El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no escucha estas demandas. Se reúne incluso con gremios empresariales como la CPC o la Asociación de Isapres, pero no considera espacio alguno para dialogar con sindicatos. Así las cosas, se repiten las recetas de la crisis del 2008, donde los trabajadores pagan las consecuencias y se abrieron nuevos mercados para el gran empresariado. Una vez más, el Gobierno sigue sin entender que los costos de una posterior crisis económica se van a agudizar si no se establecen condiciones mínimas de garantía y resguardo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.
Tampoco queda claro los alcances de “asumir los costos” de la infraestructura y herramientas para desempeñar el trabajo: ¿serán las propias empresas las que pagarán teléfonos, computadores, Internet, o las cuentas de luz y agua?, ¿se habilitarán lugares especiales en el hogar o se tendrá que adaptar los dormitorios o cocinas como “espacios de trabajo”?, o en caso de trabajar desde un café, ¿quién pagará los costos asociados?.
Para el sociólogo, profesor de la Universidad de Chile y especialista en temas laborales, el Gobierno tiene que «salir de los ideologismos en los que está atrapado y que le impiden operar».
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