Resumen
Resulta indispensable realizar un análisis del estado de la discusión en Derechos Humanos en el ciclo político actual en Chile. Para ello se debe realizar una evaluación crítica del legado dejado hasta la fecha por los gobiernos civiles que siguieron al repliegue de la dictadura civil y militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Lo anterior, con el propósito de analizar el estado actual de la cuestión entre las fuerzas democráticas y de izquierda en el país, y su proyección concreta hacia el futuro.
1. Antecedentes: una historia de instalación por necesidad
Los Derechos Humanos como unidad conceptual moderna y sistemática toman forma con posterioridad a las atrocidades cometidas en el contexto del conflicto mundial que asoló a varias regiones del planeta a fines de la década de los treinta y comienzos de los cuarenta del siglo pasado (segunda guerra sino-japonesa y su continuación en la Segunda Guerra Mundial, 1937-1945). Estas involucraron el uso del enorme poder de Estados modernos y sus estructuras organizadas en la ejecución de vejaciones contra la dignidad más elemental de los seres humanos, especialmente contra población civil y enemigos ‘internos’. Ya sea por ventaja militar o por motivos ideológico/políticos, la ejecución extrajudicial, la hambruna provocada, el bombardeo estratégico y la limpieza étnica fueron llevados a cabo en una dimensión jamás vista en diferentes países.
En el contexto inmediatamente posterior a las principales hostilidades se produce la fundación oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU; 1945). Esta tuvo como uno de sus grandes componentes la codificación de una legislación con pretensión internacional, que prescribiera y previniera la perpetración de estos crímenes por parte de Estados contra sus ciudadanos, habitantes y personas bajo su responsabilidad. Uno de sus hitos más relevantes fue la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que en este año conmemora su 80° aniversario. El concepto de Derechos Humanos tiene, de esa forma, su origen en la tecnocracia legal y la diplomacia de la posguerra: constituye una reacción de las voces ilustradas de la élite occidental y de aquellas élites occidentalizadas en el resto del mundo, que se sumaron rápidamente a dicha iniciativa.
El Estado de Chile, como miembro fundador de la ONU y suscribiente de los distintos instrumentos emanados de ésta, ingresaría en la órbita de países que reconocía dichos derechos y el marco jurídico que los consignaba. Sin embargo, al igual que en la mayor parte del mundo formalmente adscrito a dicho progreso, la población en general desconocía los detalles del alcance del concepto y sus implicancias.
Si bien en Chile el concepto y sus ramificaciones ingresa limitadamente en la política estatal, la discusión académica y los programas de ciertas fuerzas partidarias, es en el contexto de la dictadura civil y militar (1973-1990) que el proceso de expansión del conocimiento de los Derechos Humanos para la población en general experimenta una imperiosa aceleración. Con ocasión de la sistemática persecución y exterminio de que fueron objeto distintas organizaciones y miles de disidentes, se forman al alero del activismo de la población y ciertos sectores del clero[2] de distinta confesión, organizaciones de apoyo y protección de los perseguidos, como la Vicaría de la Solidaridad, así como otras compuestas principalmente de familiares y sobrevivientes, que buscaban el esclarecimiento de los crímenes y el destino final de aquellos desaparecidos bajo custodia del Estado y sus distintos órganos represivos.
Dicho proceso de carácter defensivo de los sectores subalternos y disidentes impacta en forma muy poderosa en el imaginario político de las distintas izquierdas y fuerzas democráticas del período. Las violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, en ocasiones auxiliados por civiles, se transforman en una de las razones más poderosas para la organización de la protesta social que finalmente llevaría al régimen a pactar su retirada bajo las formas plebiscitarias. En buena medida, la defensa de estas banderas será fundamental para la legitimidad que van adquiriendo las distintas oposiciones del período y, en particular, para el relato de la Alianza Democrática y los posteriores gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.
2. La Transición temprana y la justicia en la medida de lo ineludible
Concluidos los procesos de negociación y pacto para el repliegue, la materialización del retorno al gobierno civil electo (1990-actualidad) tiene entre sus principales promesas el realizar decididos progresos en los pilares de la llamada “Justicia Transicional”. Este concepto, que toma forma en la academia, a partir de distintas experiencias de paso de regímenes dictatoriales a gobiernos electos, tiene como fundamento alcanzar Verdad y Justicia sobre los crímenes cometidos, Memoria Histórica para la población, Reparación para las víctimas y sus cercanos; y, finalmente, implementar medidas de no Repetición para prevenir que se repitan violaciones de Derechos Humanos.
Estas se cumplen parcialmente, con hitos que son, en buena parte, producto de la presión social de las organizaciones que nacieron para la defensa de los Derechos Humanos en el período dictatorial. El Estado transicional prioriza sus objetivos en el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada, personas de cuyo paradero se desconoce desde su último avisaje a manos de agentes del Estado, y las víctimas de ejecuciones políticas cuyo paradero fuera conocido. Para ello convoca a la Comisión de Verdad y Reconciliación[3], conocida como Comisión Rettig, que continuó por medio de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación[4]. Dicho proceso excluye de sus objetivos el esclarecimiento y reparación a las víctimas de prisión política y tortura, a quienes se les señala que deben ser pacientes para atender las prioridades fijadas por el gobierno en un primer momento. Del informe de la Comisión, se establece el Programa Continuador[5] para dar asistencia legal a las víctimas y reparación, que funciona hasta el día de hoy.
La alianza política que controló buena parte del poder estatal durante este período, la Concertación de Partidos por la Democracia, maniobró en medio de las presiones del mundo social organizado por lograr mayores avances efectivos y los términos del pacto alcanzado entre ellos mismos con los militares y la derecha política. Por lo anterior, las acciones para lograr los objetivos declarados de la Justicia Transicional son episodios que ocurren en la medida que son demandadas socialmente y la conveniencia política las hace ineludibles, más que por la voluntad misma de los diferentes gobiernos de turno. El resultado de tal proceso es una mezcla compleja de indiferencia política en un sentido general, que se ve momentáneamente interrumpida por eventos donde organizaciones de la sociedad civil son capaces de empujar los avances en estos ámbitos, tales como los procesos judiciales contra los autores de los crímenes y otras figuras de poder del régimen que comienza en los años noventa.
Pese a lo complejo y caótico del avance, la tecnocracia y el discurso oficial proyecta un relato, a la sociedad y al mundo, de un progreso con estándares envidiables para otros países con procesos similares. La Concertación proyecta, así, una imagen de capacidad para la administración del poder y modernización del país en términos políticos, tomando crédito frente a la alianza social dominante, los organismos internacionales y los intereses extranjeros, por ser quienes renovaron las credenciales democráticas del Estado chileno para su participación en apropiadas condiciones en el mercado mundial. La Concertación ha empleado hábilmente el clivaje dictadura/democracia, teniendo el discurso de Derechos Humanos como una de las herramientas más importantes de movilización de sus bases y la población en general en sucesivas instancias electorales, aplicándolo como un mecanismo de diferenciación respecto de la derecha política organizada.
Dicho relato no estuvo, como se ha dicho, libre de sobresaltos. Ya en los años dos mil el reclamo de las víctimas de prisión política y tortura, excluidas de procesos de reconocimiento y reparación, provoca la convocatoria de las Comisiones especiales para dichos temas, conocidas como Comisión Valech I[6] y Comisión Valech II[7]. Los informes realizados por dichas comisiones se hicieron públicos, no obstante, los antecedentes recopilados por las comisiones Rettig, Corporación Nacional de Reparación y Conciliación y Comisión Valech II, quedaron sujetos a reserva y solo pueden acceder a ellos los Tribunales de Justicia. Sobre los antecedentes recopilados por la “Comisión Valech I”, se impuso un secreto de 50 años que obsta el acceso a cualquier persona, incluido el Poder Judicial. Dicho secreto no fue claramente establecido para quienes declararon ante tal instancia y las organizaciones de ex prisioneros políticos y familiares mantienen el reclamo de su apertura hasta hoy[8].
3. La “renovación” de la Derecha
El triunfo en las elecciones presidenciales de Sebastián Piñera en 2009 provocó un nuevo escenario en relación a las deudas en Derechos Humanos. No solo sería Sebastián Piñera quién reciba los resultados del trabajo de la segunda Comisión Valech en 2011, sino que su gobierno, primera expresión de victoria electoral en el campo presidencial de su sector en varias décadas, comenzaría a delinear su propia aproximación al asunto.
El gobierno implementaría una estrategia para instalar su propio relato, que resultaría convergente con el concertacionista, y se levantaría con el objetivo de disputar el monopolio que ésta detentaba en la materia hasta ese momento. Piñera se presentaría como un Presidente que había participado del Plebiscito de 1988 votando contra la dictadura y que no dudaba en cuestionar y reprochar las acciones de su propio sector en relación al régimen. Este discurso alcanzó su máxima expresión en las acciones tomadas el año 2013. En agosto de dicho año, Piñera realizaría su recordado juicio a los civiles de su sector que colaboraron con el régimen dictatorial, a los que calificó de “cómplices pasivos”.
Dicho discurso fue seguido de la decisión de cerrar el Penal Cordillera, orientado a criminales de lesa humanidad, un hecho inesperado de parte de un Presidente de derecha, siendo que el penal había sido creado precisamente por la Concertación como concesión especial a los militares en el año 2004. Es así como el gobierno de derecha elaboró su propio libreto, donde profundizó el discurso de los gobiernos concertacionistas en relación al progreso alcanzado por el país en materia de democratización política y respeto por los Derechos Humanos.
Mientras el proceso de la llamada “renovación socialista” consistió en el tránsito de sectores de los viejos partidos de izquierda hacia la aceptación del modelo económico neoliberal durante los años ochenta y noventa, con el fin de adoptar sus principios y probar su capacidad de gobernar, el proceso realizado por la derecha en el gobierno parecía ir en una dirección distinta. Dicha coalición no tenía necesidad de demostrar su fidelidad al modelo económico, pues muchos de sus integrantes participaron directamente en su implementación. En su lugar, la derecha daba sus propias muestras de “renovación” al demostrar sus credenciales en democracia, mostrando que adoptaba sus principios y tenía capacidad de administrar una gobernanza moderna en igual condición que la Concertación.
4. El retorno de Bachelet (primero) y Piñera (después)
El inusual fenómeno de paso de postas entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus sucesivos gobiernos, provoca una situación que lejos de resolver las deudas en materia de Derechos Humanos de crímenes cometidos en dictadura, las agrava. La llegada nuevamente al gobierno de Bachelet el año 2014 se produce en medio de un gran respaldo popular. Jugando a incorporar tanto como sea posible del malestar social expresado en las calles en los años previos, asume con un programa en Derechos Humanos que promete zanjar las diversas deudas que el Estado tiene para con los pilares de la Justicia Transicional. Sin embargo, a poco andar, se manifiestan diferencias internas en su coalición en relación a las reformas principales levantadas en su campaña. A lo anterior se le suma el escándalo político de tráfico de influencias que involucraría a su familia y el de irregularidades en el financiamiento de su campaña por parte de varios de sus colaboradores políticos más directos. Sumados al clima público de desconfianza creado por casos de corrupción política en general, estos golpes resultan mortales para la capacidad y vitalidad del gobierno en la implementación de sus políticas prioritarias, siendo los temas de Derechos Humanos postergados nuevamente.
Ante este escenario, diversas organizaciones de defensa de Derechos Humanos, en particular, el mundo de ex Prisioneros Políticos y Familiares, retoman en el año 2015 movilizaciones y gestiones activas para exigir el cumplimiento de los compromisos sostenidos con ellos. Dicha situación derivó en una intensa movilización que incluyó la realización de una huelga de hambre por varios ex prisioneros[9]. La solución negociada en dicha oportunidad no fue respetada en su integridad, lo que llevaría nuevamente a las organizaciones a movilizarse el año 2017 por el incumplimiento de las promesas, en tal oportunidad, ocupando varias de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el país[10].
Esta delicada situación fue agravada por la desprolijidad del gobierno en ejecutar algunos de sus compromisos más sensibles en este ámbito, como el fracaso del cierre del penal especial Punta Peuco, entre otras iniciativas[11]. El período final del gobierno de Bachelet, inactivo y concentrado en conservar sus frágiles equilibrios políticos internos, dejó a las organizaciones políticas y sociales en un desorden profundo sobre la forma cómo enfrentar el inminente retorno de Sebastián Piñera al poder. Una parte de los partidos de la Nueva Mayoría concentraría grandes esfuerzos en la defensa del legado de la anterior administración, bloqueando todo atisbo de crítica e intentando reeditar el viejo clivaje dictadura/democracia en materia de Derechos Humanos.
En ese escenario, el gobierno entrante de Sebastián Piñera ha tenido un desempeño donde no parece consolidar un solo discurso en la materia. Apelando a su sector de apoyo más duro en la campaña presidencial misma, mostró un tono de conservadurismo considerablemente más marcado en la materia, estableciendo el perfil de Piñera como el de un oponente a futuros progresos, como el del cierre del penal Punta Peuco que recién había fracasado y que se comprometió a mantener abierto.
Dicha figura contrasta con el discurso presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos del actual gobierno, Hernán Larraín, quién en junio de este año fue interpelado por el retiro del proyecto de ley presentado en los últimos días de la administración anterior, para dar un aporte único reparatorio a víctimas de prisión política y tortura. En dicha instancia, realizó una irrestricta defensa de lo alcanzado por la Transición en materia de Justicia Transicional[12]. Desde su primera intervención alabó las políticas emprendidas por la Concertación en materia de búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y no Repetición, señalando que las consideraba como iniciativas que tenían el estatus de política de Estado más que de gobierno, y señalando las alabanzas que Chile ha recibido de observadores extranjeros. Su desempeño fue extremadamente hábil frente a las preguntas de la interpelación, afirmando en todo momento su compromiso con la continuidad de estas políticas, pero señalando la imposibilidad de cumplir con el proyecto retirado por limitaciones financieras. Tildó a la oposición de oportunista por reclamar el retiro de un proyecto cuyo propio gobierno anterior no fue capaz de evacuar.
Aún es pronto para prever cuál será el discurso que terminará asentándose en esta materia en el gobierno en los años que le restan de gestión o si, por el contrario, tendrá en forma constante este aspecto zigzagueante. Luego de reeditar la renovación de credenciales, el mismo Piñera volvió a jugar su papel de conservador en la materia, siguiendo lineamientos planteados desde los socios más a la derecha de su coalición en la fecha del 11 de septiembre recién pasado[13].
5. La izquierda y el presente
Frente al camino descrito, la izquierda y las fuerzas democráticas tienen ante sí un escenario complejo. La adopción de los Derechos Humanos como herramienta defensiva frente a la brutal persecución estatal durante la dictadura ha generado profundos efectos en la forma como la izquierda y la sociedad los percibe y ubica en el entramado social e institucional.
Primeramente, al ser una causa levantada por las fuerzas de izquierda y democráticas durante varias décadas, el término Derechos Humanos ha adquirido una connotación profundamente partisana para la población general e incluso para algunos operadores del sistema político. Dicha situación se torna especialmente compleja ante escenarios de discusión, en el seno de la izquierda, sobre apoyos políticos internacionales a procesos políticos de protagonismo popular que no cumplen con todos los elementos de la democracia liberal al cual los Derechos Humanos suelen complementar y estar relacionados. La dificultad de analizar estos procesos en su complejidad[14] lleva a los rostros más distintivos a resolver dichas adhesiones o críticas sin posibilitar procesos colectivos que orienten una apropiación del término más allá de la pura negación del concepto, o su asimilación acrítica en la clave liberal de su origen.
Dicha aceptación acrítica de los valores liberales, sin situarlos en el terreno concreto ni complementarlos con un análisis de las condiciones políticas concretas, económicas y materiales para su defensa, provoca adicionalmente la incapacidad de la izquierda para unir demandas relativas a violaciones de Derechos Humanos bajo un paraguas común que vaya más allá de la violación sobre los derechos elementales de primera generación (civiles y políticos principalmente), sino que apunte a un enfoque indivisible e interdependiente de todos los derechos en igualdad. Es así como se genera un vacío en no explotar el potencial de derechos sociales como la educación, la salud o la previsión, desde una óptica de Derechos Humanos, para darle mayor profundidad a su reivindicación.
Si bien esta arista ha sido explorada por movimientos sociales en el último tiempo, las organizaciones propiamente políticas han carecido de una mirada más consistente y sistemática al respecto. Una que permita dar una lectura revolucionaria y unificadora a la defensa de los Derechos Humanos y las luchas que se agrupan bajo dicho manto, como contracorriente de un contexto donde prima la dispersión de dichas demandas, por ejemplo, de autodeterminación indígena, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de derechos laborales o los problemas asociados al fenómeno de la migración.
Esta incapacidad de analizar y proponer una perspectiva unificada es el origen del problema. La incapacidad de las fuerzas democráticas y de izquierda de plantear proyectos de mediano y largo plazo sobre Derechos Humanos en una clave de contenido positivo, en lugar de actuar en forma reactiva frente a hechos de violación de estos. La identificación de esta dificultad ha llevado a que comiencen a realizarse intentos por plantear agendas de largo plazo en materias como la deuda vigente en el combate de la impunidad[15] políticamente promovida, que goza de buena salud en el país y cumple un papel fundamental en la restricción del ejercicio verdaderamente democrático en el Chile actual[16].
Sin emprender un camino decidido a corregir estos y otros problemas en la forma de abordar la realidad sobre este tema, continuará imperando la incapacidad de combatir los límites a la democracia y la falta de derechos que caracterizan el estado actual de la sociedad chilena. El desafío de la construcción de una agenda de Derechos Humanos que defienda irrestrictamente su condición como progreso humano hacia la emancipación es hoy tan urgente como importante.
Abogada de la Universidad de Chile, dedicada al litigio en Derechos Humanos
Miembro de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (Asodeplu), aymara-quecua
Licenciado en Historia y Diplomado en Derechos Humanos y procesos de democratización de la Universidad de Chile.
Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Izquierda Autónoma
Activista de Derechos Humanos. Encargada de Investigación y Memoria de la Corporación de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos - Chile
Historiador de la Universidad de Chile. Encargado del Frente de Derechos Humanos del Partido Comunes.
