Rodrigo Mundaca: “Hay una discusión estratégica que es clave: la reapropiación social de lo público que hoy nos es negado”

Recientemente premiado por la ciudad alemana de Nüremberg con el Premio Internacional de Derechos Humanos 2018 por su labor como secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca nos comparte su mirada sobre los conflictos ecoterritoriales y los desafíos democráticos que entraña la reapropiación social de las esferas publicas actualmente privatizadas. El también miembro del consejo de la Fundación Saberes Colectivos, conversa con Cuadernos de Coyuntura sobre el papel y proyecto que debiese caracterizar a una izquierda del siglo XXI.

*Felipe Ruiz. Editor de Cuadernos de Coyuntura.

En los últimos años ha habido focos —hablábamos de Quinteros, Camarones, Freirina— de movilización en torno a problemas que se les llama “ambientales”. ¿Cómo podríamos caracterizar de mejor forma los conflictos sociales que emergen en esos ámbitos? ¿Son el agua, la energía y el medio ambiente una piedra de tope cuando el ciclo económico chileno, basado en la exportación minera y agrícola intensiva, parece estar tocando techo?

Durante 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evacuó un informe sobre conflictos socioambientales en todo el país diciendo que hoy existen 116 conflictos socioambientales, siendo sin duda el más importante el que tiene que ver con el agua. Hay algunos teóricos que sostienen, y nosotros lo suscribimos, que hoy el 60% del PIB nacional depende del agua. Chile no sólo tiene privatizadas las fuentes de agua desde el año 1981, sino que también tiene privatizadas las empresas sanitarias desde 197l, cuando se inició el proceso de privatización de la gestión de las aguas. Por tanto, hoy el 98% de toda la provisión de agua en el país está en manos de transnacionales.

Por ello, en el origen de los conflictos ecoterritoriales en todo Chile, está el agua como centro neurálgico de la matriz productiva nacional. En Freirina, por ejemplo, se intentó instalar un plantel de cerdos de 500.000 cabezas y cada cerdo iba a consumir diariamente dos litros de agua, de modo que iba a poner en el centro de la discusión la provisión de agua a la comunidad. En Caimanes, la minera Los Pelambres, del grupo Luksic, emplazó el tranque de relave más grande de América Latina en el curso natural de las aguas del estero Pupío, contaminando esas aguas. En Petorca, el modelo de agronegocio simple y llanamente dejó sin agua los ríos: hoy no hay escurrimiento superficial de aguas en los ríos, el 60% de la población depende de camiones aljibes para su uso cotidiano y en situaciones de mucha algidez con respecto al conflicto, el pueblo pobre privado de agua aparece defecando en bolsas de plástico.

En el origen del conflicto en el Wallmapu está precisamente la industria forestal: el Decreto Ley forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974, permitió la enajenación de más de dos millones de hectáreas de asentamientos fundamentalmente mapuche, y en el origen de ese conflicto está el agua, porque la industria forestal, particularmente los eucaliptos y los pinos, demandan enormes cantidades de agua. Estas especies degradan y erosionan suelos, contaminan las napas freáticas y, por tanto, lo que ha provocado el modelo forestal en el Wallmapu ha significado la destrucción del identitario-cultural y el identitario-territorial mapuche, así como el acorralamiento de las comunidades. Este modelo ha sido permitido y fraguado fundamentalmente con un aporte decidido del Estado, particularmente a favor de dos grandes grupos económicos, Matte y Angelini. En el conflicto con las hidroeléctricas, está ENEL, una empresa público-privada italiana, dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad.

Los conflictos ecoterritoriales que se han desplegado a lo largo de todo el territorio tienen como origen, sin duda, el tema de la privatización de las aguas, así como este modelo de desarrollo extractivista, que nosotros caracterizamos como “de despojo”. Es decir, en términos simples, en el país hay un “modelo de despojo” asociado a la apropiación de los bienes naturales comunes que ha comprometido la vida de las comunidades.

Esos conflictos han logrado poner sobre el tapete esta discusión, sobre todo a partir de las consecuencias más extremas referidas a la contaminación y a la privación de derechos humanos. Sin embargo, a parecer todavía tienen dificultades de proyección política para instalarse en un nivel que haga retroceder las causas fundantes de los conflictos, pues evidentemente la contraparte tiene mucha fuerza. ¿Qué perspectivas y desafíos ves para estos movimientos ecoterritoriales?

Creo que las bases de la desigualdad en Chile se encuentran íntimamente asociadas a la apropiación de los bienes naturales comunes. Cuando miras el origen de la fortuna de Eliodoro Matte, el origen de la fortuna de Angelini, el origen de la fortuna de Luksic, el origen de la fortuna de Pérez-Yoma, el origen de la fortuna de grupos connotados como las hermanas Solari u otros, encuentras la apropiación de los bienes naturales comunes, el agua y la tierra. En referencia a eso, ha habido una ausencia absoluta de teorización respecto a los efectos que ha provocado sobre el territorio la apropiación de los bienes naturales comunes. Ha sido todo un proceso instalar en la discusión pública la importancia que tienen estos bienes para las comunidades, y la importancia que tienen como medios de acumulación de plusvalía para sus tenedores. En términos muy teóricos, hoy los bienes naturales comunes generan plusvalía para sus tenedores y, por tanto, si uno quisiera parafrasear la tesis del valor de Marx, dinero–mercancía–dinero incrementado, hoy sería recursos naturales–dinero incrementado, inmediatamente.

A la ecuación le falta un punto de partida…

Claro, porque en esta ecuación me apropio de los bienes naturales comunes, dado que existen dispositivos teórico-institucionales fraguados en dictadura que me permiten hacerlo, y comienzo a ganar dinero inmediatamente. Hay un componente de la ecuación que no está. Es loca —teóricamente— esta formulación, pero es real: el Estado entrega los derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes amparados en las garantías constitucionales se apropian del agua entregada en forma gratuita y perpetua por parte del Estado y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua.

Ha habido una ausencia de debate público en torno a este tema, invisibilizado por los medios de prensa Copesa, invisibilizado por un porcentaje importante de la casta política, que tiene intereses creados con ex parlamentarios, ex ministros que salen del Parlamento, salen del gabinete y asumen funciones de dirección en las sanitarias, en las AFP. Un ejemplo concreto es Rodrigo Weisner, encargado de la Dirección General de Aguas (DGA) durante el primer gobierno de Bachelet: sale del Gobierno y aparece como abogado asesor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) para el emplazamiento de una planta gigantesca en Paine que iba a dejar a toda la comuna sin agua. Rodrigo Weisner, cuando sale de la DGA, asume como abogado y testigo de Pérez Yoma en la causa que me siguieron y en la que terminé finalmente condenado por denunciarlo como ladrón de agua.

Entonces, todo este carrusel que ha habido entre el sector público y la empresa privada, donde funcionarios del Estado pasan directamente a defender intereses corporativos de las empresas privadas asociados a los bienes naturales comunes, ha impedido que la casta política asuma en propiedad este debate. Y creo que nosotros, desde el punto de vista de los sectores populares, de los sectores democráticos, también nos ha faltado fuerza para instalar el tema. Hoy en día la suma de la evidencia ha instalado el asunto, pero no por capacidades propias, sino por la opinión pública internacional que sostiene que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión del agua, en el que se viola el derecho humano al agua. Ha sido un proceso de instalación lento, donde generalmente las comunidades que hemos estado en resistencia en los territorios hemos enfrentado poderes fácticos enormes, que han hecho gala de grandes bufetes de abogados para criminalizar, perseguir y censurar, y medios de prensa afines que han logrado invisibilizar estas batallas.

En términos más amplios, ¿cómo ves la relación entre la mercantilización y apropiación de los bienes comunes y el debilitamiento de la democracia?

Sin duda que la defensa de los dispositivos teórico-institucionales fraguados en dictadura, que permitieron la apropiación de los bienes naturales comunes, ha sido a ultranza. La lucha por la recuperación de estos bienes es una lucha política que impacta ecoterritorialmente a las comunidades, porque la solución es política. El desmontar, por ejemplo, el Código de Aguas de 1981 requiere de voluntad política en el Congreso; desmontar el 19-24 que consagra la propiedad privada del agua requiere de lo mismo; terminar con el Decreto Ley forestal 701 requiere iniciativa política. Y esta iniciativa en el Congreso no está presente porque se necesitan mayorías parlamentarias para derogar los dispositivos teórico-institucionales que mantienen plenamente vigentes esos principios.

Entonces, efectivamente, estos dispositivos institucionales que transformaron derechos sociales y bienes naturales comunes en privilegios y no en derechos, han sido férreamente defendidos por sectores fácticos de la sociedad chilena, debilitando profundamente la democracia. Y cuando digo esto me refiero a que, por ejemplo, hoy las comunidades no tienen ninguna opinión con respecto a la administración, asignación y uso de las aguas, no tienen opinión con respecto a qué hacer sobre el ordenamiento territorial: hoy las mayorías pobres del país no participan de las grandes decisiones que tienen que ver con su territorio.

Nosotros planteamos que el gran problema que tenemos es uno político y de modelo: hay un modelo de explotación intensiva e irracional de bienes naturales comunes que destruye las comunidades e hipoteca la vida de aquellos que viven en territorios que son considerados “zonas de sacrificio”, donde se toma la decisión política de que hoy es mucho más importante producir energía, producir carbón, producir palta, que la vida de las comunidades. El modelo ha erosionado la democracia, la participación de las comunidades, ha debilitado las organizaciones sociales, pero también ha contado con un aliado insoslayable en este debate: el abuso de poder, que se grafica en nuestros territorios con el empleo de la fuerza física para facilitar la entrada de la industria extractiva en nuestros territorios, el uso de la fuerza física para censurar, criminalizar, golpear, asesinar a los luchadores socioambientales. El abuso de poder desde el discurso inferiorizante, como el que emplea el ministro de Agricultura actual, quien sostiene que los miembros de Modatima son “vendepatrias” o “desleales” con la sociedad chilena porque denunciaron la privación del agua en el exterior.

Creo que la industria extractiva y la casta política y empresarial han contado con todos estos dispositivos de abuso de poder en los territorios, y ahí no hemos sido lo suficientemente enérgicos para fracturar este modelo de despojo, pero también para denunciar con toda la energía que se requiere los abusos de poder que se cometen en los territorios.

Has mencionado la existencia de una serie de pilares establecidos en dictadura, pero también esto tiene una continuidad en los años noventa, incluso profundizándose en algunos ejes. ¿Cómo ves el papel de la Concertación en todo esto?

Tengo una opinión muy crítica sobre la Concertación a propósito de la profundización del neoliberalismo en Chile. El código de aguas fue fraguado en 1981 en plena dictadura, pero la privatización de las sanitarias comienza desde el año 1997 en adelante. La educación por voucher, la privatización de la salud y de las pensiones, son todas ideas que, si bien es cierto fueron forjadas en dictadura, fueron perfeccionadas en los gobiernos de la Concertación. El carrusel de los funcionarios públicos que salen de la administración del Estado y pasan a las AFP, las sanitarias, las hidroeléctricas, las forestales, es un diseño fraguado y preparado por ellos. La Concertación es responsable directo del modelo de despojo que hoy existe sobre nuestro territorio. La alegría, cuando llegó, lo hizo a cambio de un proceso de desmovilización de la lucha social muy importante. Nos dijeron “váyanse a sus casas que nosotros vamos a resolver los problemas que ustedes tienen como sociedad”. Pero, en rigor, la solución fue una mayor concentración de la riqueza y de los bienes naturales comunes.

¿Cómo ves el ciclo político actual? ¿qué rol puede llegar a jugar un espacio como el Frente Amplio en una posible articulación virtuosa entre movimientos sociales y partidos políticos?

A pesar de que soy integrante activo del Frente Amplio, tengo una posición crítica respecto a nuestro período de instalación. A propósito de la elección presidencial y parlamentaria, el resultado obtenido nos pilló desprevenidos: nadie esperaba obtener veintiún parlamentarios, ni el más optimista de los analistas. Ese resultado pilló al Frente Amplio no coordinado, y lo que hemos visto durante este período 2018 en el ejercicio parlamentario, lo digo con mucha responsabilidad, ha sido un intento temerario de sustituir, desde el Parlamento, la lucha social que se libra en los territorios. Creo que esa es parte de la crítica y de la autocrítica que tenemos que hacer. En algunas materias hemos dado un mal espectáculo, faltando unidad de criterio en varios temas, por ejemplo, en torno a la relación con América Latina y sus procesos emancipadores. Hoy día no son pocas las opiniones que hablan, por ejemplo, de Cuba o Venezuela como una dictadura.

Creo que no hemos tenido unidad de criterios en relación a temas que son tremendamente relevantes para un segmento importante del Frente Amplio y que tienen que ver fundamentalmente con la no injerencia, con la autodeterminación y con el ejercicio de la soberanía popular. Me parece que son principios intransables, que estaban expresados en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, y que después no se hicieron carne durante el año 2018. Eso nos ha debilitado. Tampoco hemos logrado marcar agenda en temas que son importantes para la ciudadanía. En realidad, mayormente, hemos estado reaccionando a la agenda del Gobierno, pero no estamos hablando de qué queremos, de qué tipo de sociedad queremos construir. Es cierto, se verbaliza que queremos una sociedad de derechos, que no queremos una sociedad de privilegios, ¡es cierto! Pero ¿qué hacemos con los fondos previsionales de las y los trabajadores? ¿Terminamos con las administradoras de fondos de pensiones? ¿Qué queremos en materia de educación, en materia de salud, vivienda, de agua, de tierra?

También nos ha faltado coraje en algunos temas donde hemos preferido no pisar callos. Ejemplo de esto ha sido la absoluta falta de liderazgo respecto al tema de Venezuela. Tenemos a Piñera en Cúcuta entregando ayuda humanitaria, pero poniéndose a disposición del imperialismo, porque no hay que perderse en esto. Porque la historia de América Latina es la historia del despojo: desde el año 1492 en adelante, desde la llegada de los españoles a América. El interés que tiene el imperio en Venezuela tiene que ver principalmente con la apropiación de los bienes naturales comunes, particularmente el petróleo; la historia de América Latina es la historia de las intervenciones Yankees en Guatemala, en Chile, en Panamá.

Por otro lado, creo que este nuevo ciclo político no inventa la rueda. Probablemente esto no les guste a varios, pero me parece bastante ufano y pretencioso hablar de un nuevo ciclo político cuando la historia es un elemento fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. ¿Dónde fue fraguado el modelo de despojo?, ¿cuál ha sido el rol de los partidos políticos? Para no desconocer una historia larga de luchas sociales, prefiero decir que, en este nuevo ciclo político, es probable que etariamente haya nuevos actores en la vida política nacional, que irrumpen de escenarios que eran previsibles. ¿Cuáles son esos nuevos actores? Fundamentalmente actores que vienen del mundo estudiantil. Pero yo pregunto, ¡para abrir el debate!, ¿hay algún dirigente social, un dirigente territorial hoy en el Parlamento, desde el Frente Amplio? Y no, no hay ningún dirigente territorial genuino que hoy esté en esa instancia. Entonces creo que hay un segmento de capas medias ilustradas, progresistas, que irrumpen en el Parlamento, y que intentan apropiarse de una manera algo ufana de la historia.

Y eso además potencia la dualidad de la que hablábamos respecto al “oye, yo desde la política vengo a solucionar tus problemas”.

En el fondo, esta idea de que son las nuevas generaciones las que deberían resolver los problemas centrales de la sociedad chilena, creo que hace caso omiso de la historia. Y la historia es un elemento indispensable para pensar el presente y proyectar el futuro. Hay una historia de lucha en la sociedad criolla, en los pueblos indígenas, que no se puede soslayar. Esa historia de lucha hoy día requiere ser recogida, puesta en valor, para adecuarla a un período distinto. La dialéctica de la naturaleza, de la sociedad humana y el pensamiento, hacen necesario hoy tener tácticas flexibles de lucha, pero sin obviar que el enemigo es común, que tiene que ver con un patrón de acumulación de bienes comunes y derechos sociales transformados en plusvalía para sostenedores. Por lo que el objetivo es claro. Es fracturar, terminar con este patrón de acumulación hoy, eso es lo central. Y esa discusión no está instalada, está soslayada. Ahora, si me preguntas si está soslayada a propósito, creo que hay sectores del Frente Amplio que la han soslayado porque es una discusión central, pero que puede erosionar sus bases de apoyo.

Estos temas que planteas, como el problema ecológico y de los bienes naturales comunes, tensionan los paradigmas más clásicos de la izquierda. ¿De qué manera estos elementos se insertan en un proyecto de izquierda para el siglo XXI? ¿qué elementos pondrías tú en ese horizonte estratégico para afirmar en positivo lo que estamos buscando?

A ver, no lo quiero hacer autorreferencial, pero vivo en una “zona de sacrificio”, en la provincia de Petorca. En este tiempo, en que hemos hecho resistencia en nuestro territorio logramos teorizar, pensar, sobre las bases de la desigualdad, y sin duda los conflictos ecoterritoriales han dado cuenta de la necesidad de terminar con las bases de la desigualdad. Y eso pasa necesariamente por recuperar los bienes naturales comunes. No hablamos de “nacionalizar”, hablamos de “recuperar” el agua, la tierra, los servicios ecológicos que nos brinda la biodiversidad. Hablamos de la reconstrucción de nuevos modelos de desarrollo que pongan en el centro de la discusión la reapropiación social de lo público. Ahí hay una discusión que es tremendamente importante, es una tesis en la que venimos pensando mucho porque, ¿cómo nos reapropiamos socialmente de aquello público que hoy día nos es negado?

Incluso hoy hay formas privadas de apropiarse de lo público, toda esta idea del privado con “sentido” público…

Exacto, por eso lo que yo quisiera plantear es otra cosa: es la reapropiación social de lo público. ¿Cómo nos reapropiamos hoy en día de las sanitarias?, ¿cómo nos reapropiamos de los fondos previsionales de los trabajadores, para el pueblo pobre y sencillo? Creo que ahí hay una discusión estratégica que es clave: discutir sobre la reapropiación social de lo público que hoy día nos es negado. Porque existen dispositivos que negaron lo público y lo transformaron en objeto de plusvalía, de ganancias, para sus sostenedores privados. Ahí hay un horizonte estratégico en el que deberíamos trabajar.

Me gusta esa idea que planteaste del “horizonte estratégico”, pero también me pone en una discusión que era planteada por el Che Guevara al diferenciar táctica de estrategia: planteaba que la táctica era el modo práctico de conseguir los objetivos estratégicos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el objetivo estratégico de la izquierda hoy en día que no sea luchar por la felicidad de las y los trabajadores? ¿Puede haber otro objetivo para nosotros que no sea recuperar la felicidad de la gente? Recuperar los derechos sociales, recuperar los bienes naturales comunes: ese objetivo estratégico sigue estando en el horizonte. Hoy en día están mucho más vívidas que antes las frases de Allende, cuando dice: “Y mucho más temprano que tarde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Esas palabras siguen estando muy vivas en nosotros.

Por eso, creo que nuestro horizonte estratégico sigue estando en el espíritu de un montón de luchas territoriales que hoy se libran, y tiene que ver con restituir la dignidad y la felicidad del pueblo sencillo. A nosotros nos hiere el alma cuando en los territorios nuestros niños, nuestros hijos, nos dicen “tengo doce años y no conozco lo que es un río”, cuando dicen que si hoy hubiera agua en los ríos no tendrían que pagar por ir a una piscina. O cuando no se logra comprender la dimensión ecológica que tiene la privación de agua en las comunidades y cómo eso destruye las poblaciones bióticas, no bióticas, el identitario cultural. O sea, en todo orden, no solamente la privación de bienes comunes sino también de derechos sociales.

Porque aquí hay un tema que lo planteo también con un ánimo de polemizar: ¿nos hemos puesto a pensar si la sociedad actual, el pueblo sencillo, quiere ser representado? ¿El pueblo sencillo quiere que lo representen o quiere protagonizar su propio destino? Yo creo que es lo segundo. Nos pasa muchas veces que llegan a los territorios personajes que dicen “no se preocupen, yo los voy a organizar”, lo cual es lo más desafortunado que se puede plantear. El horizonte estratégico de protagonizar nuestro propio destino, de luchar por la felicidad, de luchar por el ejercicio de la soberanía popular, que pasa por recuperar la participación ciudadana, por deliberar, por fracturar el modelo de despojo actual.

Nosotros no nos conformamos con meramente aggiornar este modelo y lo hemos dicho muchas veces, nosotros lo que queremos es fracturar el modelo de despojo, y creo que en el centro de esa posibilidad de fractura está la discusión sobre la reapropiación social de lo público. Probablemente suene como un concepto muy abstracto, pero creo que es una idea sobre la cual hay que priorizar.