1. Actualidad de las políticas de migración en Chile
En la actualidad se está tramitando una nueva ley de migraciones. Era un consenso la necesidad de una regulación, pues la actual, que viene de la dictadura, se encuentra obsoleta tanto por su enfoque de seguridad nacional como por su desajuste con la realidad actual.
De hecho, en las últimas cuatro campañas presidenciales se planteó la necesidad de una nueva legislación migratoria, cuestión que sólo se concretó hace algunos meses. Fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet que el tema adquirió una relevancia pública significativa, pero no se logró concretar una reforma migratoria por la resistencia de sectores del PS, el PPD y la DC, miembros de la Nueva Mayoría.
Lo anterior implicó una sensación de desorden y nula reacción frente a la intensificación de la migración. Es que de acuerdo a los datos disponibles, entre el 2010 y el 2015 la tasa migratoria que más se elevó en el continente fue la chilena. También, entre el 1992 y el 2017 se pasó de un 0,84% a un 4,35% de población migrante en nuestro país[1].
Con una nueva realidad que hace imposible la mantención de la legislación migratoria más antigua de toda América Latina, y con un gobierno anterior ineficaz en hacerse cargo del tema, la actual administración de Sebastián Piñera tuvo tabula rasa para llevar a cabo una reforma migratoria de acuerdo a sus perspectivas, tomando como puntales la seguridad nacional, el discurso del buen y mal migrante y la idea de “ordenar las casa”.
Un primer hito en el despliegue de esta política tiene que ver con el proceso de regularización migratoria extraordinario que estuvo abierto entre abril y junio del año 2018. Participaron de él alrededor de 160.000 personas[2], y si bien fue entendido como necesario por organizaciones migrantes y promigrantes[3], también fue criticado por proponer criterios discrecionales para la obtención de visas, por la búsqueda de maquillar las cifras para sacar réditos políticos fáciles por parte del gobierno y por la mala organización general del proceso que generó esperas de días y larguísimas filas de varias cuadras de largo[4].
Hace algunas semanas, el subsecretario Rodrigo Ubilla puso énfasis en que 12.000 personas que participaron del proceso no cumplían con las condiciones, por lo que se debía iniciar su proceso de expulsión. Esto ha suscitado la crítica de diversas organizaciones migrantes y promigrantes, especialmente por la gran publicidad que se da a procesos que se encuentran mediados por acuerdos carcelarios vigentes, los cuales en el pasado se han desarrollado sin mayor fanfarria[5]. En buena medida, la principal acusación vertida desde la sociedad civil y parte de la oposición, tiene que ver con la búsqueda del gobierno por vincular “migración” con “crimen” y “expulsión” con “seguridad”.
Un segundo momento central del actuar del gobierno durante el año pasado fue la reactivación de la reforma migratoria presentada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Así como con el proceso de regularización extraordinario, también hubo un reconocimiento general de la necesidad de la nueva ley, que por cierto tiene elementos rescatables. Por ejemplo, la creación del Consejo de Política Migratoria puede ser un aporte autónomo y crítico, dependiendo de su composición y reglamentación.
Por su parte, las críticas al proyecto fueron intensas y están centradas, entre otros, en tres elementos: la exigencia de visas consulares, la imposibilidad de modificar la situación migratoria al interior del país y el retroceso en las garantías de un debido proceso para las expulsiones.
Lo primero dice relación con la exigencia de adquirir una visa en el consulado chileno del país de origen para poder migrar hacia nuestro país. Esto tiene como principal problema un criterio de realidad, pues existe relativa certeza -dada la evidencia tanto internacional como nacional- que la migración va a seguir sucediendo a pesar de las trabas que puedan ponérsele. Un ejemplo patente de ello en Chile ha sido el caso dominicano, pues cuando se impuso la exigencia de visas consulares, lo que sucedió fue un aumento exponencial de la migración irregular y la trata de personas.[6] Respecto a la prohibición de cambiar el estatus migratorio estando en Chile nuevamente se apela al criterio de realidad; así como también, a la libertad de cambiar de decisión sobre un proyecto de vida individual o familiar. En torno a las expulsiones, con la eliminación del paso administrativo para alegarlas, el tema queda en la exclusiva competencia de la Corte de Apelaciones, lo que puede pasar a llevar el debido proceso, al eliminar un recurso administrativo que incluso se encuentra presente en el DL1094 de 1975.
Un último hito fue la abstención de firmar el Pacto Migratorio en diciembre. Esta inesperada decisión se ha leído como un endurecimiento de posiciones en la temática, así como un viraje en la política exterior del país. También representó una búsqueda de aire por parte del gobierno que, en ese minuto, se encontraba fuertemente golpeado por el affaire entre Carabineros y el Ministerio del Interior a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca. Es que, entre otras cosas, esto último llevó a intensas críticas por la “blandura” de la administración piñerista por parte de José Antonio Kast. En ese sentido, esta acción puede entenderse como un intento por contener un eventual desbande dentro de la derecha.
En cualquier caso, es necesario hacer notar que las políticas del gobierno parecen tener un apoyo relevante en la población nacional. Ya en 2017, antes de comenzar el gobierno actual de Piñera, el VIII Informe Anual sobre la Situación de los DD.HH. encontró que un 68,2% de los chilenos “está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes a Chile.” El mismo informe demuestra que el 76% reconoce situaciones cotidianas de violencia contra inmigrantes, y que dichas situaciones “tienden a acentuarse entre la población joven, los segmentos socioeconómicos más bajos y la zona norte del país.” Así, se hace necesario asumir que la noción de “ordenar la casa” no responde sólo a un ideologismo, sino también a una necesidad sentida por franjas importantes de la población, lo cual implica desafíos para un proyecto migratorio emancipador.
2. Diagnóstico del apoyo ciudadano a las políticas anti-migratorias en Chile
El apoyo al proyecto migratorio promovido por el gobierno responde al menos a cuatro elementos: el malestar general asociado al neoliberalismo radical chileno; el racismo y la xenofobia históricas; los discursos globales; y la separación entre la política y la sociedad.
Es que la vida en el neoliberalismo chileno se ha ido precarizando de forma progresiva, tanto con la falta de movilidad social popular como con el riesgo de la proletarización de capas medias; cuestiones asociadas a un aumento de la desigualdad, a una mercantilización de derechos sociales y a una reducción de derechos laborales. Todo consecuencia de una correlación de fuerzas en extremo desigual, enraizada gracias al terrorismo del Estado dictatorial y consolidada en las décadas posteriores. Ante el reconocimiento de esa realidad, se levantan voces que plantean la migración como un factor explicativo de ese malestar.
En primera instancia, a nivel laboral, existe un estudio reciente del Banco Central que afirma tanto un efecto positivo de la migración en el empleo, como un estancamiento de los sueldos a propósito de la mayor masa laboral.[7] Además, de acuerdo a un estudio de Clapes-UC del 2018, sólo un 20% de los migrantes en Chile tienen un empleo calificado,[8] por lo que la mayor presión laboral se encuentra justamente en los segmentos de la población que más han debido asumir los efectos de la precariedad laboral, que son quienes manifiestan mayores rechazos a la migración. En ese sentido, es posible aventurar que las políticas de selección migratoria también tengan efectos en las dinámicas laborales de los próximos años: la entrada de capas medias venezolanas, por ejemplo, no tendrán las mismas consecuencias que las de grupos empobrecidos de haitianos.
En cuanto a los derechos sociales, también es posible encontrar situaciones contradictorias, pues a la vez que ha existido un aumento de los usuarios de servicios públicos de salud o educación, no necesariamente se han expandido de forma acorde las cargas de trabajo ni la capacidad infraestructural de recepción. En ese sentido, al mismo tiempo es posible encontrar asidero a las reivindicaciones laborales por exceso de trabajo; a las críticas a un sistema discriminatorio y segregador[9]; o a la consideración de la migración como un factor que dificulta el acceso adecuado a este tipo de prestaciones. Esto último, aun cuando los datos de la realidad no siempre se ajusten a dicha percepción.
Es que, la pérdida del empleo, del cupo en el jardín infantil o la mayor espera en el consultorio no se resuelven mediante una apelación a los datos estructurales. Por el contrario, estas experiencias de vulneración de los derechos sociales y económicos que parecen sentir una mayoría de los y las chilenas bien pueden acrecentar el malestar social derivado de nuestro neoliberalismo, canalizándolo hacia la migración que, más que la causa, es un catalizador que maximiza las consecuencias de un problema harto más complejo. Por cierto, el rol de los medios de comunicación en este plano existe, pero la comprensión de sujetos pasivos manipulados tiende a reproducir sesgos elitistas sobre la capacidad crítica de las personas que expresan malestar frente a la inmigración.
En cualquier caso, es indudable que los discursos públicos y hegemónicos están muchas veces atravesados por el racismo y la xenofobia. El VIII Informe Anual sobre la Situación de los DD.HH. del año 2017 constató que al mismo tiempo que existe un rechazo pronunciado a los inmigrantes, “un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser ‘más blanco que otras personas de países latinoamericanos’”, mientras que “un 71,3% se muestra de acuerdo con la afirmación de que con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas”, datos que confirman que hay una estrecha relación entre las actitudes anti-inmigrantes y la realidad histórica y actual del racismo institucional y cotidiano en Chile, ya ampliamente estudiado.
Este es un soporte ideológico importante en algunas de las reacciones que ha generado el fenómeno migratorio. También es un dispositivo fundamental para la reproducción y legitimación de desigualdades globales y estructurales de toda índole que están en la base del orden geopolítico contemporáneo, derivado de procesos imperiales y coloniales, cuestión vinculada a los procesos de devastación medioambiental, acumulación por desposesión, apropiación de recursos y Estados “fallidos” actuales, que han conllevado un intenso aumento de flujos migratorios en diversas partes del mundo, Chile incluido.
Ello ha generado un aumento de discursos globales sobre el tema que ayudan a comprender las disposiciones actuales sobre la migración. En efecto, por un lado existen las perspectivas liberales que hacen caso omiso de las problemáticas efectivas que pueden derivarse de procesos migratorios, entendiendo su resolución como un mero ejercicio de tolerancia individual. También existe el multiculturalismo neoliberal, que mercantiliza la diferencia, y concibe al individuo como consumidor, centrando la defensa contra la discriminación en la incorporación al mercado. Por otro lado, se ha constatado una intensificación del nacionalismo de ultra derecha, que entiende la migración como un problema securitario, pero que también hace referencia a la preocupación por los derechos humanos. Es que, en la medida que se ponen trabas a la migración, se afirma, se evitan las consecuencias indeseables de la misma. La evidencia disponible afirma lo opuesto.
En el contexto chileno muchos de estos discursos se replican, pero no son meras copias. Por ejemplo, la retórica derechista no tiene tintes racistas y xenófobos tan explícitos como en Europa y Estados Unidos, por más que existan evidentes arbitrariedades en entregas de visas a migrantes de ciertos países por sobre otros y por más que se puedan inferir motivaciones racistas en el “reciclaje” de personas blancas o nacionales por personas negras y extranjeras que implica el controversial Plan de Retorno Humanitario. Asimismo, las políticas multiculturales han estado más enfocadas a los pueblos indígenas que a los grupos migrantes. Y aunque en el ámbito idiomático y educativo es posible encontrar iniciativas, estas no tienen la sistematicidad de una política pública planificada y coherente.
En efecto, parte de la labor de integración de los migrantes viene de la mano de la sociedad civil y organizada, a través de diversas agrupaciones migrantes y promigrantes. Y estas tienen posiciones y propuestas claras sobre las necesidades institucionales y legislativas; aunque en muchas ocasiones no existe un correlato político en torno a ellas. Es que, como en otros ámbitos, las conexiones entre la política y la sociedad están cortadas, lo cual genera que la primera sea ineficaz, profundizando la desconfianza en sus capacidades transformadoras. Sumado a lo anterior, se encuentran las políticas desarrolladas desde los diversos municipios que viven con mayor intensidad el fenómeno migratorio, actores que han acusado su falta de importancia en la discusión de la nueva ley.
De este modo, una de las primeras acciones que debe realizarse desde las fuerzas de cambio es convertirse en un instrumento para la profundización de las iniciativas entregadas por organizaciones de la sociedad civil.
3. Hacia otro proyecto de movilidad y política migratoria en Chile
Ante la arremetida de la derecha en temas migratorios, la izquierda no ha logrado articular un proyecto político que pueda, al mismo tiempo, generar consenso dentro de las fuerzas políticas de cambio, encontrar apoyo en la sociedad, asumir principios de acuerdo a los derechos humanos y ser eficaz en su abordaje del fenómeno. Ha predominado, más bien, una tendencia algo pedante a corregir el sentido común antiinmigrante aludiendo a conceptos abstractos o a datos empíricos que poca relevancia tienen para las experiencias, ansiedades y fantasías de la ciudadanía en torno a la migración.
Es posible establecer una oposición entre la búsqueda por gestionar y organizar la migración, por un lado, y la perspectiva de regulación y control, por otro. La primera implica entender, como lo ha subrayado en varias ocasiones el ex Director de Extranjería Rodrigo Sandoval, la tridimensionalidad de los flujos y sus formas de gestión: controles claros, mínimos y expeditos de entrada y salida (Extranjería); relaciones internacionales que permitan el intercambio efectivo de información, así como colaboración y reciprocidad (Cooperación entre Estados, tanto en origen, tránsito y destino); y políticas de inclusión e integración asociadas a derechos sociales y laborales (integración en el país de destino).
Para avanzar mínimamente en ese sentido, hay que establecer varias dimensiones. A corto plazo, apremia la búsqueda por modificar los elementos más problemáticos de la nueva ley migratoria que fueron comentados previamente. Ello implica gestiones a nivel parlamentario y será un elemento decidor en la capacidad de cohesión que pueda tener una oposición al gobierno de Sebastián Piñera. También será fundamental el seguimiento del proceso de reglamentación de la nueva ley, pues allí se juega que los elementos positivos de esta nueva legislación se consoliden efectivamente.
Desde una óptica de más largo aliento, un elemento que fomentaría la entrada y salida del país desde la regularidad sería la expansión de la actual visa Mercosur a población de países que no pueden acceder a ella actualmente, pero que sí son significativos en las corrientes migratorias actuales, como Venezuela, Colombia o Haití. Esta visa permite la entrada regular inmediata, así como la posibilidad de solicitar la permanencia definitiva luego de un año[10].
Para ello, lo lógico sería avanzar en fortalecer acuerdos multilaterales en el ámbito de la migración que promuevan el tránsito regular y seguro de las personas, a la par que se fortalecen acuerdos ligados al comercio, infraestructura, comunicaciones y logística. Por su parte, los consulados deberían aumentar sus dotaciones y establecer mecanismos de información claros respecto de la situación socioeconómica del país y la regulación migratoria actual, a fin de que las personas puedan tomar decisiones informadas al momento de definir su proyecto migratorio, disminuyendo así la cantidad de personas en situación irregular ya llegados a Chile. Finalmente, el Estado de Chile debería establecer mecanismos que permitan establecer una mejor relación con el 1.037.346 de nacionales chilenos en el extranjero, un 50.4% de los cuales vive en Sudamérica[11].
Más allá de gestionar y organizar la migración, a nivel estructural, el objetivo debiera ser superar una visión parcelada de la migración y en vez entenderla como un aspecto importante de problemas más fundamentales que sólo se resolverá mediante políticas transversales de carácter global y radical. Así, un proyecto alternativo sobre la migración incluiría tanto a la población chilena como a los colectivos migrantes y contribuiría a producir instancias de reconocimiento que reduzcan en el mediano plazo las distinciones y tensiones con motivos de la nacionalidad, etnia o color de piel.
En este sentido, identificamos al menos dos dimensiones: la construcción de derechos sociales y laborales que unan los intereses de los trabajadores nacionales y extranjeros en contra de la clase propietaria dominante; y la descentralización y el fortalecimiento de gobiernos locales, donde organizaciones de la sociedad civil tengan la libertad de implementar políticas que, de acuerdo a las realidades de territorios específicos, estimulen la convivencia. Reconocer las diferencias de clase, género, etnia y “raza” que existen dentro de la categoría “inmigrante” podría llevar a desmitificar a la “migración” como un tema separado de otros temas y en vez construir un frente de luchas en donde “inmigrantes” se vinculen con nacionales no en su condición de inmigrantes sino que de trabajadoras, mujeres, indígenas, afro, etc. Así, al mismo tiempo que se lucharía en contra de la mercantilización de la vida y a favor de la descentralización del poder y la autonomía de la sociedad, se estaría luchando por los derechos de los inmigrantes.
En todo caso, las dinámicas comentadas ya se están desarrollando, tejiéndose redes de diversas organizaciones y reivindicaciones de acuerdo a las particularidades del caso. Así, por ejemplo, la situación de Antofagasta resulta especialmente interesante, pues allí se están desarrollando procesos de politización que desbordan la comprensión sectorial del problema migratorio, entrelazándolo con cuestiones transversales como el feminismo y el derecho a la ciudad. Durante la última década, Antofagasta se ha convertido en un destino importante para inmigrantes colombianos, bolivianos, peruanos y ecuatorianos, muchos de quienes se identifican como indígenas o afrodescendientes. De acuerdo al Censo 2017, el 11% de la comuna de Antofagasta la componen personas extranjeras. De sus aproximadamente 40,000 personas extranjeras, alrededor de 15,000 viven en 64 campamentos ubicados en los límites urbanos de la ciudad, cuya población es entre el 60 y 80% inmigrante, la mayoría mujeres[12]. Estos “campamentos” permiten a las pobladoras esquivar los costos altísimos de arriendo, así como formar espacios relativamente inclusivos en una ciudad marcada por un notable racismo[13] manifestado, por ejemplo, en la marcha anti-migrante del 2013 y en actuaciones de la alcaldesa Karen Rojo[14].
A diferencia de las tomas antiguas de la ciudad, que fueron apoyadas y regularizadas históricamente, las llevadas a cabo por estos “nuevos migrantes” han sido convertidas en un gran problema. Por un lado, las autoridades regionales tanto del gobierno anterior como del gobierno actual han insistido que “todos” los campamentos actuales de la ciudad están en zonas de riesgo[15], a pesar de que si bien algunas zonas de algunos campamentos tienen evidentes condiciones de riesgo, no existen estudios fundados que lo demuestren para todos los casos. A pesar de ello, el gobierno anterior creó el Plan de Superación de Campamentos (2015-18), que dio pie a una política pública en materia de campamentos única para la región, usando fondos y recursos humanos destinados para situaciones de emergencia en el Ministerio del Interior. El Plan buscó, por medio de capacitaciones a dirigentes y participación en sus organizaciones comunitarias, “contener” el crecimiento de los campamentos, permitir y justificar la presencia excepcional del Estado en estos espacios y normalizar su “erradicación” y el re-asentamiento de sus habitantes en “barrios transitorios” como la única “solución”, combinando así elementos humanitarios con elementos de seguridad nacional ante una opinión pública sospechosa del Plan.
Por otro lado, debido a los réditos económicos que generó el superciclo del cobre, estos “campamentos” tienen una naturaleza distinta a los fenómenos que históricamente se han denominado así en Chile. De hecho, los ingresos de muchos de sus habitantes los coloca por sobre la línea de pobreza nacional; las construcciones son sólidas y los espacios públicos relativamente bien planificados; y la mayoría de las personas se encuentran conectadas de manera irregular pero eficiente (aunque no siempre segura) a los servicios de agua, electricidad e incluso alcantarillado[16]. Inclusive, una encuesta de Techo-Chile el año 2017 encontró que “el 74% de los vecinos [de campamentos] cree que su vida mejoró después de llegar a vivir en un campamento”[17]. Las relativamente buenas condiciones en que viven las pobladoras, sin embargo, no son vistas como evidencia de su creatividad y organización sino como ejemplo de la “frescura” de los migrantes, que se aprovecharían del país pues no “necesitan”, y por ende no merecen, el apoyo del Estado[18]. Esto refuerza ideas que enmarcan al inmigrante como un usurpador de recursos que debieran ser de uso exclusivo para chilenos. Pero también va en la línea de la lógica subsidiaria del Estado posdictatorial, que se manifiesta en que el Servicio de Vivienda y Urbanización se ha negado a habilitar los comités de los campamentos bajo la excusa que los nuevos pobladores se deben “poner al final de la fila” de los allegados chilenos que esperan su vivienda y que sólo serán habilitados después de que el actual catastro de campamentos “verifique” quiénes en los campamentos son “hábiles” y quiénes no.
Entendiendo sus comunidades no como espacios de transición destinados al desarraigo y la destrucción sino como barrios autogestionados emergentes, pobladoras mujeres de varios campamentos han resistido el “traslado voluntario” de sus comunidades a barrios transitorios[19] y comenzado a gestionar y financiar estudios topográficos y de suelos -cuya ejecución es usualmente la responsabilidad del Estado- para así levantar propuestas de “radicación” de sus campamentos. El caso más emblemático ha sido el del Macrocampamento Los Arenales, donde las pobladoras superaron la forma organizativa del comité de vivienda, formaron una agrupación paralela a estos comités y, con la ayuda de la ONG independiente Attas-Fractal, obtuvieron financiamiento del Slum Dwellers’ International para llevar a cabo un proceso de formación intelectual, mapeos participativos y estudio de suelos. La idea contra-hegemónica de radicar sus comunidades valoriza la producción social del hábitat; evita el traslado de las comunidades de los campamentos a viviendas sociales, con las consecuencias que ello implica; libera a las pobladoras de las ataduras y disciplinamiento de los subsidios habitacionales y del sistema patriarcal que encuentra su eje de poder en el hogar; y les permite mayor control sobre el proceso de planificación y construcción de sus comunidades. Asimismo, los campamentos han generado procesos de identificación que tienen como referente la unidad continental, desarrollando actividades que apuntan al anhelo de construir una “ciudad latinoamericana”.
En definitiva, en Antofagasta logramos reconocer una articulación entre la lucha por los derechos humanos de los inmigrantes a vivir dignamente con otras luchas relevantes a nivel nacional, como la feminista y las urbanas por una ciudad justa. Y es que, en el proceso de su lucha por defender sus territorios, muchas de estas pobladoras inmigrantes han tejido relaciones con movimientos de pobladoras por la autogestión habitacional como también movimientos feministas, que reconocen que las luchas populares en comunidades marginadas de las ciudades han tenido históricamente a mujeres como protagonistas.
Ante la hegemonía de la derecha en las políticas de migración en el Chile actual y la falta de un proyecto político de izquierda, es necesario que las fuerzas políticas de cambio se rearticulen con movimientos y organizaciones ya presentes en terreno. Las posturas moralizantes y la apelación a datos empíricos abstractos tiene que ver justamente con la falta de una infraestructura que una las luchas de personas inmigrantes por sus derechos sociales y económicos con las propuestas institucionales sobre la migración. Construir dicha infraestructura a nivel organizacional y comunicacional nos permitirá concebir que la migración como derecho humano tiene como condición de posibilidad la construcción de derechos políticos, sociales y laborales efectivos y democratizadores; y para construir la fuerza que habilite esto último, no se puede prescindir de la población migrante.
Historiador de la Universidad de Chile. Encargado del Frente de Derechos Humanos del Partido Comunes.
Psicólogo social. Miembro de ONG de Desarrollo Attas-Fractal.
Candidato a Doctorado en Antropología en la Universidad de Stanford
