La coyuntura política del período 2019-2021 ha abierto la puerta para un proceso de genuina reelaboración democrática de la vida colectiva en Chile. Sin embargo, el período que se abre con el año 2022 se observa complejo, tanto en términos sociales como económicos. Sabemos que la situación de crisis aguijoneada por la pandemia ha empeorado sistemáticamente todos los indicadores de pobreza y desigualdad. Asimismo, las proyecciones económicas anticipan que junto con un escenario de inflación sostenida, el ritmo de crecimiento durante 2021 de la economía chilena ya habría recuperado el tranco perdido desde 2020, abriendo paso un escenario de estancamiento productivo con tendencias inflacionarias. Esto nos hará enfrentar de manera drástica, durante el período 2022-2023, los efectos productivos y sociales del agotamiento del modelo económico chileno.

Derivado de lo anterior, se torna necesario que la discusión desplegada en la Convención Constitucional abra un debate típicamente obturado, que resulta ser uno de los tantos silencios que heredamos de la política transicional: el carácter de las principales instituciones que articulan la política económica nacional. Una opción rehuida hasta ahora en el debate económico chileno, especialmente en materia monetaria, donde la estabilidad de los precios se erige, por la fuerza de la ortodoxia, como la única función de un Banco Central en torno al cual, además, se ha estrechado la conversación sobre su forma de operar y decidir, sin permitir repensar su diseño institucional desde una perspectiva más democrática.

Ello implica superar los marcos de discusión que constantemente buscan instalar tanto los sectores empresariales dominantes como las viejas tecnocracias de la política de la transición. Así, el presente documento profundiza en un balance crítico de la política monetaria encabezada por el Banco Central de Chile durante las tres últimas décadas, pormenorizando la articulación constitucional existente a este respecto; asimismo, ofrece una mirada sobre la experiencia histórica internacional para configurar una mirada propia sobre los modelos institucionales posibles para nuestra banca central. Finalmente, se proponen dos pasos de intervención para el debate constitucional en curso: primero, mantener aunque disminuir la extensión de la regulación constitucional sobre el Banco Central de Chile en la nueva carta magna; segundo, habilitar la construcción específica de contenidos sobre el carácter de la autonomía de la banca central en un marco legal no constitucional.

De este modo, Fundación Nodo XXI avanza en su propósito de construir una agenda programática para las fuerzas de cambio, poniendo el énfasis en los dilemas que enfrenta el modelo de desarrollo económico en Chile y entregando elementos de elaboración estratégica para el debate constitucional en marcha. Los investigadores responsables fueron Sebastián Caviedes y Felipe Ruiz Bruzzone, de la Fundación Nodo XXI.

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