990, la Concertación traicionó por primera vez el programa de gobierno con que ganó las elecciones apenas tres meses antes. Negoció la reforma tributaria con RN, bajó sus efectos redistributivos y aumentó el IVA del 16% al 18%. Lo importante no fueron ya los impuestos, sino el sentido político de que la Concertación aceptó desde el primer día los vetos de la derecha y el empresariado. Alejandro Foxley, ministro de Hacienda que gestó el acuerdo, diría años más tarde, “en un debate tributario, lo importante no es tanto el objetivo final, es decir cuánto se recaudará, sino cómo se llega a ese objetivo. Qué es transable y qué no”¹. En marzo de 2014, Michelle Bachelet llegó al gobierno y encomendó a sus partidos y funcionarios a realizar una reforma tributaria para financiar las transformaciones prometidas en campaña. Esta reforma terminó en la famosa “cocina” de Zaldívar, entregó mucho de su capacidad redistributiva y, dos años más tarde, los argumentos para no realizar dichos cambios pasaban de la oposición de la DC a la falta de recursos.

Así, al igual que el mito del espíritu original del gobierno de Aylwin, que habría sido traicionado por dentro de la coalición y habría sido rechazado desde la derecha, la argumentación de un programa bacheletista que se enfrentó a los mismos enemigos -como una tragedia que se vuelve una comedia- no resiste análisis a la luz de los hechos. Desde la primera a la última reforma, desde un principio, todos los cambios se pensaron como afines al interés empresarial y no como correcciones al modelo.

Además, no solo las reformas no tuvieron la capacidad de, por lo menos, regular o contener las lógicas del Estado subsidiario y su tradición de servir para acomodar el clima social e institucional de los negocios, o derechamente financiarlos con dineros públicos, sino que expandieron la capacidad de este tipo de iniciativa. Si bien hubo casos como la misma reforma tributaria que permitió distintas formas regresivas del nuevo sistema de impuestos, el caso más llamativo ha sido el de la gratuidad en educación. Como la mayoría de las reformas, al ser diseñadas bajo el modelo de la transición -es decir, de consenso con empresarios y partidos de derecha-, terminaron tan alejadas de las demandas de las movilizaciones que, finalmente, favorecen el negocio privado. El caso ejemplar resultó con la gratuidad, construida como un subsidio individual basado en la demanda y hecho sin iniciar una expansión de la matrícula en Educación Superior pública. Esta reforma terminó abultando la ganancia en universidades de planteles abiertamente con fines de lucro. Los estudiantes, a pesar de ofrecer mesas de negociación y trabajo con el Ministerio de Educación, alejados del discurso del “todo o nada” que tanto se les achacó, terminaron derrotados por un Gobierno que nunca estuvo dispuesto a considerarlos sus aliados en la lucha por la educación pública, pues, al parecer, dicha lucha nunca estuvo a la orden del día en la Nueva Mayoría.

Dicha situación plantea una última razón de porqué una base común para la oposición a Piñera no puede estar en el denominado “legado de Bachelet”: la negativa a apoyarse en los movimientos sociales para empujar la agenda de reformas. Si bien Bachelet llegó al gobierno con un apoyo popular enorme y, sobre todo, apoyada por la mayoría de las personas que se movilizaron y apoyaron las luchas sociales de 2011 y sus propuestas de derechos sociales, nunca se decidió a usar esa fuerza más allá de convocarlos a votar. No se apoyó en movilizaciones democráticas, no convocó a los actores sociales a trabajar en las leyes, no trabajó por defender las reformas junto con organizaciones de la sociedad civil. Y no se trata de cobrarle a Bachelet falta de radicalidad, nadie esperaba eso. Simplemente se propone la vieja hipótesis socialdemócrata, según la cual el movimiento social sostiene el empuje de los parlamentarios y gobernantes para defender los derechos frente a los capitalistas; la misma que se perdió junto al programa de 1990, es decir, en negociaciones con empresarios para cubrir después con mito la propia renuncia.

Llegamos al problema de fondo del “legado de Bachelet” y a la principal razón de su rechazo. La negativa para gobernar apoyada con las demandas sociales y su celeridad para legislar siempre previa conversación con los actores empresariales. Esta puede ser considerada como una orientación política y no solo como el miedo propio de la transición. En el fondo, es el carácter social mismo del Gobierno, su real posición en los conflictos sociales del siglo XXI, lo que se muestra evidente en este punto del análisis. Vale decir, su carácter proempresarial y de profundización del Estado subsidiario. Si se acepta el “legado de Bachelet”, como base para ser oposición a Piñera, la política de izquierda no da un paso afuera de los consensos de la transición. Por el contrario, se convierte en la mejor versión posible del Estado subsidiario, negando a la política de izquierda cualquier camino que no sea la administración piadosa del presente eterno, decretando de paso el fin de la historia en el neoliberalismo.

De esta forma, el legado de Bachelet no debe ser rechazado, como la inocencia izquierdista podría indicar a primera vista: por tibio, pues eso supondría que inició un camino que solo bastaría con profundizar. Lo que una posición de izquierda debe rechazar es la forma política que lega el gobierno de Bachelet: programas ambiguos que no establecen compromisos, reformas que se negocian únicamente con los empresarios y no se apoyan en las fuerzas sociales-populares y, por último, y a modo de consecuencia de lo anterior, un uso de las reformas como “caballo de Troya” de la expansión de la lógica de hacer negocios con la focalización de recursos públicos con destino privado, como bien lo demuestran los casos de Educación Superior y la gratuidad o la licitación de camas hospitalarias públicas. Así las cosas, profundizar el “legado de Bachelet” es la penúltima forma en que la lógica de la transición se reactualiza profitando del empuje popular por cambios en Chile.

2. Rebeldía para asumir otra historia: ser oposición en el siguiente gobierno

El mentado “legado de Bachelet”, entonces, permite una paráfrasis del cliché del conde de Lampedusa: “hacer como que todo cambia para no cambiar nada”. La espectacularidad del discurso reformista -imposible olvidar eso de la retroexcavadora- sirvió a modo de fanfarria épica de corto alcance para cubrir una escasa voluntad de cambio. Ni siquiera el apriete de los últimos meses del gobierno permite revertir la vocación de sostener las lógicas subsidiarias de la transición que le caracterizó por cuatro años. El mito que se intenta construir, con claros visos electorales (para Guillier, pero con el ojo puesto en las presidenciales de 2021), debe ser puesto en su lugar como el viejo truco de la mitología republicana para recubrir la miserable historia real de acumulación de capital y explotación de mayorías humanas. No hay nada nuevo en esto, es el mismo discurso de la transición que culpó a Pinochet y sus herencias de todo lo que se negaron a cambiar. “No se puede”, como mantra, incluso cuando sí se pudo. La transición encuentra en la tesis del “legado de Bachelet” una forma de pasar a dirigir a la oposición espectacular, pero despolitizada de un posible gobierno de Piñera, para vender el viejo vino de “los acuerdos” en el odre nuevo de la “profundización de las reformas”. En ese diseño, el Frente Amplio es la espalda crédula en que se apoya la porfiada iniciativa del Estado subsidiario.

El Frente Amplio, pero también quienes se consideran de izquierda en la Nueva Mayoría y la tesis del legado no los termina de convencer, deberían asumir entonces una posición crítica de lo hecho en el gobierno de Bachelet. La mejor crítica es asumir que las reformas solo avanzarán si son fruto de una alianza social y política amplia que renuncia a ser condescendiente con el rentismo empresarial, que asume finalizar la Transición y que se apoya en la fuerza autónoma y movilizada, dispuesta a la política desde las luchas sociales populares y antisubsidiarias. Esto implica no solo rechazar el mito, sino la forma de mirar la historia de la que dicho mito es tributario.

Esta historia es la que rechaza la politización de la sociedad y que considera como un error el poder del movimiento popular previo a 1973. Este rechazo de las fuerzas sociales asume como naturaleza el rol ejemplar que le asignan los poderes capitalistas globales en el continente. El mito de que las formas de la transición es la única forma posible de la política y el origen de todo avance del país, fortalece la historia de Chile como exitoso modelo de explotación neoliberal para el siglo XXI. La oposición al gobierno que comienza en marzo de 2018 se construirá no con mitología, sino que proyectando la historia de luchas basada en otra historicidad. Esa historicidad se reconoce en los cambios importantes propuestos desde las luchas sociales; cambios que costaron esfuerzo y largas movilizaciones, pero, sobre todo, que implicaron la disposición a poner a la sociedad y sus necesidades, incluso en los mismos partidos nuevos, como centro rector de la acción.

Una izquierda para el ciclo que viene no solo debe tener una buena crítica al orden neoliberal, sino, también, una posición reconocida entre los subalternos y una proyección histórica que rechace el mito y ponga pie firme en la historicidad de sus luchas para no hacerse ilusiones y para proyectar futuros posibles y transformadores. La unidad de las fuerzas de cambio, entonces, no pasa por inscripciones en mitos de escasa densidad, más bien en la disposición de terminar con la política excluyente de los intereses sociales y la voluntad de acabar con el Estado subsidiario, imponiendo un nuevo régimen de derechos sociales y democracia.