La cuarentena total es quizás, a la fecha, una de las demandas más solicitadas desde la ciudadanía en Chile, además de expertos sanitarios. Sin embargo, la negativa del Gobierno por decretarla conlleva inevitablemente a la reflexión sobre cuán preparados nos encontramos en materia económica y laboral para recluir a la población en sus casas.
Para el sociólogo especialista en temas laborales y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Giorgio Boccardo, el escenario nacional ha demostrado que muchas de las instituciones privadas y estatales no están preparadas para enfrentar la crisis, tanto en el sentido de optar por modalidades de teletrabajo o incluso de tener los fondos económicos necesarios para resistir los meses de paralización.
Es cierto también que el Gobierno ha previsto de algunas iniciativas en su plan económico de emergencia; sin embargo, según Boccardo, éste no ha considerado la fuerza laboral informal que ni siquiera podrá acceder a este tipo de inyección económica.
Por tal motivo, en conversación con nuestro medio, el sociólogo aseguró estar a favor de una cuarentena general, pero con algunas consideraciones especiales.
“Hay que diferenciar qué tipo de trabajos tienen que realizarse para poder resolver la crisis sanitaria. En ese sentido, hay faenas que no se pueden detener por un tema de salud pública, y hay que ver cómo se protege a esos trabajadores”, indicó.
Respecto de los trabajos que no tienen que ver con salud pública, Boccardo precisó que, para poder efectuar la cuarentena, “el Gobierno tendría que decretar medidas como asegurar salario, puestos de trabajo, incluso para los trabajadores informales”.
En tal sentido, medidas como los subsidios propuestos por el Gobierno, no son suficientes para paliar la crisis de los próximos meses, pero también dejarían en evidencias las graves falencias de nuestros sistemas públicos, desde la salud hasta el nivel de atribuciones constitucionales con las que contaría el Estado para enfrentar dilemas que afecten la vida de la sociedad.
“Una de las cosas que mostró la pandemia es, por un lado, que éste es un Gobierno que tiene que salir de los ideologismos en los que está atrapado y que le impiden operar; pero también que el Presidente y el Parlamento no tienen todas las herramientas, dado que se les fueron cercenando en los 80 un montón de atribuciones que hoy muestran que, cuando la vida está en juego, el diseño político institucional que tenemos no da abasto“, explicó Boccardo.
En la actualidad, la crisis encuentra a Chile con aproximadamente 8 millones de personas que representan la fuerza laboral asalariada. A esto, además, se suma el millón 700 mil trabajadores informales, cuya paralización significaría la nulidad de sus ingresos, así como figuras legales como los trabajadores a honorarios, que no podrían acceder a los subsidios planteados por el Gobierno.
Por otro lado, Boccardo también explicó los efectos que podría tener esta crisis principalmente en las pymes, y cómo esto repercutiría en el panorama económico nacional.
“Si bien las pymes no contratan a toda la fuerza de trabajo, cumplen un rol importante en la cadena de pago porque las grandes empresas subcontratan a muchas para funciones anexas. Entonces, si esos sectores paran de trabajar, la gran empresa industrial va a tener espaldas para aguantar, pero como va a detener la cadena de pago, las pymes, que son las que contratan a mucha fuerza de trabajo, se van a ver afectadas”, indicó.
Finalmente, sumado al apoyo especial que deberían tener empresas de este tipo y las de mayor envergadura, el sociólogo puso énfasis en que la ayuda debería estar enfocada en salvaguardar los puestos de trabajo y la sobrevivencia de las empresa, mas no a los propietarios.
En tal sentido, una parte del nivel de pérdida también deberá ser asumida por el gran empresariado. Las fórmulas para no caer en una inyección económica sin retribución pública, como en la crisis del 2009, según Boccardo, tienen que ver con devolver los subsidios que salen de los propios seguros de los trabajadores, o incluso acceder a un porcentaje de la propiedad de las empresas privadas.
