“Buena parte de los costos de la pandemia han sido cargados en los hombros de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, ya sea porque atienden en el servicio de salud, ya sea porque están entregando algún tipo de ayuda económica, ya sea porque están manteniendo algún servicio elemental funcionando, para que el agua llegue a nuestros hogares y para que nos retiren los residuos de nuestras casas”, lo que releva además una carga de trabajo adicional para este grupo de trabajadores, reconoció el sociólogo Giorgio Boccardo.
Pese a que gran parte de la población realiza salidas para actividades durante la semana, el uso de transporte público es bajo entre quienes poseen un trabajo remunerado o son empleadores, según revela un estudio de la U. de Chile y el Colegio Médico.
Insistir en el Simce en 2020 y preparar un rescate para la “industria” por la vía de un nuevo CAE, sugiere que se sigue actuando por inercia y repitiendo errores que han costado caros al país. Peor aún, en lugar de creatividad y responsabilidad, se ve en la suma de crisis educativa y pandemia una oportunidad económica y/o partidista. Aunque el ministro Figueroa prometió no volver a usar la educación como trinchera partidaria, el espíritu de Cubillos, al parecer, sigue vivo en su ministerio.
La educación debe ponerse al servicio de vida. Recuperar la idea de la educación “como un espacio de libertad, en un contexto en que, tendencialmente, se ha entendido como exigencia y como rendimiento”; fue uno de los aspectos a destacar por el investigador y director...
Ciper publica: El plan del gobierno para apoyar a quienes no pueden trabajar por la cuarentena ha sido muy criticado. En esta columna los autores analizan la viabilidad de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para todos los mayores de 18 años en Chile (14,6 millones de personas). Proponen financiarlo, en parte, con un impuesto de 2% a quienes tienen más de U$5 millones de patrimonio. El shock económico que se avecina “debe ser distribuido equitativamente, evitando que los más desaventajados paguen los mayores costos. Una forma bien documentada para hacerle frente es el ingreso básico”, escriben.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no escucha estas demandas. Se reúne incluso con gremios empresariales como la CPC o la Asociación de Isapres, pero no considera espacio alguno para dialogar con sindicatos. Así las cosas, se repiten las recetas de la crisis del 2008, donde los trabajadores pagan las consecuencias y se abrieron nuevos mercados para el gran empresariado. Una vez más, el Gobierno sigue sin entender que los costos de una posterior crisis económica se van a agudizar si no se establecen condiciones mínimas de garantía y resguardo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.
