El proceso Constituyente en tanto proceso democrático y de deliberación colectiva, nos parece de la mayor significación y tenemos un balance muy positivo. No debemos olvidar que este espacio de construcción fue una salida democrática e institucional a la crisis política y social más honda de las últimas tres décadas y debemos valorar el que de esa crisis hayamos salido con más democracia. Ese es un primer punto. Junto con esto, nos parece necesario relevar la significativa participación ciudadana a  lo largo de todo el proceso: cientos de organizaciones solicitaron audiencias y cerca de un millón de personas participó en el proceso de presentación de iniciativas populares de normas. Eso nos parece un ejercicio democrático sustantivo y amplio.

Sobre la propuesta de nueva Constitución que resultó del trabajo de la Convención tenemos también una evaluación muy positiva. Nos parece que el texto contiene una propuesta de sociedad justa e igualitaria, moderna y a la altura de los desafíos contemporáneos y que busca hacer de Chile un país digno, estable e integrado socialmente. En términos de contenidos, de muchos puntos que nos parecen fundamentales, destacamos cuatro.

En primer lugar, nos parece central la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Cada una de estas palabras encierra dimensiones esenciales de nuestra vida colectiva, de lo que consideramos deseable para vivir en sociedad y de lo que queremos construir hacia el futuro. Destacamos la idea de Estado social pues nos parece el corazón de la propuesta y el elemento que marca la principal diferencia con el carácter subsidiario del Estado actual. Como Fundación hemos puesto en el centro de nuestra producción político-intelectual la crítica del Estado subsidiario en tanto forma de producción de desigualdad, de mercantilización de derechos sociales y de acumulación privada con recursos públicos. Por eso, la definición de Chile como un estado social y democrático de derecho nos parece un giro sustantivo y correcto. Nos dará la posibilidad de construir herramientas para crear igualdad sustantiva, dignidad, libertad, autonomía y para el pleno goce de los derechos que la Constitución consagra y que son tan sentidos por las mayorías del país: salud, educación, pensiones, vivienda.

En segundo lugar, la ampliación democrática que esta propuesta supone mediante mecanismos que en Chile no han existido, como las iniciativas populares de ley y de derogación de ley, nos parece un avance sustantivo para el objetivo de construir una democracia más robusta y compleja, que no se reduzca a acudir a las urnas cada cuatro años, sino que contenga mecanismos de mayor incidencia democrática de la ciudadanía. Creemos que este tipo de instrumentos permitirán ensanchar la expresión de intereses sociales en la política, promoverán una ciudadanía más activa y dispuesta a participar políticamente, y a mediano y largo plazo permitirán recomponer el vínculo entre sociedad y política, tan debilitado en las últimas décadas.

En tercer lugar, nos parece que los avances en derechos para mujeres y disidencias sexogenéricas (que son avances para la sociedad en su conjunto), como los derechos sexuales y reproductivos y la democracia paritaria, son avances civilizatorios, que ayudarán a cambiar, a mediano y largo plazo, las estructuras de desigualdad de género en términos de poder y libertades.

En cuarto lugar, valoramos positivamente e el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la declaración de Chile como un Estado plurinacional. Esto, además de ser un acto de justicia, crea las herramientas para materializar procesos de reparación histórica en clave democrática que permitan, por ejemplo, superar el largo conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.

Respecto a temas por definir y que deberán afinarse mediante leyes de implementación, señalamos uno que, para los temas que como Fundación buscamos impulsar, nos parece central. Es la participación en el sistema político y electoral de organizaciones sociales no conformadas como partidos. No se puede eludir la crisis de representación que atravesamos ni la deslegitimación de los partidos políticos. Tampoco se puede evadir el peligro de extrema fragmentación del sistema político que podría producirse si no se afina bien la incorporación de nuevos actores. Nos parece central reconocer que el ingreso a la política institucional de organizaciones y movimientos que han sido motores de este ciclo político, como el movimiento feminista, los movimientos socioambientales y los pueblos indígenas, le ha hecho bien a la democracia, permitiendo la representación de intereses sociales en la política que habían sido excluidos por décadas. La robustez en términos de Estado Social y de Derechos que tiene la propuesta de nueva Constitución está muy ligada a las y los representantes que provenían de estos movimientos. Los mecanismos para su incorporación al sistema político son un tema que quedó por definir en el debate democrático y creemos que deben considerarse fórmulas flexibles que permitan ampliar la democracia y recomponer el vínculo entre política y sociedad.