El cierre del primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera estuvo agitado. Y es que, entre los meses de noviembre y enero se registraron una serie de hechos políticos relevantes, que entregan luces sobre las prioridades y estrategias del Ejecutivo para los tres años que le restan, a la vez que evidencian los desafíos que enfrenta un liderazgo presidencial cuyo principal anhelo es proyectar políticamente su legado. En específico, se trata de una serie de pugnas empresariales asociadas al interés de ciertas franjas políticas y económicas por construir consensos que permitan sortear las debilidades del modelo de crecimiento, predominante desde la refundación capitalista de los años setenta. En tal sentido, se analizan las aristas asociadas a este escenario económico general, así como sus efectos en las correlaciones centrales de fuerza, proponiéndose para ello una interpretación respecto a las tensiones que sobre el proceso político democrático y como demanda para el actual gobierno de Sebastián Piñera, abre este suceso.

El fin de año y las pugnas que asoman en la derecha

El entrampamiento del Plan Araucanía

El primer hecho político a destacar es el mal pie en el que ha quedado el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía promovido por el Gobierno y, particularmente, su componente económico: el Plan Impulso Araucanía. En efecto, el asesinato del joven dirigente mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui en Ercilla, a manos de un grupo militarizado de Carabineros, desató un amplio cuestionamiento —dentro y fuera de la región— al actuar de Carabineros y del Ministerio del Interior tanto por la violencia y descontrol mostrado por los uniformados, como por las inexactitudes reiteradas en el manejo de la crisis, que incluyeron informaciones falsas, borro de imágenes e intentos de justificación a lo ocurrido en razón de un supuesto robo perpetrado previamente en una escuela cercana. Este Plan, eje de la política económica y de seguridad del Ejecutivo en la región, tiene como sus pilares la inversión social en obras de infraestructura vial y sanitaria y en servicios sociales, así como la promoción de emprendimientos productivos con apoyo de la Corfo y algunas medidas de reconocimiento hacia el pueblo mapuche. En torno a él, además, los actores sociales y políticos de la región han sido convocados a una serie de instancias de diálogo, cuyo criterio de inclusión ha sido fijado en la no participación en lo que el Gobierno define, muy laxamente, como hechos de “violencia rural” o terrorismo. En particular, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha encabezado reuniones con un grupo transversal de representantes del mundo mapuche y no mapuche, logrando convocar, dentro del primero, sobre todo a sectores ligados a demandas más de índole económica y cultural —como la Confederación Económica Mapuche y el Consejo de Loncos de la IX región—, que de autodeterminación nacional. Por su parte, dentro del mundo no mapuche, Moreno ha logrado convocar a la mayoría de los gremios productivos de la región y a representantes de los grandes grupos económicos que allí tienen operaciones, así como a sectores políticos diversos, incluyendo a parlamentarios de oposición. Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, sin embargo, este acercamiento se ha entorpecido fuertemente. Y es que ha quedado en evidencia la distancia entre lo propugnado por el ministro y la violenta realidad de atropello aún desplegada sobre el pueblo mapuche. Pero, además, y como consecuencia de tal situación, se ha producido un reagrupamiento de los grupos que, cercanos ideológicamente al Gobierno, tienden hoy a desbordarlo, recibiendo de modo distante el Plan Impulso Araucanía por sus escasos beneficios de corto plazo y alimentando, a su vez, el enfrentamiento directo con las comunidades mapuche y un recrudecimiento de la militarización en el territorio^[1]. Se trata de un escenario habitual en las últimas décadas, en una zona que, desde hace varios gobiernos atrás, viene expresando los efectos de la captura del Estado a manos de grupos empresariales locales que le imprimen este sello de violencia. En tal sentido, los recientes hechos de descontrol policial en la región, inexplicables a ojos de quienes concentran las culpas sólo en el mando civil, así como el cuadro de desborde político que afecta al Plan impulsado por Moreno^[2] como consecuencia de esta radicalización, encuentran sus raíces profundas en el mismo proceso.

El paro portuario y el grupo Von Appen

A lo ocurrido en La Araucanía, durante el mes de diciembre se sumó el paro de los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso, que incluso amenazó con impedir la realización de la tradicional celebración de año nuevo en la ciudad. Empujados por la caída en la cantidad de turnos de trabajo, producto de la fuerte competencia con el puerto de San Antonio, alrededor de 600 operarios de las terminales Cerros de Valparaíso (TCVAL) y Pacífico Sur (TPS) paralizaron en rechazo a sus precarias condiciones laborales y a la ausencia de una legislación que les garantice derechos laborales mínimos. Aunque resuelto tempranamente en el primer caso, el movimiento de protesta se extendió por la negativa a negociar de TPS, filial del holding Ultramar, de propiedad del grupo Von Appen, que, lejos de abandonar sus acciones de amedrentamiento, contribuyó a que el conflicto escalara hasta el punto de hacer necesaria la mediación del Gobierno. Ese involucramiento —vía los ministros del Trabajo y de Transportes—, que acusó tanto el potencial costo político y económico de la eventual no realización de la celebración de fin de año, como el que para la economía chilena en su conjunto comenzaban a significar los días de semi paralización del puerto, produjo, de facto, una reposición del esquema tripartito de negociación sindical, a contramano de la dinámica de prescindencia estatal para con los trabajadores que ha dominado desde la dictadura. El Gobierno, desdiciéndose de su propia definición inicial del conflicto como uno “entre privados”, decidió actuar como garante para lograr la firma de un acuerdo. Sin embargo, justamente ese mismo carácter “tripartito” fue lo resistido por el grupo Von Appen, que, ocupando el poder de presión que le entrega su control sobre una parte importante del flujo de los puertos (vía concesión), se negó sistemáticamente a mejorar su oferta y a legitimar una mesa de negociación en la que también estuviera presente el Ejecutivo. Esto obligó al Gobierno, para poner término a unas manifestaciones que amenazaban con extenderse a otros puertos del país, a canalizar recursos estatales para alcanzar el piso mínimo de demanda exigido por los trabajadores de TPS (en la forma de cursos de capacitación, mayormente) y a comprometerse a gestar una evaluación a la ley portuaria, a las pensiones de los operarios eventuales, y a posibles represalias o “listas negras” por parte de la empresa. Este nuevo episodio de desborde del gobierno, perpetrado por el holding naviero de origen alemán, transcurrió, inclusive, pese a la posición adoptada por el Presidente de la República y el líder del gran empresariado, Alfonso Swett, quienes enfáticamente llamaron a la empresa a dejar atrás la intransigencia por los altos costos que traía al país^[3]. No obstante, ella se mantuvo, sin ceder en ningún punto de la oferta reactualizada a comienzos de diciembre, que, de todos modos, estaba muy lejos de lo exigido por los estibadores. En realidad, la salida finalmente pasó por un Gobierno que, sin poder torcer la mano a este poder económico, debió poner parte de su capital político en juego para procesar el conflicto, quedando un antecedente de su debilidad frente a un sector relevante del gran empresariado más rentista del país, no dispuesto a establecer ninguna clase de pactos con sus trabajadores. Una decisión que actualmente, y justamente por la cuota de poder que maneja, vuelve a transparentarse, en circunstancias que, tras cuatro meses de firmado el acuerdo, aún sigue habiendo personas sin posibilidad de trabajar como represalia a su participación en la huelga^[4].

La “guerra de la jibia”

La propuesta interpretativa antes mencionada, por último, también es extensible a la denominada “guerra de la jibia”, que sacudió el primer mes del año 2019, enfrentando a los pescadores artesanales y trabajadores de la pesca industrial de la zona sur del país. Este conflicto se gestó tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que declara ilegal la pesca de la jibia a través del sistema de “arrastre”, que utilizan los industriales, permitiendo únicamente atraparla por medio de técnicas artesanales como la “potera” o “línea de mano”. Tal situación gatilló el rechazo de los trabajadores de las pesqueras industriales, que se movilizaron en Talcahuano y Concepción. Ante ello, el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Economía, José Ramón Valente, reaccionó proponiendo la posibilidad de un veto presidencial que permitiera incorporar el sistema de “cerco”, que sí entregaba una alternativa de pesca a los industriales. Sin embargo, la inviabilidad técnica de esta alternativa —presentada como una suerte de opción intermedia entre la “potera” y el “arrastre”— fue evidenciada rápidamente por expertos y parlamentarios, inclusive de la propia coalición oficialista. Un paso en falso que provocó que, al reclamo de los trabajadores industriales, se sumara el de los pescadores artesanales de las regiones del Maule y Biobío, quienes exigieron la anulación de tal veto. Esto terminó produciendo el retroceso del Ejecutivo, que decidió volver al proyecto original, en una decisión que fue duramente criticada por los gremios industriales y los grandes empresarios del sector. Así pues, de modo similar a como ocurriera en La Araucanía y Valparaíso, este conflicto entre poderes económicos supuso, a la postre, el desbordamiento de la capacidad de procesamiento de conflictos del actual gobierno, a manos de una presión empresarial desbocada. Una que, por cierto, se cruza, en el caso de la pesca, con la molestia del sector industrial por el rumbo adoptado por la Ley de Pesca promulgada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hoy en el Congreso más cerca de la nulidad —con votos del oficialismo—, pese al alegato de la “incertidumbre jurídica” y el carácter “expropiatorio” que una resolución de este tipo provocaría^[5]. Un reclamo que, reafirmando las tensiones que actualmente se experimentan al interior del actor empresarial, no representa necesariamente la opinión general de este último, en tanto han emergido voces que apuntan a la improcedencia de mantener esta ley y a la inviabilidad de una posesión de derechos de extracción a perpetuidad o por muy largos períodos, habida cuenta de la crisis experimentada por el fondo marino en Chile^[6].

Notas sobre el agotamiento del modelo de crecimiento

El origen de los conflictos antes mencionados, originados en pugnas empresariales que han finalmente desbordado el afán gubernamental por procesarlos, puede encontrar su explicación, en buena medida, en los indudables signos de agotamiento que ha venido mostrando, durante largo tiempo, la tasa de crecimiento de la economía chilena. En efecto, con pocas alteraciones a lo largo de los años, lo emanado de las reformas estructurales que impulsaron la refundación capitalista hace más de cuatro décadas dibujó una estructura económica en cuyo centro han estado el sector externo -principalmente, la minería del cobre-, de servicios y financiero. En razón de este esquema, según datos de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), en los años noventa se produjeron elevadas cifras de crecimiento económico sobre la base de un aporte sostenido de todos los factores productivos, incluyendo el capital (2,6%), el trabajo (1,3%) y la productividad total de los factores (PTF) (2,3%). Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, lo que ha pasado a explicar el crecimiento del PIB es cada vez más un mayor capital y trabajo, en desmedro de una PTF que ha caído fuertemente hasta llegar al 0,1% en el período 2000-2015 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Aporte de la PTF al crecimiento del PIB por período

Fuente: Ramos, J. (2018, mayo). La productividad en Chile: desafío y oportunidad. CNP, p. 9.

En concreto, desde el año 2005 se viene produciendo una desaceleración sostenida en la tasa de productividad. Correspondiendo la PTF a una medida sobre la calidad y uso de los factores productivos —en la cual intervienen componentes disímiles como la calidad de la fuerza de trabajo, el nivel de deterioro de los recursos naturales, el de inversión en I+D y las eficiencias en el comercio internacional y en la reasignación de los factores entre empresas—, si bien en la baja en la productividad agregada de la última década y media han sido muy importantes la caída en la ley o grado de pureza del cobre y el deterioro en la disponibilidad de recursos hídricos (que, por ejemplo, ha terminado afectando la generación eléctrica y distribución de agua en varias zonas del país^[7]), lo que entre los observadores ha abierto la pregunta por el potencial carácter estructural de esta desaceleración —y, así, por la inviabilidad en el largo plazo del modelo de crecimiento surgido en dictadura, más allá de sus variaciones coyunturales— es que aquella se ha venido manifestando transversalmente entre los sectores de la economía, sin que se haya podido retornar a tasas similares a las de la primera mitad de los noventa, con la excepción coyuntural del sector Servicios (Cuadro 2). Esta situación se observa, inclusive, al considerar solamente la economía no minera (Cuadro 1).

Cuadro 1. Medición de productividad (PTF) por período

Fuente: Elaboración propia en base a datos y metodología de la CNP (Informe Anual 2016).

Cuadro 2. Índice de productividad (PTF) sectorial por período

Fuente: Elaboración propia en base a datos y metodología de la CNP (Informe Anual 2016). Ciertamente, las causas profundas de esta situación hoy siguen siendo materia de debate, pues se trata de un fenómeno no exclusivo del caso chileno sino del mundo. No obstante, la evidencia disponible sí permite afirmar que la apertura comercial y las reformas liberalizadoras del pasado han entrado a rendimientos decrecientes en Chile, y que la escasez de los recursos ambientales a partir de una degradación creciente por una estructura productiva muy concentrada en los recursos naturales es ya una realidad ineludible. Es así como se explica la necesidad reformista que, en el horizonte, aparece a nivel político y económico. Las reformas laboral, tributaria y de pensiones, pero también las de tipo ambiental —por ejemplo, al código de aguas—, surgen como tareas acuciantes para sortear esta constricción estructural de la tasa de crecimiento de la economía chilena. Una necesidad, cabe recordar, ya visualizada en gobiernos anteriores, y que, por ejemplo, llevó al segundo gobierno de Bachelet a empujar medidas que apostaban a acrecentar la colaboración público-privada, en un intento por reducir los excesos del “capitalismo de servicio público” chileno, aunque sin tocar sus fundamentos (de hecho, reforzados en variantes de “colaboración” como las concesiones). Al respecto, la aceptación transversal que suscitara entre los sectores políticos y empresariales la gestión del ex ministro Máximo Pacheco para reducir los costos de mediano plazo de la energía, es quizás el mejor muestra de ello^[8]. En ese sentido, los sucesos de fin de año antes descritos son parte de la conflictividad y tensiones propias del agotamiento de las holguras que tiempo atrás permitía el crecimiento y, con ello, expresión de las dificultades de manejo político que, para un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera, plantea esta desesperación empresarial. Los grandes gremios empresariales, como se ha visto, intentan contener y ordenar, pero hasta ahora sin mucha suerte, anticipando que las dificultades de manejo político continuarán. Por lo anterior, el escenario de las reformas estructurales que vienen será decisivo para observar este dilema. Es que, a mediano plazo, en la búsqueda por relanzar las tasas rentistas de crecimiento del modelo económico chileno, parece transparentarse cada vez más la necesidad de dejar de lado la primacía de actividades fundamentales en el ciclo anterior, pero que hoy se muestran agotadas (como la pesca); reimpulsar regiones antes desaprovechadas en todo su potencial productivo (La Araucanía); y superar algunas formas de control y explotación propias del neoliberalismo criollo, como las que caracterizan, por ejemplo, al grupo Von Appen, conglomerado cuya forma de acumulación, asociada a un rentismo de concesiones^[9], exhibe además los rasgos de una alta precarización laboral, en donde, al tener un carácter transitorio el grueso de la fuerza de trabajo empleada, se aleja incluso de la formalidad laboral más básica defendida hoy por el Gobierno, relacionada con la existencia de contratos de trabajo. Ahora bien, la urgencia por la construcción de consensos políticos que viabilicen reformas estructurales para destrabar las tasas de crecimiento no debe confundirse con un cambio en el modelo de desarrollo. Esto queda suficientemente claro en el tipo de recomendaciones que, para atacar el problema de la productividad, ha manifestado el Banco Central, quien ha llamado a enfocarse en la reasignación más eficiente de los factores productivos^[10]. Vale decir, en una apuesta de corto plazo para sacar rendimiento a la base productiva existente, sin necesariamente torcer el sentido del desempeño productivo actual. Esto explica en buena medida, por ejemplo, que se hayan tornado temas de relevancia económica el procesamiento de la inmigración altamente educada que ha llegado a Chile en los últimos años —y que experimenta un desajuste entre el tipo de empleo al que accede y el nivel de escolaridad que posee— o el rol de las pymes —en la medida que, en un país donde la mayoría de los mercados se encuentran concentrados, las brechas de productividad con otros países se dan mucho más entre las grandes empresas que entre las de menor tamaño^[11]—.

Los desafíos de Piñera y la oportunidad política de la oposición

En un escenario político todavía muy cambiante, en el que aún no es posible establecer asociaciones claras entre actores políticos y fuerzas sociales específicas dentro de la derecha, el cierre de año trasluce las pugnas que emergen de la urgencia de ajustes estructurales al patrón de crecimiento para el empresariado rentista chileno. Un fenómeno que plantea una tensión sobre el proceso político democrático, así como una demanda sobre el actual gobierno que marcará el escenario que viene. En particular, estas asperezas, en circunstancias de una oposición aún sin proyecto y con escasa articulación, ha terminado por sobredeterminar todo el escenario político, marcando aún los puntos de conflicto que guían la agenda pública, y dejando a la oposición como mero espectador —a lo sumo, reactivo— de unas disputas que estallan en otros campos de lucha. Tal como el año pasado, durante 2019 es altamente probable que sigan presentándose estas disputas que tensionan la base de apoyo del Gobierno, enfrentándose las fracciones empresariales más conscientes de las debilidades del actual modelo con aquellos sectores rebeldes del empresariado y la derecha política que aún no están abiertos a construir consensos sociales que, sin dudarlo, pondrían presión sobre sus formas de control y acumulación vigentes. Sin duda, a esto último ayuda el panorama internacional de radicalización de la derecha a nivel global, aunque lo conflictivo de este proceso local no pueda ser atribuible directamente a tal fenómeno, toda vez que su esencia radica en los rasgos específicos del capitalismo chileno de las últimas décadas. En ese sentido, serán fundamentales las estrategias de procesamiento de tales tensiones que vaya adoptando el gobierno en los años venideros, pues ellas pueden ser indicadores del tipo de estrategia de crecimiento buscará defender para un nuevo ciclo económico y político. Hacerlo, así como acercar posiciones entre estas fracciones en pugna, será lo que ponga a prueba el liderazgo del Presidente. El sentido en que se resuelvan las reformas al sistema tributario y las AFP, por ejemplo, sindicadas como los grandes desafíos legislativos del año 2019, hablan directamente de esto. Por el lado de la oposición, la necesidad de reformas al actual modelo de crecimiento y las disputas que por ello surgen entre los sectores dominantes constituyen una gran oportunidad política para el impulso de los intereses sociales que eventualmente puede representar. Concretamente, porque tal ajuste, que puede ser parcial, también puede ser empujado en un sentido estructural, quitando poder a los intereses empresariales en favor de una mayor democratización social y política. Y es que este mapa político presentado debería abrir en las fuerzas de oposición y, particularmente en la izquierda, un debate sobre las limitaciones del modelo de desarrollo vigente y, particularmente, sobre las capacidades de integración social de este, muy reducidas por su carácter fuertemente rentista. Con todo, la disputa por el signo, carácter y profundidad de las reformas estructurales sólo podrá producirse si es que, además de una actuación coordinada, emana de tal discusión una agenda de cambios clara y distinta a la del Gobierno. Es decir, un horizonte sustantivo en el que se asiente la unidad de la oposición, aunque sin renunciar a las diferencias legítimas que puedan existir entre cada una de las identidades políticas que la compongan.

1. Cooperativa. (2019, 15 de enero). Agricultores de La Araucanía llegan armados a fundos en toma y bajan banderas mapuche. Cooperativa.cl. ↑
2. A partir de los positivos indicadores que el Plan ha mostrado tras su primer año de implementación, con un crecimiento económico sobre la media nacional y un desempleo por debajo de esta —merced a iniciativas de electrificación rural, subsidios a la vivienda y construcción de Liceos Bicentenario—, el ministro, junto al intendente Atton, han vuelto a la carga para reimpulsar el diálogo cortado desde el pasado mes de marzo. Ver Fuentes, V. (2019, 9 de marzo). Ministro Alfredo Moreno se reúne con loncos y reimpulsa diálogos en favor de la paz. El Mercurio. ↑
3. El Mercurio. (2018, 17 de diciembre). CPC y paro portuario: Abogamos porque diálogo entre Gobierno, empresa y trabajadores se produzca lo antes posible. El Mercurio; y Diario Financiero. (2018, 19 de diciembre). Piñera golpea la mesa: “Se acabó el tiempo de las intransigencias de las empresas y los trabajadores”. Diario Financiero. ↑
4. Soto, A. (2019, 14 de marzo). Portuarios exponen en Cámara denuncia por “listas negras” e incumplimiento de acuerdo con TPS. Biobío Chile. ↑
5. Pérez-Cueto, C. (2019, 18 de enero). Empresario pesquero, Roberto Izquierdo: “Este es un gobierno populista y débil”. La Tercera. ↑
6. Álvarez, F. (2019, 22 de enero). Líder de los grandes empresarios califica como “lamentable” las declaraciones de Roberto Izquierdo. La Tercera; Tapia, M.J. (2019, 24 de febrero). Director de empresas y expresidente de La Polar, César Barros: “El empresariado ve cada vez más probable que se elija a un próximo Presidente de centroderecha”. La Tercera. ↑
7. Magendzo, I. y Villena, M. (2013). Evolución de la productividad total de factores en Chile. Santiago: Corfo-UAI. ↑
8. Ver, por ejemplo, Grupo de Estudio del Capital. (2014, agosto). Una agenda energética para el nuevo ciclo de acumulación empresarial. Cuadernos de Coyuntura, (4), pp. 33-42. ↑
9. Una de las variantes del capitalismo de servicio público en Chile, junto a la privatización de los servicios públicos. ↑
10. Banco Central. (2017, septiembre). Crecimiento tendencial: proyección de mediano plazo y análisis de sus determinantes. Santiago: División de Estudios del Banco Central de Chile. ↑
11. Comisión Nacional de Productividad (CNP). Informe anual 2018 de productividad. 17 de enero de 2019. ↑